El PSOE, herramienta fundamental de la dominación de la oligarquía imperialista española, juega en Canarias el papel de pieza clave del Estado colonial, como ariete político del chauvinismo españolista, por encima incluso del PP. Su enemigo principal han sido siempre los derechos democrático nacionales de Canarias, que trata de cercenar incluso en sus manifestaciones más tímidas e inútiles.
En una anterior reforma del Estatuto de Autonomía, el PSOE se oponía a que el Archipiélago se definiera como “nacionalidad”, término descafeinado que no sólo está recogida en la constitución monárquica, sino al que el PP no se oponía. El argumento esgrimido era que “Canarias no es una nacionalidad porque no tiene idioma propio”, en palabras del entonces portavoz psoísta en el parlamento autonómico. Brillante argumento por el que Argentina, Cuba o Venezuela no sólo no serían naciones, sino ni siquiera “nacionalidades”.
Lo que en otros territorios del Estado acepta y hasta abandera, en Canarias se convierte en tema tabú, en un deslizamiento peligrosísimo hacia el independentismo. Es el caso de la policía autonómica canaria, puesta en marcha por el gobierno autonómico (CC-PP), a la que se ha opuesto como si se tratara de la guardia republicana del futuro Estado canario. Pero la paranoia ultraespañolista puede con la franquicia isleña del PSOE.
Los dos últimos posicionamientos de la delegación del PSOE en Canarias son nuevas muestras de este papel. Por un lado, en vez de convertirse en garantes de que el gobierno metropolitano, en manos de su partido, haga efectivos los dineros prometidos a Canarias, los psoístas isleños anuncian que se van a convertir en fieros vigilantes de que el gobierno autonómico cumpla el “Plan Canarias”.
Por otro, arremeten contra un descafeinado e insulso proyecto de Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana. ¿La razón? Contempla la posibilidad de que el gobierno autonómico realice alguna consulta popular. Santiago Pérez, portavoz psoísta y guardián de las esencias, asegura que se trata de montar un referéndum independentista en el que Paulino Rivero será «ridículamente postulado como primer presidente de la nación Canaria».
Cualquiera que contemple con cierta serenidad la política canaria, se preguntará qué toma esta gente para imaginarse que los representantes de la burguesía dependiente pretendan cosa tan ajena a sus intereses. Y mucho menos a través de una ley de lo más inofensiva.
Es comprensible el susto permanente de los psoístas con respecto a Canarias. No deja de ser un reconocimiento implícito de que la supuesta “españolidad” de Canarias no es más que un mito insostenible y que, en cualquier momento, España no podrá hacer pasar por “asunto interno” un conflicto con un pueblo canario que reclame su independencia.
Pero, a la vez, este papel de guardia civil del PSOE le genera serias contradicciones internas. No en cuanto a su papel de brazo político de la oligarquía española, sino porque, siendo al fin y a la postre un sindicato de pisamoquetas en expectativa de destino, la línea de confrontación abierta con CC, encabezada por Juan Fernando López Aguilar, les aleja la posibilidad de acceder al gobierno autonómico, aunque sea en un papel subordinado. Y, por lo tanto, del reparto de empleos políticos, asesorías, reparto de fondos públicos, contrataciones, etc.
Los partidarios de pactar con CC a cualquier precio están al acecho de la marcha definitiva de López Aguilar a “tareas superiores” (condición previsiblemente exigida, además, por CC para apoyar los preupuestos del Estado). Al engreído actual Secretario general de los psoístas insulares, obligado a salir del gobierno metropolitano y enviado a la colonia a su pesar, siempre le ha quedado chico el Archipiélago para sus ambiciones. Pero ni así se atreven los pactistas a dar el primer paso. Toda su esperanza se deposita en que sea la dirección estatal del PSOE quién les diga el nombre del nuevo procónsul.
Sucursalismo es una cosa. Para lo del PSOE en Canarias aún no se ha establecido un término.
Independencia y Socialismo 