El gobierno autonómico reconoce de hecho que la RIC es una estafa, pero insiste en ella

El vicepresidente del gobierno colaboracionista, José Manuel Soria, reconoció el pasado miércoles que la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) «es un asiento contable que tienen las empresas que pueden materializar siempre que los bancos y cajas les den créditos y en estos tiempos su predisposición es muy inferior a la que venía siendo habitual en los últimos años«. Es decir, que las empresas no reservan ese dinero que consignan a la RIC disminuyendo sus beneficios, sino que se ahorran los impuestos, reparten dividendos, y después buscan dinero prestado para «materializar» las inversiones.

Dado que ese ahorro del 90% del Impuesto de Sociedades que supone la RIC debe compensarse con la «materialización» de las cantidades con que se dota esta exención impositiva, la búsqueda de trincheras donde colocar el dinero sin tener que invertirlo en la producción se convierte en un auténtico reto. Y un reto importante, ya que hablamos de más de 20.000 millones de euros en los últimos 15 años, más de 1.000 millones de euros anuales.

Sin embargo, el gobierno autonómico y los cabildos insulares han encontrado desde hace tiempo un truco para darle salida a ese dinero, cuyo 31,5% son impuestos no pagados: emitir deuda pública como refugio. De forma que el dinero de la RIC, incluidos los impuestos no pagados, se pide prestado desde las arcas públicas para devolverlo con intereses y totalmente «blanqueado».

Así, y como hemos señalado con anterioridad, cada vez que el gobierno autonómico y los cabildos insulares emitían deuda pública, los bancos financiaban préstamos a los grandes capitalistas para que compraran esa deuda a cuenta de las futuras deducciones que estos harían por la RIC, llevándose los bancos los intereses que pagaban las administraciones públicas. Al llegar la crisis del sistema imperialista, las corporaciones financieras han cerrado el grifo, especialmente a los capitalistas de la construcción. De ahí que más del 60% de la deuda pública emitida no se cubra.

Sin embargo, tanto Soria como Paulino Rivero han encontrado una nueva fórmula para beneficiar a la minoría oligárquica criolla a cuyo servicio gobiernan: la llamada «prefinanciación» de las obras previstas en el convenio de obras hidráulicas de 2010 a 2012 suscrito con el gobierno de la metrópoli, que ascienden a unos 300 millones de euros. Se trata de obras de desaladoras, potabilizadoras y algunas carreteras.

Para entendernos: en vez de que el gobierno autonómico pida prestado el dinero a los bancos -pagando un determinado tipo de interés-, son las grandes constructoras las que pedirán el dinero por adelantado a las corporaciones bancarias, ¡poniendo como garantía que son obras consignadas en los presupuestos públicos!

Lógicamente, las pequeñas constructoras quedarán fuera de cualquier posibilidad de entrar en el reparto de los contratos, salvo que sean respaldadas por un banco. Y las grandes tendrán garantizada la obra como prestamista del dinero autonómico al mismísimo gobierno autonómico, más el correspondiente diferencial de intereses por el préstamo con respecto al interés bancario. Además, claro, de ya no tener que preocuparse por materializar el dinero consignado a la RIC, que les viene devuelto con absolutas garantías.

Esta fórmula de la «prefinanciación» ya la ha utilizado la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que además ha creado para estos enjuagues la empresa RIC ULPGC, respaldada por el gobierno autonómico.

En plena recesión económica, y cuando se nos dice que los salarios deben contenerse, que no hay dinero para servicios sociales y que al paro «qué le vamos a hacer», los lacayos de la oligarquía colonial siguen maquinando estratagemas para trasvasar dinero público a los bolsillos privados de esa minoría. CC, PP, PSOE y NC deberían explicar por qué siguen empeñados en mantener la RIC. Aunque en realidad no hace falta que lo expliquen, como tampoco es preciso explicar quién les financia las campañas electorales.

