El subsidio del gobierno metropolitano de 420 euros a los parados que agoten todas las prestaciones (no para los que ya las habían agotado antes del 1 de agosto) es a todas luces insuficiente. Especialmente en Canarias, donde casi de la tercera parte de la población está en paro y más de 600.000 personas viven bajo el umbral de la pobreza. Por si fuera poco, los bancos españoles, que se han llevado ingentes cantidades de dinero de nuestro país, restringen los crédito a las pequeñas empresas y las familias, a muchas de las cuales les quitan las viviendas con embargos abusivos respaldados por leyes y jueces españoles.
No es una impresión nuestra. El Barómetro de Opinión Pública de la primera oleada de 2009 elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) de Canarias, reconoce que el 38% de los hogares canarios vive al mes con ingresos inferiores a los 1.000 euros. Además, el 22,5% cobra menos de 9.000 euros anuales, cuando en 2003 esa cifra era «sólo» del 18%.
Un 25% de las familias canarias vive con entre 1.000-1.500 euros, un 12% con entre 1.500-2.000, un 8% con entre 2.000-2.500, un 3% con entre 2.500-3.000 y un escaso 2% con más de 3.000 euros al mes. Evidentemente, la inmensa mayoría no sólo no puede ahorrar, sino que tiene serias dificultades para llegar a fin de mes.
Además, en el mismo informe también se recoge que el 26% de los hogares canarios está formado por tres personas, el 25% por dos miembros y el 24% por cuatro. Es decir, que el problema de los bajos ingresos de las familias canarias se agrava por el hecho de que en la mayoría de los casos no se trata de familias monoparentales, sino de familias numerosas donde todos dependen del sueldo de una sola persona.
Y eso en un país que tiene los salarios más bajos de todos el Estado español, la jornada laboral más larga y la menor protección social. No es de extrañar, por lo tanto, que las familias canarias hayan contraído su consumo a lo estrictamente necesario. Así, según el CES, aumenta el porcentaje de renta que los canarios destinan a alimentación -a la vez que disminuye en un 50% el dinero destinado a la compra de alimentos- mientras que se reduce el correspondiente a transporte y ocio. La calidad y calidad de la comida ha caído en muchas familias, aumentando los casos de verdadera hambre.
Lo último que se deja de pagar es la hipoteca, único mecanismo que ha permitido a los trabajadores canarios tener una vivienda y a pequeñas y medianas empresas un local. Pero las corporaciones bancarias españolas, que durante décadas se han llevado la parte del león del capital generado en Canarias, se dedican a ejecutar un embargo tras otro, hasta el punto de acaparar en cerca de 20.000 inmuebles en el, entre pisos, locales comerciales y naves industriales. Los mismos bancos reconocen que entre un 6 y un 8% de las hipotecas constituidas en nuestro país acaban en embargo. Además prevén que el stock de viviendas embargadas seguirá en aumento.
Muchos de estos embargos sobrevienen porque las familias se ven abocadas a pedir préstamos personales para poder comer y afrontar otros gastos. Las condiciones abusivas de los bancos precipita la imposibilidad de pagar ese crédito, arrastrando tras de sí la hipoteca. Y ya no cabe siquiera la posibilidad de llegar a fin de mes a base de tirar de la tarjeta de crédito. Buena prueba de ello es que la morosidad en haya aumentado un 3,1% en 2009 con respecto al año anterior, y ya supone que el 7% de la población canaria es morosa, superando en tres puntos a la media estatal (4,3%), según un informe elaborado por Asnef-Equifax, que además reconoce que las empresas canarias vieron su saldo moroso incrementado en un 134,4%.
Lo peor es que todos los anuncios de «brotes verdes» y futuras recuperaciones, son sólo propaganda para no crear «alarma social». Podemos dejar que la situación se siga deteriorando, en una espiral de caída del consumo, paro, miseria y desesperación. O podemos movilizarnos por cuatro medidas inaplazables:
1. Nacionalización de la banca y utilización de sus activos en inversión productiva pública.
2. Renta básica de supervivencia igual, al menos, al salario mínimo interprofesional.
3. Moratoria de las hipotecas, a coste cero, para las paradas y parados.
4. Cancelación de recibos, manteniendo los servicios, de agua, luz y teléfono, para parados y aquellas familias en graves apuros económicos.
Los comunistas del PRCC seguimos apostando por organizar un amplio movimiento popular en torno a estas reivindicaciones. A esta tarea, sin exclusiones, llamamos a sumarse a partidos, sindicatos, asociaciones de vecinos y colectivos sociales de toda índole. Nos va la supervivencia en ello.
Independencia y Socialismo 