Especialista alemán lo confirma: Fundación del Partido Popular español intentó derribar a Evo

COLABORACIÓN


Jean-Guy Allard

La Fundación Iberoamérica Europa (FIE), una sucursal del falangista Partido Popular español de Mariano Rajoy que fue dirigida por Ana Botella, la esposa del ex presidente del consejo Josè Marìa Aznar, ha financiado en 2007 a golpe de millones un fracasado golpe de Estado contra el presidente boliviano Evo Morales.

Lo confirma el periodista e investigador aleman Ingo Niebel en un artículo publicado en la página web de la revista alemana Geheim (www.geheim-magazin.de), especializada en temas de inteligencia y subversión.

Niebel señala como la fiscalía boliviana está investigando a la FIE porque tiene indicios de que por esta vía unos mercenarios recibían unos 250.000 euros (300.000 dólares) para realizar el golpe de Estado y un atentado contra el mandatario.

En su estancia en Madrid para la Cumbre de la Unión Europea con América Latina, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha acusado al Partido Popular (PP) español de haber organizado en 2007 un golpe de Estado en su país que «felizmente» fracasó. El jefe de Estado boliviano hizo estas declaraciones durante los Desayunos Informativos de la agencia española Europa Press –cercana a la extrema derecha peninsular– el 18 de mayo de 2010.

El dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) basó sus acusaciones en informaciones publicadas por medios de comunicación que señalaron como el PP organizó el golpe de Estado a través de “una fundación española”. La propia Europa Press sugirió en su propia nota de prensa que la institución en cuestión “podría ser” la Fundación Iberoamérica Europa (FIE).

La revista alemana Geheim subraya como en su página web la FIE indica que mantiene relaciones con la Cámara de Comercio e Industria CAINCO de Santa Cruz, un fuerte de la oligarquía boliviana y centro de la resistencia antisocialista en Bolivia.

El presidente de la FIE es el ex diputado del PP, Pablo Izquierdo, quien mantiene estrechos contactos con el PP y con el ex jefe de Gobierno español José María Aznar (1994-2006); la esposa de este último, la política madrileña Ana Botella presidió la FIE entre 1994 y 1999, precisa Ingo Niebel..

“Otros militantes del PP ocupaban altos cargos en la FIE”, indica el experto al precisar cómo “entre 1999 y 2008 la fundación recibió subvenciones públicas por el valor de 4,3 millones de euros; de esta suma unos 990000 euros fueron destinados para su labor en Bolivia.”.

La “Prima Donna” del PP madrileño y jefa de la Comunidad de Madrid, politiquera ultraderechista que lidera las campañas de difamación contra Cuba en España al lado del agente CIA y terrorista prófugo cubano Carlos Alberto Montaner, tenía que aparecerse en el complot: “En noviembre de 2008 la FIE recibió otro millón de euros, esta vez por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por otra política del PP, Esperanza Aguirre”.

FONDOS PARA LOS DESFAVORECIDOS, DIJO EL PAIS

En septiembre de 2009 el diario español El País –otro elemento de la cadena derechista– informó de que 750000 euros de dicha suma iban a parar en «el fortalecimiento de las capacidades institucionales para el desarrollo de los sectores más desfavorecidos de Bolivia».

Otros 150.000 euros estaban destinados para «el fortalecimiento de las instituciones del sector empresarial, de líderes sociales y jóvenes periodistas en Venezuela».

“En el Estado español la FIE se dedica a atender en sus tres centros a inmigrantes originarios de América Latina y de Rumania. Para esa labor recibió otros 1,6 millones de euros”.

En su articulo de Geheim, Niebel subraya “que hace un lustro la oficina anticorrupción OLAF de UE estaba investigando la fundación. Actualmente el tribunal excepcional español, la Audiencia Nacional, ha abierto diligencia contra altos cargos del PP por el supuesto delito de corrupción”.

En 2002 el PP apoyó al golpista venezolano Pedro Carmona Estanga antes, durante y después de su acción ilegal contra el presidente legítimo Hugo Chávez.

Ingo Niebel es autor de numerosos estudios sobre actividades de inteligencia y de subversión norteamericana y europea en América Latina.

La conspiración del 2007 ha precedido otra, ocurrida en abril del año pasado, cuando un comando de mercenarios de Europa del este intentó asesinar a Evo Morales.