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Inmigración: hermano contra hermano o la solidaridad como delito

Siguiendo la estela del neofascismo italiano, el gobierno metropolitano español prevé severas multas con sanciones de hasta 10.000 euros a quienes acojan o ayuden a inmigrantes sin papeles, sean hombres, mujeres o niños, conforme recoge el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, que tipifica como infracción grave «promover la permanencia irregular en España de un extranjero».

El texto de modificación aprobado en Consejo de Ministros establece que se promueve la permanencia irregular «cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y le prolongue la estancia autorizada más allá del período legalmente previsto». Las sanciones para las infracciones graves en la Ley de Extranjería conllevan una multa de entre 501 y 10.000 euros.

En la actualidad, son numerosas las organizaciones no gubernamentales que desarrollan programas para la inserción laboral de inmigrantes no comunitarios que se encuentran en España en situación irregular y que les proporcionan alojamiento durante su etapa de formación, especialmente con aquellos que llegaron al Estado español de forma clandestina cuando aún no habían cumplido los 18 años y que fueron internados en centros de menores. Al alcanzar la mayoría de edad, el recurso público se agota, y quedan en libertad sin papeles ni trabajo.

Evidentemente, se trata de inmigrantes de los países pobres. Trabajadoras y trabajadores que se juegan la vida para llegar a las costas de la comida y de los hospitales. Allá donde está el futuro que el colonialismo europeo se ha llevado a sangre y fuego de sus países.

De esta forma, el arrogante imperialismo europeo criminaliza la más elemental solidaridad entre trabajadores, a los que se procura enfrentar unos contra otros. El trabajador negro, latinoamericano o asiático es un peligro, alguien al que si ayudas te puede caer un paquete. Y de paso se penaliza a las organizaciones humanitarias que hacen lo que debería hacer todo Estado, no ya que fuera democrático, sino simplemente no criminal. Triste pedagogía la de los amos blancos.

En el caso de las trabajadoras y trabajadores de nuestro continente, de los que el 70% mueren ahogados en el océano intentando esquivar al Sive europeo, se van a encontrar con que la supervivencia no es más que otra forma de llamar al infierno: detenciones sin cometer delitos, redadas, explotación esclavista, miseria… Y castigo a los que se atrevan a echarles una mano solidaria.

A las multinacionales que saquean el Tercer Mundo, sin embargo, no se las multa por cada trabajador al que obligan a jugarse la vida tras expoliar su país. Saquear está bien, pero ser solidarios con nuestros hermanos proletarios es un «delito». Que sepan los señores capitalistas y sus lacayos socialdemócratas que los comunistas seguiremos «delinquiendo», porque estamos empeñados en vivir como mujeres y hombres libres, y no como siervos egoístas y atemorizados.

Canarias es nuestra

«La Gwadeloup sé tannou / la Gwadeloup a patazo / Yo péké fé sa yo vlé / Adan péyi annou»: Guadalupe es nuestra/ Guadalupe no es de ustedes [los franceses] / Ustedes no pueden hacer lo que quieran / en este país que es el nuestro, cantan en creole los manifestantes de Guadalupe, «Región Ultraperiférica» (RUP) en huelga general desde el pasado 20 de enero. Una protesta que empezó siendo económica y que ya es abiertamente independentista.

En otra RUP francesa, Martinica, en huelga general desde el 5 de febrero, se ha suspendido el carnaval por primera vez desde 1902. Y Francia responde como siempre: mandando más policías armados hasta los dientes, que ya se han cobrado la vida del dirigente sindical guadalupeño Jacques Bino. También en mayo de 1967 una huelga en Guadalupe por aumento de salarios concluyó con 87 muertos tras tres días de feroz represión.

En noviembre, la huelga general de la Guayana francesa paralizó la colonia durante 14 días. Los guyaneses lograron en gran parte sus objetivos relacionados con medidas sobre precios: del combustible, alza exagerada de los precios de productos de primera necesidad, desempleo, promesas sobre mejoramiento en algunos servicios. Pero ahora vuelven a producirse nuevas manifestaciones.

