Ante la convocatoria de jornada de huelga del 17 de marzo y los últimos acontecimientos

Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Asamblearios de Canarias

EA-Canarias, tras la desconvoca-toria de las jornadas de huelga de comienzos de noviembre y la disolución del Comité de Huelga, presentó desde el pasado 31 de octubre un preaviso de huelga para la enseñanza no universitaria de Canarias, fijando una nueva convocatoria para el 17 de marzo. Nuestro objetivo con esta convocatoria era el de poner los medios para que el colectivo docente de Canarias pudiera recuperar su movimiento y asambleas; mantener viva las reivindicaciones por la que se ha venido movilizando en los dos últimos años y manifestar al profesorado nuestra voluntad de continuar la lucha y el apoyo a sus reivindicaciones. Desde ese momento, y cumpliendo con el mandato de las asambleas del profesorado, realizamos repetidos intentos de llegar a acuerdos de unidad, en torno a la movilización, con el resto de sindicatos del extinto comité de huelga, sin ningún resultado.

Durante este tiempo, el Gobierno de Canarias no solamente no ha dado respuesta a la reivindicación de los docentes canarios en relación a la homologación, reconocida en la Ley 4/91, estableciendo su cuantía y un acuerdo sobre plazos para pagarla y corregir el agravio comparativo respecto al resto de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, sino que además ha ido empeorando nuestras condiciones de trabajo y nuestros derechos laborales; al mismo tiempo que ha perpetrado en la educación pública los mayores recortes y ataques de los últimos años, y todo apunta a que continuará por ese camino.

La situación creada con la desconvocatoria de la huelga de comienzos de noviembre favoreció la contraofensiva de la Consejería que se ha plasmado en la aprobación de las pretendidas medidas de calidad educativa y en los sucesivos borradores de primer ciclo de educación infantil, la orden de modificación de la función directiva y de todo un conjunto de nuevas normativas que empeoran tanto las condiciones de la educación pública como las laborales del profesorado. Todo ello ha abierto las puertas a mayores agresiones a nuestros derechos como trabajadores y a la educación pública. El balance que hacemos de la actuación de la Consejería durante el último semestre es que la situación a la que ha abocado al profesorado es la peor de los últimos años.

«Casualmente», a escasos días de la jornada de huelga que tenemos convocada para el 17 de marzo se anuncia a bombo y platillo una supuesta «mediación» de Claudina Morales, presidenta de Coalición Canaria. Consideramos que ese hecho no tiene otra justificación que la de crear falsas expectativas e introducir la confusión y la intoxicación informativa en la opinión pública y entre el profesorado.

El pasado día 6 de marzo la Administración educativa, como es preceptivo, nos convocó para los servicios mínimos. Los servicios mínimos fijados continúan la tónica de los abusivos servicios, mal llamados mínimos, anteriores y que la Consejería viene imponiendo unilateralmente al profesorado, como ha ocurrido también en esta ocasión. Pero además, ahora nos presenta unos servicios «mínimos» que, en el caso de las residencias escolares y centros específicos ya fueron rechazados en sentencia por el TSJC donde se estimaba parcialmente un recurso presentado por EA-Canarias, dándole así la espalda, con argumentos peregrinos, a la decisión de dicho tribunal de justicia.

La Consejería sigue sin dar una solución justa a las reivindicaciones del profesorado; sigue sin dar muestras del más mínimo interés por resolver el conflicto de la enseñanza pública canaria ni por dar el necesario y urgente giro a su política educativa. Hemos dirigido una Carta al Presidente del Gobierno de Canarias, instándole a que dé una respuesta a la situación de conflicto planteada y que nos reciba en tanto convocantes de la próxima jornada de huelga del 17 de marzo.

Hoy, reiteramos nuestro llamamiento al profesorado de Canarias a que secunde esta convocatoria de huelga y a que participe en las concentraciones y manifestaciones que el día 17 de marzo se celebrarán en todas las islas de nuestro archipiélago, porque existen sobradas razones para ello. Confiamos en su respuesta.

Manifestamos nuestra voluntad de continuar en el empeño de apoyar las reivindicaciones, la acción y el movimiento que se plantee el profesorado a partir de ahora.

Canarias, a 10 de marzo de 2009

Portal de EA-Canarias

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El descrédito de la Corte Penal Internacional

Pedro Brenes

La orden de arresto emitida por la CPI contra el presidende de Sudán aparece justo en el momento en que la Humanidad entera se pregunta por qué los genocidas sionistas, responsables de los asesinatos de miles de civiles en Gaza, siguen gozando de impunidad y de la protección y la descarada complicidad de los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea.

