Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC)
ALEGACIÓN:
1.- La propuesta sometida a participación pública atenta gravemente contra la cohesión social y la integración territorial de la zona norte de la isla, por las numerosas viviendas a las cuales afecta y por la gran afección a tierras de cultivo que constituyen el soporte fundamental sobre el cual el Norte de Tenerife se ha vertebrado socialmente, dando lugar a una genuina formación identitaria en la cual la tradición agraria es factor determinante de vertebración interna. En la introducción de la Ley de Directrices, en el apartado 3.5, que trata sobre los requerimientos específicos del carácter insular, se dice:
(….) las Directrices definen como esencial para la sostenibilidad del desarrollo, (….) la integración territorial del archipiélago.
Las actuaciones contenidas en el documento del Avance están en clara y total contradicción con el objetivo de promover la integración territorial del Norte de Tenerife.
2.- Pero, desde el punto de vista de la defensa de la sostenibilidad y de la biodiversidad, las propuestas contenidas en el documento del Avance parecen redactadas en otro lugar que nada tenga que ver con lo que está ordenado en estas islas. Así podemos tomar como ejemplo lo establecido en la Directriz 3, sobre criterios, donde se dice:
1. Constituyen criterios básicos en la elaboración de las Directrices los siguientes:
a) La preservación de la biodiversidad y la defensa de la integridad de los sistemas naturales que perviven en las islas, evitando su merma, alteración o contaminación y el desarrollo racional y equilibrado de las actividades sobre el territorio y el aprovechamiento del suelo en cuanto recurso natural singular.
Hay que preguntarse, ¿qué ocurre con los cientos de miles de metros cuadrados de suelos fértiles, y muchos de ellos en plena producción, que son arrasados con la propuesta de trazado del tren? ¿Cómo es posible presentar un documento técnico, sujeto a la Ley de Directrices, que pueda ignorar y violentar de manera tan descarada el marco normativo que lo regula? ¿Dónde queda el desarrollo natural y equilibrado de las actividades sobre el territorio cuando se proyecta destruir viviendas del pueblo y los suelos que les dan sustento? Evidentemente que el Avance no respeta ni los principios más esenciales de la Ley de Directrices.
3.- El documento sometido a información pública está sujeto a las determinaciones de la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. El principio que fundamenta esta normativa es el de evaluar la sostenibilidad de las actuaciones sometidas a la misma.
El concepto de sostenibilidad tiene como uno de sus fundamentos principales el de la maximización de las infraestructuras existentes. Es decir, si existe una determinada infraestructura para resolver unas necesidades concretas de la población no debe proyectarse otra nueva infraestructura para el mismo fin. Además, en el caso de la saturación de una determinada infraestructura, antes de plantear la ejecución de otra nueva debe considerarse con prioridad la remodelación de la infraestructura existente para renovar y ampliar sus capacidades como estrategia más sostenible.
La propuesta sometida a información pública choca frontalmente con este principio.
Si recurrimos a los principios establecidos para la ordenación del territorio en la Comunidad Canaria, claramente reflejados en el artículo 2 apartado 2 del DECRETO Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que dice:
2. La ordenación de los recursos naturales de Canarias se orientará:
1) A la búsqueda y consecución de un desarrollo sostenible.
2) Al mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos.
3) A la preservación de la biodiversidad y de la singularidad y belleza de los ecosistemas y paisajes.
4) A la integración en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos de aquellos espacios naturales cuya conservación o restauración así lo requieran, así como a la promoción en esos espacios de la investigación científica, la educación medioambiental y el encuentro del hombre con la naturaleza, en forma compatible con la preservación de sus valores.
5) A la mejora de la calidad de vida de las comunidades locales vinculadas a las áreas de influencia socioeconómica de los Espacios Naturales Protegidos.
Si prestamos atención a los apartados 1), 2) y 3) -arriba señalados en negrita- habrá que reconocer que en el marco legislativo canario existe un imperativo de sostenibilidad y de preservación de las características fundamentales del territorio, ya sean estas naturales o de producción social. Este reconocimiento expreso no es producto de la voluntad y la conciencia de las clases dominantes, sino que es producto de la presión social sostenida por nuestro pueblo en defensa de su territorio, que las clases dominantes se ven obligadas asumir, cínicamente, para tratar de mantener su hegemonía.
En cuanto a sostenibilidad se refiere, el documento sometido a información pública, se caracteriza por una argumentación permanentemente sesgada y orientada al fin para el que se encargó, que no es otro que “justificar” el carácter “sostenible” de esta brutal agresión al paisaje y a los recursos naturales de la isla. No se utilizan categorías de carácter científico sino que se recurre a valoraciones subjetivas que poco tienen que ver con una valoración rigurosa de los impactos producidos por la obra que se pretende realizar.
4.- La Directriz 86, haciendo referencia expresa a los criterios para el establecimiento de las infraestructuras –entre ellas las de transporte- dice textualmente:
3. (ND) La planificación de las infraestructuras se atendrá a los siguientes criterios:
a) ….
b) Desarrollará las alternativas que generen un menor impacto ambiental y supongan un menor consumo de los recursos, incluido el suelo y los materiales. En particular, analizarán la viabilidad de las nuevas infraestructuras, en contraposición a las alternativas de mejora de la eficiencia de infraestructuras existentes.