El movimiento se extiende a otra RUP:  en la isla de la Reunión, en el océano Índico, se ha convocado huelga general a partir del 5 de marzo. En las cuatro colonias francesas el paro alcanza el 20% de la población. La riqueza está concentrada en una minoría, los békes, herederos de los esclavistas blancos, que hace de intermediaria con las multinacionales europeas.

El modelo del conflicto es el mismo: una huelga de todo un pueblo, por reivindicaciones base contra la explotación extrema a que son sometidos como colonias, contra el alza de precios, lucha contra la venta de productos con costos añadidos por transportes (aquí le llaman el «coste de la insularidad») muy superiores a los reales, contra la venta de los productos con márgenes comerciales exagerados, y por que se deje de permitirles a los grandes capitalistas locales unas ganancias especulativas usureras.

Tal y como señala la Declaración de nuestros camaradas de Guadalupe, la crisis actual viene dada por:

• La quiebra de la gobernación política basada en la mentira.

• La quiebra del sistema de economía subvencionada que ha desarrollado un capitalismo parasitario.

• La maduración de las contradicciones entre los intereses de los trabajadores y del pueblo de una parte y los capitalistas europeos y locales, por otra parte.

Es por eso que en cada uno de estos conflictos se pasa de las reivindicaciones específicas inmediatas a la reivindicación independentista, constatando así que la solución pasa por la descolonización. Las manifestaciones multitudinarias y con las ideas claras vencen el intento de los colonizadores de presentarlas como meramente economicistas.

La unidad de la población de estas colonias en sus planteamientos y movilizaciones no se puede explicar sino por la conciencia que están tomando sus pueblos de que la lucha contra la crisis -desempleo, bajos salarios, altos precios de los combustibles, especulación y explotación extremas, rebaja en la calidad de los servicios, discriminación a los nativos, desatención por la metrópolis de los problemas de las colonias- va unida a la lucha por la independencia y, a la vez, contra el capitalismo.

Curiosamente, en otra RUP, Canarias, el paro oficial está cerca del 22%. Una minoría del 0,2% de la población controla el 40% del PIB. Esa minoría hace de intermediaria y comisionista para las grandes multinacionales europeas. Ciertamente, no se distingue por su color de piel, y aquí la potencia colonizadora no es Francia sino España. Pero la situación económica se complica tanto o más, con más de seiscientas mil personas bajo el umbral de la pobreza y el monocultivo del Archipiélago, el turismo, severamente amenazado por la recesión.

En todos los casos, las leyes europeas y el saqueo por parte de las grandes corporaciones de la metrópoli, especialmente las financieras, son el obstáculo que impide un desarrollo equilibrado y el establecimiento de un modelo económico autocentrado y no dependiente. Lo peor es que el colonialismo nos amarra a una situación sin salida, sin otra perspectiva que la resignación y la desesperación. Y todo ello, como insisten los gobiernos de París y de Madrid, en defensa de «las instituciones democráticas» y del «Estado de Derecho».

Mientras los colonialistas y sus marionetas insisten en la «españolidad» del Archipiélago, se hace inaplazable el momento de proclamar que Canarias es nuestra. Nuestra, de las trabajadoras y los trabajadores canarios, y no de ustedes, explotadores, sean españoles, europeos o béques. Y de trabajar para poner en pie un amplio Frente de Liberación Nacional que aglutine a las fuerzas populares, a quienes están dispuestos a abrir paso al futuro. Ya es hora.

Arruinando a sus propios clientes

Pedro Brenes

Los estudios más fiales señalan que, según las estadísticas oficiales sobre el Producto Interior Bruto y su composición, en los Estados Unidos y Europa la capacidad adquisitiva, es decir, los ingresos reales de los trabajadores asalariados ha disminuido en las últimas tres décadas, como promedio, un uno por ciento cada año. Las mismas fuentes indican que los salarios en Europa, que en 1980 representaban el 67% del PIB, han reducido su porcentaje en 2008 hasta el 49%. Cifras similares se manejan para los Estados Unidos en los últimos treinta años.

