El reformismo y el terrorismo son las dos caras de una misma moneda. Ambos se derivan del individualismo pequeñoburgués que carece de fe en las masas populares, que desconfía de ellas y prefiere, en la versión radical, el camino sencillo, aunque heróico, de las acciones armadas de pequeños grupos aislados que, descartada la posibilidad de una victoria militar directa y definitiva, pretenden obligar al sistema estatal a «negociar» y a aceptar las reivindicaciones políticas por ellos exigidas. Lo que no deja de tener, en el fondo, un evidente carácter reformista.
La otra versión, la electoralista, de esta misma concepción ideológica consiste en llenarse de ilusiones en las posibilidades que les brinda la democracia burguesa, poniendo el centro de gravedad en la «lucha institucional».
La difícil labor de concienciar y organizar al conjunto del pueblo, de acumular lentamente fuerzas y experiencia en el transcurso de las luchas económicas y sociales contra el sistema capitalista, de explicar pacientemente el origen y la esencia de las contradicciones de clase y las complejidades de sus combinaciones, así como el análisis correcto y la exacta determinación de las condiciones revolucionarias de cada momento y situación histórica, sólo provoca en el espíritu pequeñoburgués confusión, impaciencia y desánimo.
Sin embargo, los revolucionarios no podemos condenar a los combatientes que, con las armas en la mano, luchan contra la dominación del Estado burgués.
Por el contrario (salvo los ataques indiscriminados, siempre condenables, que causan víctimas inocentes no implicadas en los aparatos represores violentos militares, policiales y judiciales) el sacrificio de estos héroes del pueblo merecerá siempre el respeto de todos los que persiguen el fin de las injusticias, la opresión social y la explotación económica.
Pero sí estamos obligados a criticar, en primer lugar, la inutilidad de las acciones revolucionarias de grupos desvinculados de la conciencia y de la organización de las masas populares. Pues, como decía Lenin: «¿De qué sirve matar a un gobernador? Pondrán a otro.»
Y también hemos de lamentar que esta táctica terrorista resulta muchas veces contraproducente, al ser utilizada por el enemigo de clase para justificar la represión y la reducción de los derechos y libertades cívicos y políticos.
Y, lo que es mucho peor, puede provocar la desmoralización y la desorganización de amplios sectores del pueblo que tienden a pensar que el Estado opresor es invencible y que sólo caben, ante él, la sumisión y la resignación.
Frente a esta tendencia y esta línea pequeñoburguesas, que pretenden suplantar el protagonismo indiscutible de las masas populares en la Revolución, la línea proletaria que defendemos los comunistas sostiene que sólo la insurrección armada de todos los trabajadores, como culminación de un largo y complicado proceso histórico, que debe pasar necesariamente por la transformación de las huelgas económicas en huelgas políticas y, a partir de éstas, en Huelga General Revolucionaria y la Insurrección, puede garantizar la destrucción del Estado capitalista, el derrocamiento del Poder de la burguesía y la instauración de un nuevo Estado socialista dirigido por los trabajadores.
Pero cuando se carece de un proyecto político seriamente fundamentado, cuando no existe teoría revolucionaria ni plan de acción para llevarla a la práctica, cuando toda la táctica y toda la estrategia se reducen a presentarse como de «de izquierdas» e «independentistas», y las consignas y los llamamientos se hunden progresivamente en la desorientación ideológica, la confusión política y la ambigüedad interclasista, es fácil caer en la trampa insidiosa del electoralismo pequeñoburgués y en las ilusiones en las apariencias de la democracia capitalista.
Por eso, aunque la ilegalización de la candidatura de Iniciativa Internacionalista no puede sorprender a nadie, pues no es más que la continuación lógica de la represión desencadenada por el Estado burgués español, con la excusa de la «lucha contra el terrorismo», contra toda contestación a su dominio y contra cualquier discusión de sus sagradas fronteras, el legalismo vulgar de los pequeñoburgueses de todos los colores y nacionalidades clama ahora, con patética e ingenua indignación, contra este intolerable atentado a la «democracia» y a las «libertades».
Lamentablemente, se expresan como si estas bellas y sugestivas abstracciones pudieran existir y concretarse al margen de la lucha de clases.
Independencia y Socialismo 