Ariel Terrero
Y saltó la liebre. Recurrente, la frase asoma una vez más en el corolario de conflictos de la economía cubana, aunque mejor sería aludir a otro animal: el cerdo. De nuevo. O más preciso aún: saltó la burocracia, persistente, entorpecedora, irritante y espinosa como la plaga del marabú.
A fines de marzo, los campesinos habaneros, reunidos en un Pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), criticaron las trabas burocráticas que frenan la producción de carne de puerco. No es primera vez que el mal es denunciado por la prensa cubana. Hace exactamente dos años, Bohemia retomó el asunto y alertó en un reportaje, Cerdo embotellado, sobre el desaliento creado entre los productores por los enredos en la contratación y la comercialización. Es un problema, dijo entonces esa publicación, que “desanima al llamado sector no especializado -por convenios y cuenta propia-, que carga con dos tercios de la producción nacional.”
Las sombras asomaban justo en el 2008, cuando la cosecha porcina parecía despegar con fuerza y sin tropiezos, estimulada por el jugoso incremento de los precios a que el Estado compra el cerdo en pie a los criadores. En el año anterior la producción había dado un salto espectacular del 77 por ciento hasta 268 mil 200 toneladas, luego de oscilar en torno a 150 mil toneladas durante tres años. Pero ya en el 2008 perdió impulso. Aunque registró, entre aplausos, un nuevo récord histórico (292 mil toneladas), el aumento fue mucho menor, de solo un 11 por ciento. La evidencia más clara de la enfermedad quedaba reservada para el año siguiente: en el 2009, la producción cayó en un 4,1 por ciento, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas.
Las razones del declive pudieran enmascararse tras limitaciones de recursos y nefastos huracanes, reales también pero que no parecen ser la principal causa. En conversaciones con campesinos he percibido como principal obstáculo, esta vez, las molestias y la desazón provocadas por trámites engorrosos para contratar sus producciones, una pésima planificación, demoras en los pagos y una comercialización más regida por dictados de buró que por la demanda del mercado.
Los productores se debaten entre el estímulo de precios atractivos para varios renglones agropecuarios –carne, leche, viandas, hortalizas y granos, entre otros- y la incertidumbre de que el exigente trabajo de meses quede varado en una cochiquera o en el surco.
El mismo problema que desacelera hoy a la crianza de cerdo, pone en peligro a otras alternativas agrícolas y contra la pared al objetivo, planteado con carácter estratégico por el Gobierno, de incrementar la producción nacional de alimentos. Evidentemente, no basta con ofrecer buenos precios a los agricultores. Tampoco con las estructuras productivas más dinámicas y descentralizadas que poco a poco introduce el sector. Todos esos esfuerzos corren el riesgo de fracasar si la contratación y la comercialización no consiguen romper las amarras actuales.
La demora para desenredar estos nudos, denunciados desde hace años, habla por sí sola de la rigidez de la burocracia para cambiar rutinas y de la ineficacia de fórmulas que, al centralizar cada vez más la comercialización, han otorgado un poder desmedido a funcionarios forzosamente alejados de la huerta. La empresa estatal de acopio no cuenta con vigor ni operatividad suficiente para asumir el movimiento de todas las producciones agropecuarias. Tiende, por tanto, a priorizar las cosechas planificadas y se ahoga frente a picos o sobreproducciones que se verían muy bien en las tarimas de mercados agropecuarios y, por extensión, en la mesa del consumidor cubano. El plantón dado al tomate el año pasado es apenas un ejemplo.
La actividad de acopio merece de un fortalecimiento, pero sin cerrarle las puertas a otras alternativas que permitan un acercamiento más dinámico y flexible de los productores al mercado. Los temidos intermediarios parecen, al final, una figura necesaria; en lugar de combatirlos, ¿no sería mejor organizarlos en cooperativas o mediante otras variantes, que incluyan una sabia regulación tributaria y una fiscalización eficaz?
En la misma medida en que fluya mejor la comunicación entre surco y mercado, y la regulación de precios –tanto los del productor como los del consumidor- responda realmente a la demanda y a los movimientos de cosecha, el campesino tendrá más motivación para sudar los rendimientos que necesita el país.
(*) Ariel Terrero es periodista cubano, especializado en temas económicos, y Jefe de Información de la revista Bohemia.
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