Este trasvase continuo de recursos desde la clase obrera a la burguesía capitalista se corresponde, a nivel internacional, con la brutal transferencia de renta desde los países dependientes (el llamado Tercer Mundo) hacia las potencias imperialistas euronorteamericanas. Por medio del intercambio comercial desigual e injusto, propiciado por el control de los precios de las materias primas y las producciones agrícolas, y de la deuda externa provocada por los préstamos saqueadores del Banco Mundial, la mayoría de los países de América, Africa y Asia pagaban también su tributo a la oligarquía imperialista a cambio de la miseria y el empobrecimiento masivo de sus poblaciones.

Esta época de la definitiva descomposición parasitaria del sistema capitalista, a la que se ha dado en llamar del «neoliberalismo», podríamos aproximadamente fecharla a partir de finales de la década de los setenta del siglo pasado, con la llegada al poder de la primera ministra británica Margaret Thatcher, en 1979, y del inicio de la presidencia de Ronald Reagan, en 1981, en los Estados Unidos.

La esencia tanto del «thatcherismo» como de la «reaganomía», no era otra que la de intensificar al máximo la explotación del trabajo asalariado por medio de las privatizaciones de las empresas públicas, la guerra contra los sindicatos obreros, la reducción de impuestos a los más ricos y a las grandes empresas y la precarización del empleo con la extensión de la contratación temporal.

Estas políticas neoliberales, que rápidamente se extendieron al resto de los países capitalistas de Europa, permitieron en pocos años una inmensa acumulación de recursos en manos de la oligarquía financiera que, como fracción dominante aunque minoritaria de la burguesía capitalista, controla  directa o indirectamente los sectores fundamentales de la economía y, sobre todo, a las grandes empresas industriales y comerciales que  monopolizan la producción y la distribución en los mercados capitalistas nacionales e internacionales.

Estos inmensos recursos financieros acumulados por los bancos, que se calculan en la astronómica cifra de entre diez y doce veces el Producto Bruto Mundial, debían también, como cualquier otro capital, rendir un beneficio igual o superior al promedio de la tasa de ganancia del capital industrial y comercial. Pero, alcanzado este enorme atesoramiento y habiendo disminuido drásticamente, como consecuencia de las políticas neoliberales, la demanda solvente de los trabajadores asalariados que han perdido un tercio de sus ingresos reales y de su capacidad de consumo, y siendo la clase obrera la mayoría de la población y, por consiguiente, los consumidores fundamentales de los productos de las empresas capitalistas, se ha llegado a la situación paradójica y absurda de que los neoliberales han conseguido arruinar a sus propios clientes.

Como consecuencia, todo este capital acumulado se ha orientado a la pura y simple especulación improductiva, lo que provoca la aparición de cambios cualitativos en la economía mundial no calculados ni esperados por los usureros bancarios, ni por los especuladores con los cambios de divisas y los precios del comercio internacional, ni por los acumuladores de las rentas fraudulentas de las burbujas inmobiliarias, las hipotecas basura y el juego bursátil.

La tendencia compulsiva a obtener superbeneficios jugando a la ruleta rusa con la economía mundial, poniendo en marcha pirámides especulativas que proporcionaron grandes beneficios a sus promotores y tremendas pérdidas a la mayoría de los avispados inversores oportunistas, han provocado las consecuencias que estamos viendo ahora: recesión económica, cierre de empresas, despidos y desempleo masivo, disminución del consumo y paralización del ciclo económico productivo.

Todo esto demuestra que el sistema económico, social y político capitalista, que en otra época significó un avance en el progreso científico y técnico y en el desarrollo de las fuerzas productivas, se ha convertido ahora en el principal freno para la marcha hacia el futuro de la sociedad. Impulso hacia adelante de la historia que sólo puede darse superando y dejando definitivamente atrás la moribunda fase imperialista del capitalismo, que hoy no es más que descomposición económica y política, y negación de los valores más humanos y solidarios de la justa distribución de los recursos económicos y de la protección social efectiva de los más débiles y desvalidos.

