Juan Rafael Lorenzo
Miembro del Comité Nacional del Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC)
La responsabilidad del Estado español
En 1966, la ONU aprobó la primera resolución favorable al referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. España ocupaba entonces el Sahara Occidental como metrópoli colonial, por lo que, conforme al derecho internacional, adquiría el papel de potencia descolonizadora, condición que, en tanto el proceso de descolonización no ha concluido, aún ostenta, por lo que el Estado Español tiene la obligación legal y la responsabilidad política, moral e histórica de facilitar la satisfacción de los derechos nacionales del pueblo saharaui.
No obstante, la política de Estado de España, desde esa resolución de hace 43 años, ha sido la de impedir la independencia del Sahara Occidental. Con el dictador Franco en fase terminal y en ascenso las ansias democratizadoras de los pueblos de España, el impulso de liberación nacional dado por el Frente Polisario era imparable con fuerzas coloniales propias. El llamado “Acuerdo Tripartito de Madrid” (firmado por España, Marruecos y Mauritania en 1975, por el que España entregaba la administración del territorio saharaui a los otros dos firmantes) suministraba esas fuerzas de ocupación, que frustraban el éxito cercano de la lucha saharaui.
Sea dicho esto de entrada, estableciendo la responsabilidad de la política de Estado española –dirigida por Franco, Juan Carlos de Borbón, UCD, PP y PSOE- en la situación actual del pueblo saharaui y en la vivida a lo largo de estos últimos 34 años.
Marruecos coge oxígeno con Bush
Múltiples han sido las vicisitudes políticas y diplomáticas transitadas por la República Arabe Saharaui Democrática (RASD). Con el derecho internacional de su parte –expresado en los dictámenes favorables del Tribunal de la Haya o de la ONU, donde el Frente Polisario tiene status permanente-, el cambio negativo en la correlación de fuerzas en el escenario mundial provocado por el desmantelamiento de la URSS ha propiciado maniobras dilatorias marroquíes con el apoyo de Francia y EEUU.
La Administración Bush llevó a su punto culminante el abandono del derecho internacional también en el conflicto del Sahara, defendiendo la posición marroquí en la misma ONU al hacer alegatos a favor del “plan de autonomía”, que contraviene todas las resoluciones de la ONU, regidas por la defensa del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui como elemento imprescindible del proceso de descolonización.
Fortalecida la parte marroquí, hasta el suave plan Baker -primero, habría una autonomía controlada por la ONU; y, después, un referéndum de autodeterminación con un censo favorable a Marruecos- fue llevado a vía muerta, no sin antes forzar la dimisión de Baker, en 2004, lo que fue producto de la “tenacidad de la diplomacia marroquí”, según palabras del Ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos.
El Sahara aparece en el mapa de Obama
Tras la investidura de Obama como presidente yanqui emergen varias iniciativas impulsadas por los sectores socio-políticos prosaharauis de EEUU, cuya figura más prominente es el recientemente fallecido E. Kennedy: cartas a Obama del mismo Kennedy y otra firmada por personalidades del mundo universitario y de la investigación social, gestos en el Senado –la Comisión de Finanzas solicita un informe sobre respeto por Marruecos de los derechos humanos en el Sahara ocupado antes de dictaminar sobre los presupuestos de 2010- y amplio despliegue de numerosas ongs (con visitas a Argelia incluidas). Estas iniciativas aparecían escalonadas en el tiempo y demandaban una señal del presidente para “ayudar a resolver este largo conflicto y garantizar los derechos del pueblo saharaui incluido el derecho inalienable a la autodeterminación”.
Obama respondió con dos gestos en menos de tres meses: uno, de su representante en la ONU, la cual ignoró el “plan de autonomía” en sus declaraciones sobre el Sahara del pasado mes de abril; dos, del propio Obama, en carta al sátrapa marroquí, en la que expresa que «mi gobierno trabajará con el suyo y con otras partes implicadas en la región para alcanzar una solución que responda a las necesidades de la población en términos de gobernanza transparente, de confianza en el Estado de derecho y de una justicia equitativa», obviando cualquier referencia a la posición marroquí.
Estas significativas omisiones coinciden con el relevo del enviado de la ONU para el conflicto del Sahara, relevo no sólo de personas, sino también de punto de vista. El holandés Peter van Walsum intentó en vano que la discusión se centrase en el “plan de autonomía”, para lo que contó, entre otros apoyos, con el de Moratinos-Zapatero. El nuevo enviado, Christopher Ross –estadounidense-, ya digiere un primer gesto marroquí: tras cuatro días de espera, no fue recibido ni por Mohamed VI ni por su Primer Ministro.
Ante este lenguaje diplomático, Ahmed Bujari, representante saharaui en Naciones Unidas, reclama, como no puede ser de otra manera, que “Obama implique a la ONU para resolver el conflicto en base a la legalidad internacional, el plan de arreglo y los trabajos realizados por el anterior enviado, James Baker”.
Apreciando en lo que vale este cambio de orientación, obligado es relacionarlo con el nuevo entramado político-militar y económico que EEUU teje en Africa. Por ello, esta pregunta para un próximo análisis: ¿Ahora le interesa a EEUU un Sahara independiente o presiona a Marruecos para lograr la gran base que necesita para disputar el Africa Occidental al neocolonialismo francés?
Independencia y Socialismo 