Teodoro Santana
El Congreso de los Diputados español admitió a trámite, por unanimidad, una proposición de Ley de Coalición Canaria (CC) para, supuestamente, delimitar las “aguas interinsulares” canarias (es decir, las aguas marítimas españolas en Canarias) dentro de un polígono de líneas de base recta que una los puntos más salientes de las Islas, añadiendo que «los demás espacios marítimos reconocidos internacionalmente serán contados a partir de dichas líneas de base recta».
Esta proposición de CC es, ni más ni menos, que una tomadura de pelo. Es significativo que no se hable de aguas territoriales, que es el término jurídico internacional, sino de “aguas interinsulares”, que es un mero brindis al sol. Igualmente se evita hablar del establecimiento de la mediana con las aguas territoriales marroquíes.
Hay una razón sólida para ello. A pesar de las unanimidades españolas, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, que entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, y que fue suscrita por el reino de España el 15 de enero de 1997, establece claramente que el Estado continental que tiene un archipiélago solo puede considerar propias las doce millas en torno a cada isla. Es decir, ni las aguas interiores al perímetro archipielágico ni el mar que lo rodea pueden ser aguas canarias mientras el Archipiélago no sea un país independiente.
De hecho, a partir de las 12 millas en torno a cada isla, y hasta las costa de La Gomera, estamos en plena Zona Económica Exclusiva de Marruecos, país que aún tiene la opción de expandirla aún más allá (hasta las 350 millas).
Evidentemente, hay países que, de forma unilateral, han declarado como aguas propias las que han creído conveniente. Normalmente sobre zonas marítimas que no están en disputa (como en el caso de Azores). Y estando dispuestos a defender esa declaración con la potencia de fuego de su Armada.
Visto el continuo apaciguamiento y la sumisión de España al reino de Marruecos, y las experiencias de la historia reciente, es más probable que España ceda el Archipiélago entero a la monarquía alauita antes de meterse en semejante disputa.
Sólo la República Canaria independiente y soberana puede establecer sus aguas territoriales, interiores y exteriores, delimitar su Zona Económica Exclusiva y reclamar la explotación de las riquezas naturales que contengan. Lo demás son engaños y piruetas poco serias, puros aspavientos electorales destinados a abducir el criterio objetivo de las canarias y de los canarios.
Cierto es que, forzando al máximo su lectura jurídica, se podría intentar hacer colar una interpretación favorablemente a la Canarias actual porque la Convención del Mar, en su artículo 305, apartado e), afirma que puede ser suscrita por «todos los territorios que gocen de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones Unidas, pero no hayan alcanzado la plena independencia de conformidad con la resolución 1514 de la Asamblea General [territorios en proceso de descolonización], y que tengan competencia sobre las materias regidas por esta Convención, incluida la de celebrar tratados en relación con ellas«.
Pero para que esta interpretación tuviera alguna viabilidad, la ONU tendría que reconocernos como archipiélago con plena autonomía interna, en fase de descolonización. Y España tendría que reformar su Constitución cediendo a Canarias todas las competencias sobre sus aguas territoriales, incluso la de suscribir tratados internacionales. Es decir, que Canarias iniciara definitivamente su proceso de descolonización e independencia.
¿Saben esto los partidos españoles? Lo saben. ¿Se lo han explicado sus equipos de juristas a los diputados de los distintos grupos? Seguro que lo han hecho. Pero todos ellos prefieren colaborar al ocultamiento de la realidad que mirar de frente la necesaria descolonización de Canarias. Mientras las canarias y los canarios sigamos alienados por los poderosos medios de comunicación imperialistas españoles y con la izquierda en la inopia, no tienen la necesidad.
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