La empresa privatizada Emalsa, adjudicataria del servicio de agua de consumo en Las Palmas de Gran Canaria, ha reconocido que desde que en 2005 se pusieron en marcha los dos módulos de desalación de 17.000 metros cúbicos diarios de agua en la potabilizadora Las Palmas-Telde, construidos por Isolux, estos venían generando unos niveles de boro de hasta 2,5 miligramos por litro, lo que disparó en ocasiones hasta 1,2 miligramos la presencia de este elemento químico en el agua del chorro de la ciudad. El máximo permitido de boro en el agua de abasto es de 1 miligramo por litro.
El ayuntamiento reconoce que, por su presencia en el consejo de administración de Emalsa, supo de este problema desde finales del año pasado, y que lo comunicó a la Consejería de Sanidad del gobierno autonómico en febrero de este año. Pero se ha seguido envenenando a la población de Las Palmas, a la que no se avisó hasta el pasado viernes.
Para eliminar el exceso de boro es necesario cambiar las membranas de ósmosis de ambos módulos. Pero el negocio es el negocio. La empresa Isolux, constructora de ambos módulos, se ha negado a hacerse cargo del coste de reposición de estas membranas, según Emalsa, aunque el periodo de garantía concluye el próximo mes de mayo. Y en vez de solucionar primero el problema y luego ver quién tiene que pagar, la privatizada Emalsa ha preferido seguir atentando a la salud de los ciudadanos que adelantar las perras.
La ingesta crónica de cantidades excesivas de boro puede causar erupciones en la piel, náuseas, vómitos, diarrea, dolores abdominales y de cabeza, caída del pelo, bajada de la presión arterial, acidosis y disminución de glóbulos rojos en la sangre, daños en riñones e hígado, agitación, malestar, debilidad, agotamiento, depresión, fiebre, hipertermia, temblores y ataques. Además puede provocar toxicidad testicular, baja motilidad de esperma, y problemas de fertilidad. No se trata, por lo tanto, de un problema menor.
El envenenamiento del agua de abasto de Las Palmas -la más cara del Estado- es una incontestable evidencia de cómo poner en manos de las corporaciones privadas capitalistas los intereses públicos es un auténtico disparate. Y de cómo los políticos burgueses remolonean en salvar la salud pública con tal de respaldar los intereses económicos de esas corporaciones de las que son auténticos lacayos.