Imagínese que vive en Estados Unidos. Y que no tiene seguro médico ni goza de una gran fortuna. Su vida y la de sus hijos estará en peligro. Cualquier accidente que sufra su salud deberá pagarlo de su bolsillo. Si llega a un hospital con algo muy grave, todo lo más le pondrán suero para mantenerlo, pero ni le operarán ni le darán tratamiento. Y así y todo, quedará usted embargado de por vida con el hospital. Y eso si le atienden. Si se trata de ir al médico para cualquier enfermedad, difícilmente le atenderán si no tiene seguro, salvo que adelante el dinero. Si reúne las condiciones para acogerse a la beneficencia pública, tendrá atención en determinados casos, pero no en la mayoría.
Tener seguro médico tampoco es tan fácil, aunque tenga usted dinero para pagarlo. Antes de firmar el contrato, las aseguradoras privadas le someterán a un chequeo exhaustivo. Cualquier enfermedad crónica o el simple riesgo de padecer una enfermedad, hará que se nieguen a contratar con usted. Incluso si tiene seguro, las compañías aseguradoras buscarán cualquier subterfugio para negarse a pagarle el tratamiento. ¿Que tiene usted una complicación derivada del cáncer? Pues como esa complicación en concreto no estaba prevista en el contrato, ni le pagan el tratamiento para ella ni para el cáncer.
Abusos como esos se dan a diario. Aún más: puede usted tener razón legalmente frente a la aseguradora. Pero, si ésta se niega a pagar, ¿tiene usted dinero para abogados y un larguísimo pleito contra una gran corporación y sus carísimos abogados? Y lo peor: ¿puede permitirse el lujo de pleitear antes de que la enfermedad acabe con su vida?
La situación es tal que siempre hay un peligro latente para cualquier epidemia. Y, sobre todo, supone una exclusión social para millones de personas, con el riesgo que eso supone para el sistema. De hecho, la recesión económica del imperialismo ha agravado la situación, ya que la mayoría de los seguros médicos están vinculados al puesto de trabajo. Al ir al paro, se pierde el trabajo y la cobertura sanitaria. No es de extrañar que en 2008 el índice de suicidios de trabajadores aumentara en Estados Unidos un 28% con respecto al año anterior.
Barack Obama ha prometido dar cobertura sanitaria a los más de 40 millones de estadounidenses que carecen de seguro médico. Pero las grandes corporaciones de la sanidad están desencadenando una feroz batalla para impedirlo. No es la primera vez. En 1912, Theodore Roosevelt hizo campaña en favor de un seguro nacional de salud, sin resultado alguno. En 1934, durante la Gran Depresión, Franklin D. Roosevelt quiso impulsar un programa nacional de seguros de salud, pero finalmente quedó en nada. Tras ser elegido presidente, en noviembre de 1976, Jimmy Carter prometió poner en marcha un sistema de seguros con cobertura universal, pero el tema fue nuevamente aparcado. El último intento tuvo lugar durante el primer mandato de Bill Clinton, de la mano de Hillary Clinton, pero el proyecto de ley fue tumbado por el Congreso.
Actualmente, un 15% de los ciudadanos norteamericanos no tiene ninguna cobertura; el 53% tiene un seguro que les ofrece su empresa; el 27% tiene un seguro subvencionado por el Gobierno para determinados grupos de población (niños, jubilados, discapacitados…); y el 5% restante tiene un seguro privado sin ayuda de su empresa. Eso no quiere decir que el Estado gaste poco en sanidad. Por el contrario, el sistema norteamericano es uno de los más caros del mundo: EEUU destina un 16% del PIB al gasto sanitario. La mitad es absorbida por dos diferentes sistemas públicos, el Medicaid y el Medicare, y la otra mitad se la embolsillan las empresas privadas.
El plan de Obama contempla un seguro médico público voluntario, alternativo y paralelo a los seguros privados. La reforma costaría cerca de un billón de dólares (700.000 millones de euros). Frente a ello, los poderes fácticos de las grandes corporaciones médicas, aseguradoras y farmacéuticas están moviendo millones en propaganda televisiva y en sobornos a congresistas y senadores, tanto demócratas como republicanos.
La campaña no repara en mentiras descaradas y disparates, como que la reforma sanitaria creará «paneles de la muerte» que supondrán el asesinato de ancianos y enfermos terminales. Se refieren a una cláusula de la reforma que prevé que la sanidad pública cubra la terapia terminal voluntaria. El senador republicano por New Hampshire, Judd Gregg, dijo la pasada semana en un mitin que el sistema de seguros públicos «nacería con una considerable ventaja sobre el sistema privado, controlando los precios y colocando a un funcionario entre usted y su doctor». A pesar de que, para los ciudadanos, más temible que un hipotético funcionario, son los contables y los abogados de una aseguradora. Según Gregg y los contrarios a la reforma, un seguro público llevaría a «largas listas de espera», e incluso «escasez en los tratamientos».
Todo indica que la reforma de Obama, que busca aliviar la tensión social en el país, quedará también en agua de borrajas. Y que su popularidad seguirá descendiendo.