A pesar de las sustanciales diferencias entre un territorio continental europeo y una colonia archipielágica africana, de las recientes elecciones autonómicas vascas se pueden extraer algunas lecciones. La primera es el fracaso de la estrategia terrorista llevada a cabo por pequeños grupos aislados de la mayoría de la población, que sólo sirve al fortalecimiento del Estado burgués y a la justificación de la represión. En vez de conquistar políticamente a la mayoría del pueblo en el camino hacia una Huelga General Revolucionaria, ETA se empeña en sustituir la acción de masas por su propio callejón sin salida.
Un callejón que conlleva la subordinación de la acción política de la izquierda independentista al militarismo más estrecho y torpe, minado por las infiltraciones policiales y que causa cada vez más rechazo popular.
La otra lección la da el propio Estado español poniendo de relieve que ninguna cortapisa legal o «democrática» lo detiene a la hora de poner fuera de la ley a decenas o centenares de miles de personas.
Utilizando la llamada «Ley de Partidos», el gobierno y el entramado judicial se han saltado a la torera los principios básicos del derecho, declarando un Estado de excepción de hecho, y estableciendo el principio de «similitud de fines»: todo el que tenga por objetivo la independencia es de ETA. Aún más: todo el que no condene a ETA en los términos exactos que exigen los políticos del Estado español, es de ETA.
La cosa llega a más cuando se ilegalizan candidaturas porque en ellas hay personas que no han cometido ningún delito ni a las que se ha privado explícitamente de sus derechos ciudadanos. Peor aún: se ilegalizan candidaturas porque, aunque no vaya en ellas ningún ciudadano «sospechoso» (en términos policiales), bien podría ser una astuta maniobra de la izquierda independentista. Y como remate, se encarcela a los «cabecillas» (otro término policial del fascismo) por «promover una candidatura ilegal» (¡aunque en el momento que la promovieron no podía ser ilegal!).
Si frente a un fenómeno terrorista que no supone ninguna amenaza para el Estado, éste actúa sin contención legal ni jurídica alguna, no hace falta ser muy listo para entender como actuará frente a un ascendente movimiento popular por la descolonización de Canarias.
Nada impedirá que se nos ilegalice y se nos persiga policial y judicialmente por cualquier «razón» que el colonialismo considere conveniente: traición a la patria (española), no defender la Constitución (española), no respetar lo suficiente la figura del rey, crispar la sociedad, promover la xenofobia contra los colonizadores, o apoyar movimientos revolucionarios internacionales, especialmente en nuestro continente. O simplemente, no condenarlos en los términos exigidos por el Estado monárquico.
El caso es que, cuando las cosas se les pongan difíciles ante el avance de las fuerzas revolucionarias, se habrá acabado el papel de los abogados y el Estado hará sentir su poder de forma omnímoda, sin límite legal alguno. Sus «argumentos» serán la ilegalización de las organizaciones independentistas, el encarcelamiento de patriotas y las detenciones masivas. Ya utilizará los medios de comunicación imperialistas para justificar a posteriori todo lo que haga.
Quienes piensan todavía que la independencia de Canarias se va a lograr mediante medios puramente electorales o recursos contenciosos ante ésta o aquella instancia, bien deberían abandonar sus fantasías y prepararse para una lucha sin cuartel contra el colonialismo y sus aparatos de represión y coerción.
Independencia y Socialismo 