Y por qué Bush, Cheney y el resto de los genocidas responsables de las guerras de Irak y Afganistán, que han provocado la muerte de cientos de miles de personas inocentes en esos países, y promotores de las detenciones ilegales y de las torturas en Abu Graid o en Guantánamo, permanecen libres, disfrutando de una feliz jubilación.

Pero no, el fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo que, hasta ahora, sólo ha procedido por supuestos delitos de lesa humanidad contra sospechosos africanos, nos sorprende con la orden de arresto de Omar al Bashir, presidente de Sudán, en relación a la situación en la región suroeste de esta nación, incluyendo la zona de Darfur fronteriza con Chad.

Es curioso que, precisamente ahora, cuando la mayoría de los grupos rebeldes han firmado acuerdos de alto el fuego y pactos políticos de autogobierno y distribución de las rentas de las explotaciones petrolíferas con el gobierno de Jartún, aparezca Moreno Ocampo con esta orden de arresto, secundando las intenciones de las multinacionales y de los gobiernos francés y norteamericano, que no ven con buenos ojos que este secular conflicto entre los musulmanes del norte y los animistas y cristianos del sur, pueda entrar, a través de los buenos oficios como mediadores de la Unión Africana y China, en vías de solución.

Es obligado, ante tan sospechosa coincidencia, preguntarse si hay alguna relación entre la campaña de los medios de comunicación europeos y americanos -que incluye al propio Hollywood- para «salvar» Darfur, la existencia de grandes reservas de hidrocarburos en esa región, la firme política antiimperialista del gobierno sudanés que excluye a las multinacionales de las concesiones de extracción en su territorio, y los acuerdos comerciales suscritos con China, Rusia y la India, a quienes algunos medios y algunos políticos europeos se atreven, en el colmo del cinismo, a tachar de «colonialistas».

El propio presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el nicaragüense Miguel D’Escoto, ha declarado que esta orden de arresto está «mediatizada políticamente», añadiendo que «todo el mundo sabe que las peores atrocidades se cometen hoy en día en Irak» y que «la CPI debería perseguir a algunos individuos realmente poderosos».

Rusia y China, dos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, se han manifestado a favor de anular la decisión de la Corte y han solicitado formalmente que sea retirada. Fundamentan sus peticiones en el hecho de que, estando el conflicto de Darfur claramente en vías de solución negociada, la decisión de la CPI, sólo puede entorpecer los esfuerzos mediadores y agravar la situación política, militar y humanitaria en la zona.

Las protestas y el rechazo se han extendido hasta la Unión Africana y la Liga Árabe que califican la actitud del fiscal Moreno Ocampo de parcial, peligrosa e inoportuna.

Este tribunal de las Naciones Unidas despertó, en su momento, las esperanzas de todos los partidarios de la paz y la justicia en el mundo, que creyeron que se perseguirían los crímenes de los agresores racistas e imperialistas y se castigaría a los responsables de las guerras genocidas, de los bombardeos indiscriminados contra la población civil, y a las sangrientas dictaduras antipopulares.

Sin embargo, la clamorosa tendencia a perseguir y enjuiciar a sospechosos relacionados con conflictos sólo de África, ignorando las gravísimas acciones de los gobiernos imperialistas en sus guerra e invasiones en Oriente Medio y los crímenes sionistas, están hundiendo irremisiblemente a la Corte Penal Internacional en el descrédito.

Posiblemente el régimen islamista del general Bashir, con su intolerancia religiosa extrema, unida a la tradicional opresión de los señores feudales musulmanes del norte sobre la población del sur del país, sea responsable de las injusticias y de las atrocidades que tantos sufrimientos ha deparado a los habitantes no islámicos de Sudán.

Pero ¿qué autoridad moral puede tener un tribunal internacional que no investiga ni procesa ni ordena arrestar a George Bush, a Toni Blair y a Ehud Olmert? ¿O es que lo que se pretende precisamente es que nos olvidemos de Irak, de Guantánamo y de Gaza?

¿Qué clase de tribunal internacional es éste que sólo se acuerda de los conflictos africanos, que casi siempre han sido estimulados y radicalizados por intereses ajenos al continente, cuando no creados por las propias multinacionales euronorteamericanas para conseguir sus objetivos comerciales, quitando y poniendo gobiernos para defender sus mezquinos intereses?

Ninguna excusa legalista podrá librar a la CPI y a su fiscal de la imagen de servidores de los propósitos de las grandes potencias imperialistas y de las multinacionales. Pues esta institución, en la que tantas esperanzas se depositaron, ha terminado por comportarse como esas hipócritas y subvencionadas ONGs que sólo critican aquello que les dictan quienes les pagan, para desviar la atención y hacer olvidar los mayores crímenes contra la Humanidad y las más imperdonables atrocidades contra poblaciones civiles indefensas.