Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias

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Canarias: que se mueran las personas dependientes

In Actualidad on 26 enero, 2010 at 0:01

La Comunidad Autónoma Canaria (CAC) es el territorio del Estado que con más lentitud implanta la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Tres años después de ponerse en marcha esa Ley de Dependencia, miles de las canarias y los canarios más necesitados siguen esperando por la ayuda a la que tienen derecho.

El tiempo de espera desde la solicitud hasta que se recibe la prestación está entre los 18 meses y los 2 años. No deja de ser una forma en que el gobierno autonómico (CC-PP) hace caja con la financiación que percibe del Estado para atender a esas personas, hasta el punto de que, por cada dependiente canario atendido, el gobierno autonómico se queda 849,37 euros al año, según denuncia la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales con datos del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales).

De hecho, el gobierno autonómico canario no sólo no realiza aportación económica alguna, sino que obtiene un superávit por una financiación estatal que se cuantifica atendiendo a la larga lista de personas dependientes que existen en el Archipiélago. Como la CAC no da el servicio a todos los dependientes, no se gasta el dinero que recibe.

Así, mientras el Estado dio más de 40 millones de euros a la CAC en 2009 (sin contar los convenios del Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo), a los que hay que añadir más de 8 millones provenientes de las aportaciones de los usuarios, el gobierno autonómico empleó menos de 45 millones en atender a los dependientes. No sólo no ha aportado un solo euro, sino que además se embolsa la diferencia de 13 millones de euros.

El truco está en el Plan Individual de Atención (PIA) que hay que aplicar para evaluar el grado de necesidad de las personas que solicitan las prestaciones de la Ley de Dependencia.

Lo que se ha hecho es dilatar las prestaciones por el método de no evaluarlas a través del PIA, hasta el punto de que dos de cada tres canarias y canarios con derecho a prestación aún no han sido evaluados. Mientras tanto, los más débiles, es decir los dependientes, se desesperan vacilados una y otra vez por una burocracia agotadora.

Cuando se trata de ayudas económicas, el retraso se compensa porque el pago ha de hacerse con efecto retroactivo. Pero si lo que el dependiente necesita es un servicio (un geriátrico o un centro de día) nada repara esa dilación. Muchos mueren a la espera del servicio.

Si la media del Estado es de 1,04% personas atendidas respecto al total de la población, la CAC apenas da ayudas al 0,29% de los canarios, el porcentaje más bajo del Estado. Es evidente que nos encontramos ante un claro boicoteo a la ley. Eso sí, castigando a los sectores sociales más precarios, dejando sin sus derechos a más del 60% de los dependientes canarios.

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