«Ahora empezarán a reflexionar sobre la conveniencia de lo que dije hace unos meses, y es que hay que reestructurar la empresa, ampliar capital, porque si no no hay de donde sacar el dinero para sacar a flote Guaguas».
Estas palabras del alcalde de Las Palmas, que presume de amplia cultura humanista, de demócrata de toda la vida y hasta de socialista, delatan claramente su intención de chantajear a los trabajadores, retrasando el pago de las nóminas, para que acepten dócilmente la privatización del servicio público de transportes de la capital grancanaria.
Y descubren también su maniobra mediática de presentar ante los ciudadanos, esta privatización como algo obligatorio para la solución de los problemas financieros de la empresa, y para evitar la suspensión del servicio, de la que culpará, llegado el momento, a la intransigencia de los trabajadores.
Pero lo que el señor Jerónimo Saavedra no nos ha aclarado todavía es por qué si, como dice, «no hay de dónde sacar el dinero para sacar a flote Guaguas», iba a estar interesada la inversión privada en participar en una empresa ruinosa, ¿para perder dinero?. Es poco probable.
Al capital privado sólo le podría interesar invertir en Guaguas Municipales si obtiene un porcentaje de control -de al menos el 51% de las acciones- que le permita emprender el «saneamiento de la empresa». Y ésto ¿qué significa?. Despidos.
Reducción de plantilla, mayor intensidad y extensión del tiempo de trabajo, supresión de líneas poco rentables, deterioro en el mantenimiento y menor frecuencia en la renovación de la flota, subidas de tarifas. Eso es lo que significa.
Privatizar traerá como consecuencia la transformación de un servicio público necesario para los ciudadanos, para la disminución de las emisiones contamimantes, la reducción del tráfico rodado y la habitabilidad de la ciudad, en un negocio como otro cualquiera, donde sólo importa el beneficio.
Muy diferente sería el planteamiento de este problema si el Ayuntamiento de Las Palmas exigiera a todas las instituciones públicas participar en el sostenimiento del transporte colectivo de la ciudad. Y esto incluye desde el Cabildo de la Isla hasta el Gobierno de Madrid, pasando naturalmente por el gobierno «autonómico» colonialista.
Sin embargo, aunque Saavedra insinúa esta posibilidad insiste, especialmente, en el concepto burgués capitalista, antiobrero y antisocialista, de la privatización. Y para ello utiliza, sin ningún reparo, la retención de los salarios de los que dependen setecientas familias, las amenazas y el chantaje a los trabajadores, y la presión mediática sobre los habitantes de la capital.
Si este «socialista» consigue salirse con la suya, los trabajadores de Canarias tendremos que soportar más paro y más pobreza de los que ya hemos de sufrir en estos momentos, y que habrá que añadir a los fuertes aumentos del desempleo que se preveen a causa de la crisis general de las economías euronorteamericanas imperialistas.
Y los habitantes de la mayor y más poblada ciudad del Archipiélago serán víctimas de la degradación del servicio de guaguas, más colas y mayores tiempos de espera en las paradas, supresión de líneas, limitación de horarios, vehículos viejos con poco mantenimiento y más contaminantes. Y, por supuesto, tarifas mucho más caras que las actuales.
¿Solución? Desengañémonos, sólo hay una: la movilización popular. Movernos, salir a la calle, manifestarnos en contra de la política de este lacayo de los millonarios, de este lobo burgués disfrazado de cordero socialista. Manifestarnos contra la privatización, por un servicio público eficiente y de calidad. Y por la devolución a la sociedad de los más de 20.000 millones defraudados de la Reserva de Inversiones, para posibilitar con ellos la imprescindible inversión pública productiva para luchar contra el paro y combatir la pobreza.