Resulta un auténtico ejercicio de cinismo que la documentación sometida a la participación del pueblo haga una caricatura sobre las posibilidades y potencialidades de la Autopista del Norte; infraestructura de primer orden, que de ninguna manera se puede considerar agotada en su capacidad para adaptarse a sistemas de transporte colectivo en lo que se conoce como “plataforma guiada”. Un científico estudio de esta importante arteria vial pondría de manifiesto sus grandes posibilidades para cumplir por un largo período de tiempo las necesidades del Norte de Tenerife, con una oferta de transporte colectivo mucho más idónea para la dispersión de las estructuras residenciales de la zona e, incomparablemente, más respetuosa con el tejido social y con los recursos naturales, hoy gravemente afectados ambos por las propuestas del Avance.
5.- Pareciera que los redactores del Avance, y la Corporación que le da trámite, no se hubieran leído las Directrices con el mínimo detenimiento necesario. Un ejemplo de ello es lo que se dice en la Directriz 81, apartado 2):
2. El sistema de transporte de Canarias facilitará que la satisfacción de la demanda de movilidad se haga con el menor consumo de suelo por las infraestructuras de transporte, minimizando igualmente el consumo de los recursos precisados para su operación.
Para dar cumplimiento a esta Directriz la Corporación Insular debería centrar todos sus esfuerzos en estudiar estrategias de mejora y ampliación de las capacidades de la Autopista del Norte. En ello está la clave de la mejora de las comunicaciones del Norte, para que sus vecinos y vecinas puedan seguir viviendo en sus lugares tradicionales, realizando las tareas que les han permitido desarrollarse como pueblo, y realizarlo en el futuro porque puedan seguir viviendo en el lugar que han construido con la aportación del trabajo de las sucesivas generaciones que han dado lugar a la formación social y económica del norte isleño.
6.- El despilfarro de los presupuestos públicos no es otra cosa que la utilización de los mismos como estrategia fundamental del proceso de acumulación de la burguesía local.
Si en los aspectos anteriores la propuesta del tren significa un ataque frontal a los intereses colectivos de nuestro pueblo, en el aspecto económico queda aun más evidente el carácter antisocial de la altísima inversión económica proyectada para un sistema de transporte inadecuado.
Es una realidad sistemáticamente comprobada en nuestra tierra que en todas las obras públicas los presupuestos iniciales resultan aumentados de manera brutal al final de las mismas; nos evitamos citar ejemplos por se ampliamente conocidos en nuestra sociedad.
Pero -sin entrar en este aspecto más que avalado por la experiencia-, ya las cifras que inicialmente se plantean en el documento sometido a información pública resultan absolutamente desproporcionadas con el problema que pretendidamente se trata de resolver. Por ello los autores del documento tienen que hacer ingeniería financiera para tratar de presentar unos números como creíbles, con una pléyade de afirmaciones carentes del más mínimo rigor técnico. El tren, en términos económicos, nunca será rentable. Se trata de enriquecer a constructores y a otros elementos parásitos del sector.
Por tanto esta obra solo se puede justificar dentro de la lógica de acumulación capitalista que desarrolla el sector de la construcción en la isla. Unos presupuestos cuantiosos, que luego se engrosarán de una manera desmedida durante la ejecución de la obra, que permiten el enriquecimiento de las principales constructoras locales que se pondrán de acuerdo mediante UTEs y otros sistemas de reparto concertado en el proceso de adjudicación de la obra.
Es decir, otro saqueo parasitario de las finanzas públicas que se nutren fundamentalmente a partir de los impuestos indirectos que paga nuestro pueblo y de la tributación absolutamente controlada de las rentas salariales, mientras los beneficios empresarias quedan exentos mediante la aplicación de la RIC.
Por tanto estamos ante un doble expolio a nuestro pueblo, expolio que incluye la progresiva destrucción de nuestros recursos naturales y de nuestra agricultura.
Por todo lo expuesto antes el Partido Comunista del Pueblo Canario se opone a la aprobación del presente Plan Territorial Especial, considerando tanto los aspectos políticos, como el incumplimiento descarado de la normativa de ordenación del territorio y de previsión del impacto ambiental. Así como la falta de rigor utilizado por los redactores de dicho Plan en la evaluación de las alternativas posibles y de los impactos de la opción elegida.
El Partido Comunista del Pueblo Canario se pronuncia por una solución sustentada en la mejora de la Autopista del Norte, y su adaptación a la prioridad del transporte público colectivo. Una solución sustentada en esta opción supondría una reducción absoluta de los impactos ambientales, una reducción importantísima de los presupuestos necesarios para su realización y una mayor posibilidad de orientar a la población a sustituir el transporte privado por un transporte colectivo de calidad, con las ventajas que esta opción tiene en todos los sentidos desde el punto de vista energético, ambiental y social.
La gestión del transporte colectivo de Tenerife tendrá sus efectos más positivos sobre la isla con la reversión de los procesos privatizadores, impulsados desde las distintas instituciones, recuperando el patrimonio público expropiado al pueblo en el marco de una economía popular hegemonizada por los intereses de la gran mayoría del pueblo canario. Para ello es necesario impulsar los cambios políticos que puedan llevar a sustituir al actual bloque de poder por otro, dominado por los trabajadores y el conjunto de sectores populares, que hoy están sometidos a los intereses del bloque histórico de poder en Canarias.
Por todo ello el PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO reclama:
Que teniendo por presentado este escrito de alegaciones al período de información pública del Avance del Plan Territorial Especial de Infraestructura del Tren del Norte, se sirva admitirlo y en base a lo expuesto, se proceda a descartar la opción de infraestructura ferroviaria propuesta en el Avance del Plan, y en todo caso, se opte por la denominada “Alternativa 1” de plataforma exclusiva para guaguas, como solución al problema de congestión del tráfico rodado.
En Sta. Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2010