Por eso, porque el capitalismo, habiendo agotado todo su potencial de desarrollo y de progreso, está ya en el callejón sin salida de la ruina económica y el descrédito político e ideológico, los gobiernos burgueses no tienen otra opción, independientemente de su voluntad y de sus deseos, que la de forzar la liberación de los recursos acumulados en los bancos, hoy improductivos después del fracaso de sus suicidas juegos especulativos. Lo que explica que, de una u otra manera, en los Estados capitalistas se plantea ya la discusión pública sobre la nacionalización total o parcial de los bancos.

Medida inevitable a medio plazo si quieren impedir la completa bancarrota del sistema y su rápida transformación por vía revolucionaria. Porque sólo el cambio de tendencia en la distribución de los recursos sociales, recuperando para la mayoría de la población la capacidad de consumo perdida, con el aumento de sus ingresos reales, tanto salariales como a través de las políticas sociales que se han ido desmantelando en las últimas décadas, y con una política intensiva y a gran escala de inversión pública, permitirá al conjunto de la economía recuperar el pulso y activar de forma efectiva el ciclo de consumo-producción-empleo, que hoy amenaza con destruirse y provocar una catástrofe social sin precedentes.

Pero esto significa el inicio del cambio histórico hacia la sociedad socialista, que se diferencia del capitalismo precisamente en la forma y el propósito de la distribución, priorizando el aumento del nivel de vida de los trabajadores sobre el beneficio de las empresas, y a través del dominio del sector público de la economía. Esta perspectiva aterroriza a la burguesía capitalista y sus gobiernos, que se resisten desesperadamente a iniciar un proceso que, de forma inevitable e imparable, les llevará a renunciar a buena parte de su poder económico y de su actual hegemonía ideológica sobre el conjunto de la sociedad.

Pero están entre la espada y la pared. Si no se deciden a implementar las inevitables e imprescindibles reformas económicas y sociales: nacionalización de la banca, planificación masiva de inversiones públicas, aumento de las rentas salariales y mejora de la protección social para todos los ciudadanos, éstas se alcanzarán por medio de la insurrección de las amplias masas desesperadas que, al sentir que no tienen nada que perder más que su situación de miseria y su condición de abandonados a su suerte por un sistema injusto y egoísta, se alzarán, a partir de un movimiento general de protesta que ya empieza a desplegarse, contra el Poder de la oligarquía financiera y contra su Estado policiaco y represor, abriendo el camino a las profundas transformaciones que necesita la sociedad para salvarse de la ruina a la que nos lleva el capitalismo monopolista, y para crear un nuevo sistema social solidario y justo, libre del egoísmo inhumano de los avariciosos banqueros y de los avaros especuladores.

Privacidad en la Red

Alexandra Anton

del Nuevo Partido Comunista Rumano (nPCR)

Hace tiempo que ha dejado de existir en muchos países. Llevamos años viendo como la misma estrategia «antiterrorista» se aplica en todo el mundo usando la misma excusa. Reconocen de este modo que nuestras conversaciones, mensajes de texto y correos electrónicos están registrados en «mil» ficheros antes de llegar a su destino.

Sorprendente ha sido para muchos la noticia que ha publicado el 19 de enero la prensa rumana: las conversaciones de telefonía fija y móvil serán grabadas a partir del 20 del mismo mes, junto con los números de teléfono, los titulares de las líneas y la posición exacta de los sujetos en el momento de la conversación (a esto, una vez más habrá que darle las gracias al satélite norteamericano y, cómo no, al localizador GPS que lleva incorporado cualquier teléfono), los mensajes de texto y los correos electrónicos, sin olvidarse de las direcciones IP de los remitentes, el titular de la línea ADSL, el historial web y la hora a la se conecta y desconecta de la red.

El localizador GPS que nuestros móviles llevan incorporados permite saber en cualquier momento nuestra posición. Muchos creen que apagando el móvil no podrán ser localizados pero la verdad es que esta creencia es errónea.

La normativa requiere almacenar estos datos de todos los usuarios de las compañías de telefonía fija y móvil durante un periodo declarado de seis meses, siendo mayor en el caso de las personas que suscitan «especial interés», estando estas compañías obligadas a entregar los datos a los servicios de información rumanos.

