Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias

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Los tagorores de Coalición Canaria

In Actualidad on 24 diciembre, 2008 at 0:14

paulino_borbonDespués de la ascención del presidente del gobierno autonómico canario a las más altas cumbres del colaboracionismo servil y degradante para, ante la incredulidad general y contradiciendo toda la evidencia geográfica e histórica, insistir como un necio en la conocida estulticia de que “Canarias es España”.

Y habiendo proclamado, una vez más, su deseo de ser considerado un colonizado ejemplar, merecedor de la plena confianza de los amos imperialistas extranjeros, y luego de dejar establecida su estúpida admiración de mediocre pueblerino acomplejado por cualquier vulgaridad llegada de España o de Europa, el equipo de nuestro patético y decadente presidente Paulino Rivero ha vuelto al guanchismo superficial, folklórico y verbenero proponiendo crear en las Islas un sistema de supuesta participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos, siguiendo el modelo de los “tagorores” municipales de Santa Cruz de Tenerife.

Se busca, según declaran los propios funcionarios encargados de preparar el proyecto, combatir la “desmotivación democrática” que, aseguran, está provocada por un “clima enrarecido hacia la política”. Sin embargo, no se les ve mucho interés por explicar las causas de ese clima y de esa desmotivación.

Es lógico que eludan cuidadosamente el debate en profundidad sobre el origen de la falta de credibilidad de las instituciones públicas en Canarias, porque lo primero que tendrían que explicar, si tan interesados están en la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos, es porqué se empeñan en mantener a toda costa un sistema electoral restrictivo, antidemocrático y discriminatorio que, en la práctica, excluye a la mayoría de las opciones políticas de la representatividad parlamentaria y de la intervención en la toma de  decisiones políticas.

Una ley y un sistema electoral, confeccionados a la medida de Coalición Canaria y del bipartidismo colonialista, que da toda la ventaja a las opciones políticas más localistas e insularistas frente a la población de las grandes ciudades, y que permite con sus mínimos del seis por ciento del total o del ¡treinta por ciento! insular excluir a muchos miles de votantes del reparto de escaños en el parlamento.

Y junto a un sistema electoral impresentable y probablemente único en los anales del parlamentarismo burgués, pretenden crear un formalismo de participación apolítica sin capacidad de decisión que, según ellos mismos reconocen, no consigue reunir en el mejor de los casos ni al diez por ciento de los ciudadanos.

En acusado contraste con este teatrillo guanchista vemos como el parlamento, dominado en exclusiva por los colonialistas y sus colaboradores de Coalición Canaria, rechaza sin rubor el tomar en consideración una iniciativa popular respaldada por decenas de miles de firmas.

Tendrían que explicar también, si tan preocupados están por la desmotivación política de los ciudadanos, el impúdico espectáculo de la corrupción de los cargos públicos de su partido y de sus socios del Partido Popular, desde el alcalde de Santa Cruz al vicepresidente del gobierno.

Difícil será presentar a desvergonzados de la calaña de Soria o Zerolo como ejemplos para estimular la motivación política pues, lejos de renunciar una vez descubiertos sus chanchullos y sus sucios negocios político-urbanísticos, se aferran a sus cargos y a sus poltronas para defender sus intereses personales.

Y tampoco el guanchismo folklorista y simplón va a convencer a nadie para prestarse a justificar la hipocresía democrática de los señoritos de la burguesía canaria vendida al colonialismo español.

Si quisieran realmente facilitar la participación de la mayoría de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la gestión de los asuntos públicos, tendrían que plantear el cambio radical de la ley electoral canaria para sustituirla por otra más justa y no discriminatoria, donde prevalezcan los derechos de los ciudadanos sobre los territoriales, y que incluyera el derecho de los votantes a la revocación en cualquier momento de todos los cargos públicos a todos los niveles.

Puede que planteado así, seriamente, el problema de la participación y de la motivación política tuviera algún eco en la ciudadanía. Pero las superficiales ocurrencias guanchistas de los corruptos políticos colaboracionistas no van a motivar a nadie.