Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias

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Por la homologación, en defensa del sistema educativo público y de las condiciones laborales del profesorado

In Actualidad, Educación, Opinión on 25 noviembre, 2008 at 1:01

eacanarias

COMUNICADO

Enseñantes Asamblearios de Canarias

La negación sistemática del Gobierno de la Ley de Homologación no ha obedecido ni a una dificultad presupuestaria, ni a que pudiera discutirse la legitimidad de sus objetivos y contenidos, sino a su falta de voluntad política. La crisis económica es un argumento añadido, y su pretendida defensa de la calidad educativa no es sino una cortina de humo para responsabilizar al profesorado de las consecuencias de los recortes planificados por el Gobierno de Canarias.

A lo largo de este conflicto, el Ejecutivo Canario, lejos de esforzarse por buscar soluciones, ha decidido utilizarlo para desprestigiar la escuela canaria, desacreditar, desgastar y dividir al profesorado e imponer un modelo educativo en el que la red pública termine convirtiéndose en subsidiaria y asistencial de la privada.

La ley 4/91, llamada ley de Homologación, que dejó de cumplirse bajo el mandato de un gobierno nacionalista -siendo José Mendoza Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Educación- se ha convertido, en los últimos 22 meses, en el arma con la que otro gobierno nacionalista pretende “matar, no dos, sino tres pájaros de un tiro”:

1. Adelantar en Canarias una versión “pirata” del Estatuto de la Función Pública Docente, estratificando y fragmentando al profesorado canario al tiempo que lo hace cargar con toda la responsabilidad sobre la calidad y los resultados educativos.

2. Modificar la actual Jornada Educativa (el propio Paulino Rivero ha expresado en varias ocasiones su opinión negativa sobre la Jornada Continua).

3. Ocultar la política del desmantelamiento y desprestigio de la Escuela Pública en beneficio de intereses privados.

A ese triple objetivo obedece la obsesión del presidente por imponer sus llamadas “Medidas de Calidad” y que éstas sean asumidas por el profesorado en forma de horas extraordinarias a cambio de una “incentivación económica” y su pretensión de dar carpetazo, de esta manera, a nuestra justa exigencia de cumplimiento de la ley.

Estas “Medidas de Calidad”, por otro lado financiadas, casi en su totalidad, por el Gobierno Estatal y que por tanto no suponen un gran esfuerzo para el ejecutivo autonómico, nunca han sido consideradas como prioritarias por ninguno de los agentes educativos y, sin embargo, son utilizadas como maquillaje, a la par que cortina de humo, para esconder a la ciudadanía canaria las consecuencias de las verdaderas políticas educativas del Gobierno de Canarias: Recortes generalizados y desmantelamiento del servicio público.

La impresentable gestión realizada por la actual Consejera de Educación, Milagros Luis Brito, termina de aderezar un plato intragable para docentes, familias y, sobre todo, usuarios del sistema. La sordera con la que el Presidente ha recibido las continuas peticiones de cese de la que ha sido, sin duda, la peor Consejera en la historia autonómica de nuestra Comunidad, deja bien claro que esa deplorable gestión no es sólo producto de la incompetencia personal de la responsable educativa, sino que se trata de una línea política marcada desde el propio Gobierno y de la que, por tanto, es el propio Paulino Rivero el principal responsable.

Frente a este desolador panorama es necesario, hoy más que nunca, que el profesorado de Canarias se reorganice y mantenga el pulso y tenemos la oportunidad de hacerlo. Es vital que seamos capaces de seguir defendiendo nuestras reivindicaciones:

1. Homologación y defensa de nuestras condiciones laborales: La actual situación macroeconómica que en Canarias adquiere tintes dramáticos, agravada por un modelo de desarrollo basado en el ladrillo y la especulación del territorio y totalmente dependiente del sector servicios, no hace factible que reclamemos, en este momento, la inmediata cobertura de la deuda; pero sí que exijamos el reconocimiento del incumplimiento de la Ley 4/91 y la negociación sobre los plazos para corregir el agravio retributivo al que se nos ha sometido respecto al resto de los funcionarios de la Administración Pública desde 1.995.

Por eso, EA-Canarias llama a la reconstrucción de un Comité de Huelga por la homologación con sindicatos y representantes elegidos del profesorado, que se dote de un calendario de movilizaciones y huelgas que decida el profesorado hasta obligar a la Consejería a aceptar nuestras reivindicaciones.

En absoluto sería admisible que se pretendiera “canjear” esta legítima reivindicación por una fórmula de “incentivación” como la planteada por el Gobierno de Canarias, cuyo único objetivo es modificar la jornada educativa y hacer recaer sobre el profesorado toda la responsabilidad sobre los éxitos o fracasos del sistema.

2. Defensa del Sistema Educativo Público: Las medidas planteadas por el Gobierno encubren la decisión de continuar deteriorando el Sistema Público Educativo. La verdadera calidad del sistema vendrá determinada, fundamentalmente, por el esfuerzo presupuestario que el Gobierno realice para dotar a los centros de los recursos humanos y materiales necesarios, así como de la adecuada gestión de los mismos.

La disminución de ratios, la ampliación de medidas de atención a la diversidad, la oferta de medidas compensatorias, la implantación generalizada de las nuevas tecnologías, la formación continua del profesorado sobre la base de las necesidades de los centros, la garantía de unas infraestructuras dignas, …, podrían ser algunas de las prioridades reales a cubrir.

El primer frente, el de la homologación, es una demanda laboral que el profesorado, participando de forma directa, debe defender con firmeza; dotándose de un Comité de Huelga por la homologación en los términos y condiciones arriba expresados que obliguen a la Administración a negociar con sus representantes; por ello EA-Canarias espera y confía en que, a tal fin, y mediante fórmulas realmente efectivas y que posibiliten esa participación, se reconstruya la unidad sindical.

El segundo frente requiere que todos los sectores de la comunidad educativa -docentes, familia, alumnado-, así como otros agentes sociales implicados, constituyamos un “Frente reivindicativo” capaz de consensuar y priorizar las medidas que hagan posible la Enseñanza Pública que merecemos todos los canarios y canarias. EA-Canarias trabaja, decididamente, para conseguirlo, pero dependerá de la voluntad de todos y todas que lo hagamos realidad.