Después de décadas presentando resultados anuales de beneficios superiores al diez por ciento y acercándose con frecuencia a niveles verdaderamente indecentes del veinte por ciento. Cuando nos cobran intereses y comisiones hasta por respirar en el interior de sus sucursales. Mientras con nuestro dinero controlan los sectores fundamentales de la economía y ponen y quitan gobiernos, seleccionan ministros y deciden, en lo fundamental, las políticas que desarrolla el Estado capitalista monopolista.
Ahora, que les han salido mal sus tramposas maniobras especulativas, consentidas por los gobiernos «democráticos» a su servicio, pretenden con toda desfachatez que se utilice el dinero de todos los ciudadanos, de los trabajadores y de los pequeños empresarios, de los parados y de los pensionistas, para salvar sus fortunas millonarias.
Pero ese dinero es nuestro. Es el dinero que siempre nos han negado para la educación y la sanidad, para el desempleo y las pensiones, para la inversión productiva generadora de puestos de trabajo, para la construcción de viviendas sociales y la mejora de las infraestructuras públicas.
Pretenden, en una palabra, que los pobres paguemos las meteduras de pata de los ricos. No debemos consentirlo, que se salven ellos. ¿Acaso compartieron sus beneficios con nosotros cuando sus chanchullos les iban bien? Cuando ganaban mucho dinero cantaban las alabanzas al neoliberalismo, a la desregulación financiera y al dejar hacer al mercado, clamando contra el intervencionismo del Estado, pero ahora que les han salido mal sus apuestas especulativas ¡se nos han vuelto socialistas! Ahora sí suplican por la intervención estatal. Ahora piden socialismo para ellos y capitalismo salvaje para los trabajadores que, según los parásitos especuladores, deberán pagar las consecuencias de sus descabelladas y criminales apuestas en la ruleta financiera.
El pueblo trabajador de los Estados Unidos ha conseguido con sus movilizaciones y manifestaciones ante la sede de la bolsa de Nueva York, y a través de comunicaciones telefónicas directas con sus representantes en el Congreso, muchos de los cuales pueden ver peligrar su reelección, que el plan del alcohólico y genocida presidente norteamericano de regalar a los banqueros 700.000 millones de dólares de los contribuyentes, para enmendar el desastre económico que han provocado en ese país, sea rechazado.
Mientras en el resto del mundo se mantiene una clara tendencia al crecimiento rápido y sostenido de la economía, en el centro imperialista euronorteamericano los bancos quiebran, el paro aumenta, la producción decae, suben los precios, la pobreza se extiende, aumentan los desahucios de millones de familias que ya no pueden pagar las hipotecas (9.000 embargos diarios de viviendas en los Estados Unidos), se profundiza rápidamente la crisis económica y empiezan ya a manifestarse las consecuencias políticas. Y esto no ha hecho más que empezar.
Los banqueros especuladores no deben recibir ni un euro más. Al contrario, deben responder de sus actos con sus enormes fortunas y su inmenso patrimonio. Y deberían ser llevados ante los tribunales de justicia, junto a sus cómplices en los gobiernos y las instituciones públicas supuestamente obligadas a velar por los intereses generales y el buen funcionamiento de la economía y del sistema financiero.
Y el dinero público debe ser invertido para ayudar a los que no tienen ninguna responsabilidad en esta situación, pero que a consecuencia de esta crisis provocada por los banqueros, pierden el empleo y no pueden ya pagar ni hipotecas ni alquileres.
Porque ese dinero es nuestro. Sale, en primer lugar, de los impuestos que nos extraen puntualmente de nuestras nóminas. Y porque, en definitiva, toda la riqueza de la sociedad ha sido creada por los trabajadores, pues el trabajo es la única fuente de valor.
Los banqueros no producen nada ni generan riqueza alguna. Sólo son prestamistas usureros y especuladores sin escrúpulos, que no merecen ser salvados de la ruina que ellos mismos han provocado y, mucho menos, con el dinero de los contribuyentes que, ahora más que nunca, es necesario para la inversión social y la creación de puestos de trabajo.
El dinero público debe ser destinado a ayudar a las víctimas de la crisis, no a premiar a los culpables.