Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias

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Una economía insostenible

In Actualidad, Economía, Laboral on 2 diciembre, 2009 at 0:01

El parto de los montes de la pregonada Ley de Economía Sostenible ha quedado en un bluff. Y uno que a los isleños nos recuerda mucho al del pomposamente llamado “Plan Canarias”. Con la diferencia de que si al Archipiélago se le prometían 25.000 millones de euros en diez años, ahora se vende el humo de 20.000 millones para todo el Estado en el mismo periodo (aunque posteriormente Zapatero ha anunciado que van a ser solo para 2010 y 2011).

Y con el agravante de que de esos supuestos 20.000 millones, 10.000 los pondría el gobierno y otros 10.000 serían préstamos de los bancos (con el dinero que, a su vez, el gobierno pone a disposición de éstos)

Nos enfrentamos a otra operación de pura propaganda, de contenidos vacuos, que más parece una suma de tópicos o una carta a los reyes magos que un plan de acción de un gobierno al que se pueda tomar en serio.

La ministra española de Economía, Elena Salgado, anuncia al orbe mundo de que con esta Ley (por llamarla de algún modo) se pretende cambiar el modelo económico español mediante profundas reformas. Asegura que el objetivo es dejar atrás el crecimiento sustentado por el ladrillo y dirigirlo hacia una economía “más sostenible medioambientalmente y justa socialmente”.

Pero lo anunciado está lejos de tales objetivos. Por ejemplo, en materia de alquileres de viviendas, el gobierno anuncia que ofrecerá mayores incentivos fiscales a los arrendadores para poner en el mercado las viviendas desocupadas. Asimismo, incrementará las deducciones para los inquilinos, equiparando las condiciones del alquiler con las de la compra de una vivienda.

En la práctica esto va a suponer poco, ya que los propietarios individuales de viviendas ya se están viendo obligados a alquilarlas ante la imposibilidad de venderlas sin sufrir pérdidas de hasta un 50%. La excepción a esta necesidad la presenta los más grandes propietarios de viviendas, los bancos, que no están por la labor de alquilar pisos y sí por la de venderlos o, al menos, mantenerlos sobrevalorados en los balances.

A la vez, el gobierno quiere eliminar la deducción para la compra de una vivienda, a partir de 2011 para todas las rentas con una base imponible superior a 24.000 euros. Esto quiere decir que los trabajadores con un sueldo medio, que son los que pueden plantearse comprar una vivienda, verán dificultada la adquisición de la misma, con lo que seguirá aumentando el stock de pisos y casa vacías y sin vender.

En cuanto a la deducción para las obras en la vivienda habitual, que son sólo del 10% sobre un coste máximo de 3.000 euros al año (300 euros de deducción), y siempre y cuando sean para mejorar la eficiencia energética, el uso del agua o la adaptación para personas con movilidad reducida, solo cabe decir que el gobierno no tiene ni idea de cuanto vale una reforma en una vivienda.

Por su parte, el anuncio de “una mayor inspección de las entidades financieras” solo puede ser entendido como un sarcasmo. El que cientos de miles de millones de euros del erario público hayan ido a “rescatar” a los bancos españoles -con total opacidad y sin que se puedan conocer las cantidades destinadas a cada corporación- para que estos hayan incrementado el volumen de beneficios que reparten entre sus accionistas, pone en evidencia hasta que punto las promesas sobre “mayor control y transparencia” son creíbles en boca del gobierno español.

Igual de fantástico es el propósito de pagos más rápidos de las administraciones públicas. Por mucho que se reduzcan los plazos de pago a pymes y autónomos de 60 a 30 días como máximo y se establezca un máximo de 60 para los demás proveedores, ni se cumplen ahora los 60 días (ni se pagan intereses de demora), ni se van a cumplir los 30. Todavía hay ayuntamientos que descuentan el 10% de las facturas por “pronto pago” si lo hacen en menos de seis meses. Pero con los problemas de tesorería que están teniendo todas las administraciones, este propósito es meramente risible.

Por lo que se refiere a la reforma de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada para acelerar los trámites de constitución de empresas, estableciendo plazos de 5 días (para un capital social de 3.100 a 30.000 euros) y hasta de un día de plazo (de 3.000 a 3.100 euros), el gobierno español parece olvidar que, la condición primera para constituir una empresa es disponer de capital. Y que si bien es cierto que no tiene sentido el cúmulo de trámites y de impuestos previos, la principal dificultad está en los retrasos, cuando no la negativa, de los bancos a la hora de conceder los créditos necesarios para poner empresas en funcionamiento. A la que se suma hechos tan sangrantes como la energía eléctrica más cara de la UE.

En cuanto a lo de establecer una banda ancha universal a una velocidad mínima de 1 mega por segundo, en el universo real en que vivimos los ciudadanos, los problemas de conexión a Internet son otros. Con un mega de banda ya no se va a ningún lado. Y la corporación monopolista Telefónica de España no ofrece los anchos de banda que se necesitan hoy en día. De hecho, el Estado español tiene el menor ancho de banda de toda la Unión Europea y las conexiones a Internet más caras. Pero en esto no quiere entrar el gobierno Zapatero, no sea que vaya a molestarse el monopolio.

Y ya en las “medidas” de sostenibilidad ambiental, ni merece la pena detenerse. Ya veremos la efectividad del ‘sello’ que certifique la reducción de emisiones de CO2. Pero oye, lo bien que queda en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros.

A lo que menos publicidad se le ha dado es a las propuestas que el gobierno llevará al llamado “Pacto de Toledo” sobre pensiones, y que ya se conocen. Por un lado, la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, que pasaría de la media de los últimos 15 años cotizados a la de los últimos 20, con una importante reducción de lo que cobrará cada pensionista. Por otro lado, la ampliación de la edad de jubilación que pasaría, en una primera fase, de los 65 a los 67 años.

Igualmente se prepara un nuevo contrato destinado a los jóvenes, que contempla un severo recorte de las prestaciones sociales respecto a los contratos ya existentes. Tanto el recorte de las pensiones como estos nuevos contratos basura reducirán aún más el consumo, al reducir la capacidad adquisitiva de millones de personas, así como al dificultar el acceso a un puesto de trabajo a otros tantos jóvenes, que tampoco tendrán capacidad de consumo. Lo que agravará aún más la crisis.

La principal medida necesaria para pasar a una economía sostenible sigue siendo nacionalizar la banca, poniendo sus ingentes recursos no al servicio de un puñado de grandes accionistas, sino de la financiación de millones de autónomos y pymes, que son las que crean el 90% del empleo. Pero ese es un horizonte que el gobierno Zapatero ni se plantea. No digamos nada de abandonar el empeño de apuntalar un capitalismo que se viene abajo y pasar a la construcción de una sociedad verdaderamente sostenible, el Socialismo.