El parlamento italiano aprobó la semana pasada que la inmigración sin papeles sea delito (podrán ser multados con cantidades que oscilarán entre los 5.000 y los 10.000 euros) y la ampliación de la detención sin juicio de las trabajadoras y trabajadores inmigrantes hasta seis meses (el máximo impuesto por la Unión Europea). Además se les prohíbe realizar cualquier gestión administrativa. Esto supone que los hijos de los sin papeles no serán inscritos en el registro y corren el riesgo de que se les declare en estado de abandono y sean dados en adopción.
La norma establece además que sea obligatorio denunciar a los inmigrantes que se encuentren en Italia sin permiso, salvo para médicos y directores de centros educativos. El efecto práctico es que cualquier empleado público -enfermeras, profesores, guardias urbanos…- se verá obligado a la delación. Y la consecuencia que los trabajadores inmigrantes no podrán llevar a sus hijos al colegio o al médico cuando enfermen.
Se establecen penas de hasta tres años de cárcel para los que alquilen una casa a un trabajador sin papeles y la introducción de una tasa que oscilará entre los 80 y los 200 euros para los inmigrantes que soliciten o tengan que renovar su permiso de trabajo. Además se establece una pena de entre seis meses y un año de cárcel para aquellos trabajadores inmigrantes que, tras haber recibido la notificación de expulsión de Italia, permanezcan en el país. Por si fuera poco, se prohíbe el matrimonio entre trabajadores sin papeles y ciudadanas o ciudadanos italianos. Lo expresaba claramente Berlusconi: “no vamos a permitir una Italia multiétnica”.
Y recuperando los somatenes del fascio, con la nueva ley se legalizan las patrullas parapoliciales de “justicieros”, que serán protegidas y amparadas por la policía italiana. Sólo queda por contemplar qué símbolo inscribirán en sus brazaletes identificativos. Los “buenos ciudadanos” europeos lanzados a las calles para “meter en cintura” a toda esa canalla de inmigrantes pobres, origen de todo mal y de toda delincuencia. Para empezar, que ya iremos a por los rojos.
Es el fascismo en estado puro, revestido de “democracia”. Y avalado por el resto de los países de la Unión Europea que, tras todas sus alharacas “democráticas”, no se sienten molestos por la vuelta a las leyes y las prácticas del fascismo. No solo toleran y alientan la deriva fascista de Italia, sino que en cada país se desarrollan legislaciones y actuaciones que agreden directamente los más elementales derechos civiles.
Buena prueba es el Estado español y su ley antipartidos, que permite la persecución de organizaciones políticas desafectas al régimen monárquico imperialista, barrer de un plumazo una candidatura democrática (solo podemos votar lo que ellos permiten que se vote), la supresión de las libertades individuales de “sospechosos” no condenados por delito alguno y sin la declaración expresa del estado de excepción, y el encarcelamiento por delitos de opinión (y hasta por no expresar las opiniones que el sistema exige). O, como en los peores tiempos del general Franco, la televisión pública censura la pitada de la gente al jefe del Estado y sus símbolos.
A medida que se colapsa el sistema económico, la careta “democrática” europea va cayendo a trozos y el verdadero rostro represor del imperialismo y del colonialismo seguirá asomando entre las rendijas de la propaganda uniforme de sus medios. Más razones, si cabe, para boicotear el paripé electoral con que pretenden envolverse.
Independencia y Socialismo 