Con un porcentaje de paro oficial reconocido del 17% de la población activa, el gobierno autonómico (CC-PP) anuncia un serio recorte en los presupuestos para el año 2009. En lo que se refiere a los capítulos de inversión (VI y VII), el crecimiento del presupuesto oscilará entre el 2,8% y el 3%, porcentajes muy inferiores a los de la inflación, que se prevé que supere de largo el 5%.
Este retraimiento de la inversión pública autonómica va acompañada de un recorte de un 40% de los gastos corrientes (capítulo II). Estos gastos corresponden a servicios y suministros prestados, en un importante porcentaje, por pequeñas y medianas empresas.
En cambio, el ejecutivo autonómico no adelanta nada con respecto a las subvenciones (capítulo IV), destinado generalmente a un puñado de grandes empresas.
Por otra parte, este retraimiento afectará directamente a la capacidad inversora de los cabildos, al depender en gran medida de los fondos procedentes de la comunidad autónoma.
El retraimiento de la inversión va en la dirección contraria de las medidas para afrontar la recesión económica y generar empleo que, justamente, exigen un fuerte impulso a través de la inversión pública.
En vez de ello, la «solución» que aporta al altísimo desempleo el gobierno autonómico es dar un bono-guagua denominado cheque-transporte, para «incentivar nuevos contratos de trabajo al favorecer la movilidad laboral de los desempleados», según el Servicio Canario de Empleo. Sería ridículo si no fuera dramático.
Mientras tanto, continúa deteriorándose la situación de las trabajadoras y de los trabajadores canarios. A las 176.339 paradas y parados oficialmente reconocidos en Agosto, viene a sumarse el dato de la empresa de recursos humanos Randstad, que sitúa en un 15% el número de personas que en Canarias buscan un segundo empleo para poder sobrevivir.
Las movilizaciones exigiendo un notable aumento de la inversión pública canaria se hacen cada día más perentorias.
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