La ministra española de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha anunciado que se propone adoptar el “modelo alemán” consistente en compatibilizar la reducción de la jornada laboral y la prestación por desempleo. Ese modelo alemán consiste en que, para que los empresarios no ejecuten nuevos despidos, se les permita reducir la jornada laboral pagando solo el 50% de los salarios. Las trabajadoras y los trabajadores cobrarán un 25% del sueldo a cargo de las prestaciones por desempleo, dejando de percibir el otro 25%.
En realidad esto ya existe en la legislación española, ya que se trata de la misma fórmula de los Expedientes de Regulación temporal de Empleo (ERE). La diferencia es que las empresas no se verán obligadas a cumplir ninguno de los requisitos a los que obliga un ERE. Y como ha adelantado el ministro español de Trabajo, Celestino Gorbacho, sólo podrán acogerse a esta fórmula las empresas “a partir de un determinado número de trabajadores”, esto es, las grandes empresas (la mayoría de ellas en manos de o participadas por las corporaciones bancarias).
Una vez más, de lo que se trata es de financiar a las grandes empresas privadas con dinero público. A cambio, los trabajadores perderán la cuarta parte de sus salarios y consumirán buena parte de las prestaciones que podrían tener en el futuro si se ven en el paro, además de ver reducida la base de cotización para la pensión. Se trata de una extraña “solidaridad” frente al paro: los asalariados pierden dinero, tanto directamente como a través de los impuestos, para “solidarizarse” con los capitalistas.
La primera reacción favorable ha sido la de la cúpula burocrática de CCOO, que defiende la medida alegando que así “se salvarán 450.000 empleos”. En la misma lógica, si los obreros trabajásemos gratis, aún se “salvarían” más “empleos”. Por si fuera poco, tanto UGT como CCOO se muestran favorables a negociar una “reforma laboral” (es decir, la pérdida de derechos) en 2010. No en vano la ministra Salgado hizo hincapié en que la propuesta del ERE universal «debe partir de los agentes sociales». En el caso de los sindicatos mayoritarios, bien cabe subrayar que son “agentes”, pero agentes de los capitalistas en las filas de los trabajadores.
Mientras cientos de miles de millones de euros siguen yendo a financiar a los bancos y se permite que las grandes fortunas coticen al 1% a través de las SICAV –e incluso se les ha abolido el impuesto sobre el patrimonio–, las condiciones laborales y los sueldos de las asalariadas y de los asalariados se deterioran aceleradamente. Esta es la única salida que a los capitalistas y sus esbirros políticos (PP, PSOE, CC, PNV, CiU, etc.) se les ocurre para afrontar la recesión económica imperialista.
Una estrategia que requiere que las grandes cúpulas sindicales mantengan maniatados a los obreros e impidan las protestas y las huelgas. Gobierno y patronal saben que están sentados sobre una bomba de relojería. Temen, con razón, que en tales luchas las masas de trabajadores desborden el estrecho corsé del sindicalismo domesticado (y subvencionado). Precisamente por esa misma razón, debemos apoyar todas las movilizaciones obreras, por limitadas y alicortas que aparezcan en un principio.
Lo fundamental es que la clase trabajadora recupere la capacidad de lucha, se desprenda de la resignación y cambie la correlación de fuerzas.