Que en el Estado español se tortura sistemáticamente, no es una revelación tendenciosa que sólo los rojos y los presos políticos o sociales defiendan como quieren hacer creer algunos. Son instituciones y organizaciones como la ONU o Amnistía Internacional (nada sospechosas de tener simpatías hacia los países socialistas), las que en reiteradas ocasiones han denunciado el empleo de la tortura en las cárceles españolas.
Cuando organismos como estos, que a fin de cuentas están controlados por los Estados imperialistas más influyentes, no pueden ocultar las miserias de los países desarrollados, es porque el problema es bien gordo.
El Comité contra la Tortura de la ONU, reclama a España que cumpla el protocolo contra la tortura que firmó (pero no aplica) en el 2006. El Comité, pide la abolición del régimen de incomunicación y expresa su disconformidad con la liviandad de las condenas por este tipo de delito.
Estas conclusiones están recogidas en el último informe del Comité, hecho público el 20 de noviembre, y que son fruto de la inspección realizada al Estado español que de forma categórica vuelve a suspender en materia de respeto a los derechos humanos y erradicación de la tortura.
Como en las ocasiones anteriores, el informe del Comité asegura que el Estado español sigue torturando a sus presos. El Gobierno español por su parte ha presentado al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, como garante contra la tortura desempeñando las funciones del denominado «Mecanismo de Prevención de la Tortura».
El Ejecutivo español, tras firmar en abril del 2006 el Protocolo contra la Tortura de la ONU, estaba obligado a crear este Mecanismo, además de abolir el vigente régimen de incomunicación entre otras medidas.
Pero hay que recordar, que Enrique Múgica Herzog manifestó en el año 2007 a la revista “Aurora Israelí” que “Amnistía Internacional denunció malos tratos y tortura a detenidos por parte de las fuerzas de seguridad de España. Yo les aseguro que es totalmente falso”. Estamos apañados si el encargado de garantizar que no se torture en España, niega rotundamente que esta práctica exista.
También hay que precisar que España tiene antecedentes en el incumplimiento de protocolos contra la tortura, como el Convenio Contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes firmado en 1987.
Al Comité le parece acertada la elección, pero exige que el Gobierno de Zapatero ponga los medios necesarios a disposición del Defensor del Pueblo para “ejercer de manera independiente y eficaz su mandato de prevención en todo el país”.
En cuanto al infame régimen de incomunicación, utilizado por el Estado español en los delitos de terrorismo y banda armada, y que puede llegar hasta los trece días -tiempo suficiente para torturar incesantemente sin dejar huella-, el Comité afirma que “vulnera las salvaguardas propias de un Estado de Derecho contra los malos tratos y actos de tortura”.
Además, de todos es sabido aunque no lo recoja el informe de la ONU, la arbitrariedad y las artimañas de los tribunales españoles, para declarar terrorista o integrante de banda armada a los revolucionarios que sin pertenecer a organizaciones terroristas ni defender la lucha armada, son un peligro para el Estado por sus posiciones consecuentes.
La ONU apunta también a la levedad de las penas que se imponen por delitos de tortura. El Código Penal apenas establece condenas de dos a seis años de carcel en casos graves y de uno a tres si no lo son. También critica que los delitos de tortura prescriban en un plazo máximo de quince años siendo imprescriptible “sólo si si es constitutivo de un crimen de lesa humanidad”.
Lo que está claro es que la tortura existe en España, como en otros países capitalistas, porque es necesaria y hay un marco legal que la legitima. Es necesaria porque el Estado, la violencia organizada de la clase dominante, tiene precisamente esa finalidad: garantizar mediante el monopolio del terror y la violencia, la subsistencia hegemónica del bloque dominante. Y para ello hay un marco jurídico y un sistema carcelario con leyes y resquicios de todo tipo para que los cuerpos represivos del Estado puedan desempeñar su trabajo impunemente.
Independencia y Socialismo 