Estos datos estarán almacenados en unas bases de datos que las mismas operadoras tendrán que crear y administrar asumiendo el coste de las operaciones, siendo el importe descontado por el Estado de la declaración anual de la renta de estas empresas.

Es curioso las veces que hemos vivido momentos terribles en los que padres desesperados pedían más vigilancia en la red y todos recibían la negativa justificada en la «falta de fondos».

Lo que desaparecerá es la privacidad de la gente, su libertad e intimidad con el fin de mantener un control global sobre la población y en especial sobre los sujetos organizados que cuestionan el sistema, ya que las multinacionales de las nuevas tecnologías de la comunicación trabajan codo a codo con los gobiernos y sus intereses se alimentan mutuamente.

El protegido será como siempre el Estado capitalista, tan «amenazado» por los correos, mensajes de texto y llamadas de la gente.

Más de una vez Google había recibido denuncias por violar la intimidad de personas que se encontraban en su propia casa, en sus azoteas o saliendo de sitios de donde no querían ser vistos, porque el fabuloso sistema de fotografiado de Google no sólo capturaba las imágenes de los edificios y mobiliario urbano que aparecen en el tan conocido programa Google Earth. Está claro que aquellos que paseaban, estaban asomados en sus ventanas o azoteas, son protagonistas de fotos que supuestamente serán eliminadas y no se emplearán para publicarlas en Google Earth.

Desde hace bastante tiempo ya, Google tiene un servicio con el que los usuarios pueden localizar móviles que no tengan incorporada la tecnología GPS, una nueva versión de Google Maps Móvil, que incluye una nueva función: My Location. Esta permite al usuario saber su ubicación aproximada (tan solo introduciendo el teléfono que quieren localizar) usando las ID (identificaciones) de las torres de teléfonos móviles cercanas sin necesidad de GPS. El sistema es similar al usado por las fuerzas de la ley para triangular la ubicación de un teléfono móvil.

Y todo esto no se aplica solo a los móviles. Los ordenadores conectados a internet son unas puertas abiertas al mundo. Todo nuestro historial de búsquedas está siendo guardado por Google detalladamente. Cada palabra, enlace o foto que buscamos o vemos, se guardan en estos archivos que hasta nosotros mismos podemos ver en buena parte: simplemente accediendo con nuestra cuenta y podemos ver nuestras búsquedas hasta hace 2 años atrás.

Más de una vez se han usado todas estas medidas de «seguridad» para reprimir a los grupos antisistema, antifascistas y, en especial, comunistas, siguiendo sus correos, sus historiales web y cerrando o hackeando sus páginas web, para evitar de esta manera que sigan publicando las noticias que tan cuidadosamente se manipulan a diario en los medios de comunicación.

Más allá del interés en aumentar el consumismo explotando la mano de obra y los recursos naturales de otros países fabricando cada vez más productos, está el hecho de que podemos localizar mejor a quien tiene un móvil con GPS, hace una foto con una cámara que lleva incorporado este sistema, o imprime un documento en una impresora que, igual que todas, lleva incorporado el sistema de impresión de códigos que facilitan el saber donde se ha vendido esa impresora y, mediante el certificado de garantía, a quién.

Por eso, la mayoría de los usuarios de Internet sabemos lo que la red esconde, y usamos esta herramienta para difundir nuestras noticias y escritos, ya que Internet no es un proyecto, ni mucho menos, sino solo un instrumento de comunicación e intercambio de información, que es un gran apoyo pero enemigo a la vez para los que no saben usarlo. Sabemos que la verdadera lucha contra los enemigos de la clase trabajadora hay que llevarla  ahí fuera y no delante de una pantalla, en un folleto electoral o en una simple foto detrás de una pancarta.

Minorías insolidarias según Paulino

David Delgado

El presidente del Ejecutivo autonómico Paulino Rivero no concibe que ciertos grupos «minoritarios» pongan trabas a las actuaciones que se están llevando a cabo en el Puerto de Granadilla. La infraestructura cuenta con el beneplácito de la Unión Europea (UE) y del Gobierno central además de cumplir la legalidad vigente, nos recordó a las desinformadas minorías el presidente.

Además pide a todos estos grupos protestones que reflexionen acerca de la necesidad que muchas familias tienen de trabajar y recalcó que el puerto mejorará la competitividad de Canarias. Superar su demagogia en tan pocas palabras es muy difícil.

Afirmó que el puerto permitirá crear unos miserables 600 empleos. Asumiendo que este dato fuera cierto, teniendo en cuenta los millones que costará el proyecto es una tomadura de pelo justificarse en los desempleados para defender el mismo, pues con ese dinero podría generarse muchísimo más empleo. Además la culpa de que miles de canarios necesiten desesperadamente un trabajo no recae en las minorías que tanto exasperan a Paulino sino en el ejecutivo que este impresentable preside.

Muchos expertos rebaten sus estimaciones y afirman que ni siquiera se crearán 100 puestos de trabajo, pero insistimos, con el paro galopante que afecta a los trabajadores y trabajadoras de Canarias, una infraestructura de esta magnitud con el coste millonario que conlleva y un tiempo de ejecución tan largo no es sin lugar a dudas la mejor opción para generar empleo ni solucionar en absoluto la grave situación que ha propiciado la recesión económica.

Tanto Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) que forman el Ejecutivo autonómico, como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) defienden la ejecución del proyecto del puerto de Granadilla, si bien esta última formación política ha pretendido ofrecer una imagen más respetuosa con la legalidad en materia medioambiental y ha actuado de una forma especialmente traidora con los ciudadanos de Tenerife al apoyar en el 2005 la Iniciativa Legislativa Popular contraria al puerto y presentar 9 meses después una Proposición No de Ley a favor del mismo.

Fue el 6 de mayo del 2002 cuando el Gobierno autonómico aprobó un Decreto que declaraba de interés público de primer orden la construcción del Puerto de Granadilla, argumentando dos razones fundamentales inciertas como son la saturación y agotamiento del puerto de Santa Cruz y la imposibilidad de ampliación del mismo.

Resulta que según se desprende de los datos de la Autoridad Portuaria de Tenerife el puerto de Santa Cruz está desaprovechado al emplearse por ejemplo en el año 2006, el 65% de su capacidad total. A día de hoy la situación es cada vez peor, lejos de aprovecharse eficientemente las posibilidades del puerto, y la Unión Europea que apoya la construcción y asume las tesis del Gobierno autonómico -los dos argumentos expuestos anteriormente- aportó una partida económica para la ampliación que se efectúa en el Puerto de Santa Cruz. Es decir, que aquí mienten todos.

El Dictamen que el 6 de noviembre del 2006 aprobó la Comisión Europea expresa la postura de la Unión Europea que de facto implica el total apoyo a los intereses de los capitalistas que obtendrán jugosas comisiones y repartirán beneficios económicos millonarios.

La construcción del Puerto de Granadilla demuestra la unión existente entre todos los grupos políticos en el Parlamento autonómico, el Estado español y la Unión Europea a la hora de defender proyectos que beneficien a un pequeño grupo de oligarcas capitalistas en detrimento de los intereses de la mayoría de los canarios. Porque las razones para su construcción se caen por su propio peso, el impacto medioambiental y ecológico ha sido ignorado y el dinero invertido podría destinarse para otros sectores de la economía que a diferencia de este proyecto fuesen encaminados a suprimir la cada vez más peligrosa dependencia del exterior y generasen mucho más empleo.

La idea de construir un puerto industrial en el litoral de Granadilla planea desde finales de los años 70, y ahora si el pueblo no lo impide se materializará un proyecto cuya tramitación ha estado además de cargada de mentiras como se ha demostrado, llena de ocultaciones de informes y varias ilegalidades como suele ocurrir con obras de esta envergadura.

Paulino Rivero y su camarilla de colaboracionistas si que son una minoría insolidaria incompetente e indiferente ante la deprimente situación social que sufren los miles de canarios parados y sus familias.