Las circunstancias de la muerte en Estados Unidos del espía de origen húngaro Istvan Belovai, que orientaba a los conspiradores, siguen misteriosas.

El ex oficial húngaro de inteligencia que sirvió de enlace entre el húngaro croata Eduardo Rózsa Flores, el jefe del grupo paramilitar encargado del magnicidio, y la inteligencia norteamericana, falleció el 6 de noviembre, en Denver, Estados Unidos, donde radicaba desde su salida apresurada de su país en 1990.

El fallecimiento ocurrió justo cuando en Bolivia se revisaba minuciosamente el contenido de una de las computadoras laptops de Rózsa Flores. En una carpeta de archivos llamada Bel – Norte, los peritos bolivianos encontraron varios correos electrónicos que Rózsa Flores intercambió con el agente Belovai.

Llama la atención como entre los cabecillas del Consejo Supremo que dirigió la conspiración se encontraba el influyente empresario de Santa Cruz, Branko Marinkovic, croata de origen, quién se fugó de Bolivia al ser denunciado por la Fiscalía y encontró refugio en territorio de Estados Unidos.

Tras desarticulación del comando, el gerente del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CAINCO, Alejandro Melgar Pereira, cómplice del complot, huyó de inmediato de Bolivia a Estados Unidos.

También se comprobó que Rózsa Flores estuvo en contacto con UnoAmérica, organización fascista de América Latina encabezada por Alejandro Peña que luego se apareció al lado de los golpistas hondureños.

El régimen de Tegucigalpa ha mantenido por otro lado relaciones privilegiadas con la ultraderecha española – y con connotados miembros de la mafia cubanoamericana, conocidos por su colaboración con la CIA y sus lazos con el PP español, entre otros Armando Valladares.

(*) Jean-Guy Allard es analista canadiense y autor de varios libros sobre temas relacionados con Estados Unidos.

Anuncio publicitario

Lo siguiente: pagar por la sanidad pública

Ya está en marcha el siguiente paso en la ofensiva capitalista contra las trabajadoras y los trabajadores del Estado español. Bajo el eufemismo de “copago sanitario” se pretende que paguemos por acudir al medico del ambulatorio, que aumente el porcentaje que pagamos por las medicinas y buena parte de los costes de hospital si nos vemos obligados a ingresar por una afección o para una operación.

Otras veces se ha hablado de esta fórmula, que ha sido puesta en práctica recientemente, por ejemplo, en países como Rumanía. Pero esta vez la cosa va en serio. La pasada semana la ministra española de Sanidad, Trinidad Jiménez, declaró en TVE que están estudiando la introducción del copago sanitario como una alternativa para «garantizar la sostenibilidad» del Sistema Nacional de Salud. Por su parte, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, afirmó que el «copago» de los servicios sanitarios por parte de los ciudadanos está sobre la mesa «como posible».

Ocaña reconoció que el copago estuvo a punto de incluirse en el reciente decreto de ajuste de Zapatero, pero que finalmente no se hizo. De hecho, se limitó a fijar reducciones en las dosis de los medicamentos que se distribuyen mediante receta ambulatoria. Medida poco efectiva desde el punto de vista económico, ya que el 90% del gasto farmacéutico es hospitalario. Y aquí lo que funciona son los contratos con las grandes multinacionales farmacéuticas.

Sin embargo, el gobierno metropolitano se ha comprometido ya con los consejeros autonómicos de Sanidad a estudiar esta medida y, paralelamente, en el Congreso de los Diputados hay una ponencia trabajando para implantarla.

El pago de un euro por visita médica, una de las medidas que se incluirían en el “copago”, más que reducir el déficit sanitario, tendría la virtualidad de “moderar” la demanda de servicios sanitarios, haciendo que las personas con menos recursos –parados, pensionistas– se retraigan de acudir al médico aunque lo necesiten.

La medida, sin embargo, cuenta con el apoyo de algunas comunidades autónomas, como Canarias y –¡oh sorpresa!– Cataluña, donde ERC, partido supuestamente “de izquierdas”, defiende su utilidad para “descongestionar” los servicios sanitarios públicos cuya situación se “agrava” debido a los «hábitos» de los ciudadanos, que «sobreutilizan» los servicios gratuitos.

En paralelo, las políticas desarrolladas por PP y PSOE, y también CC, consiste en “externalizar” cada vez más la sanidad pública. Es decir, privatizarla al máximo, especialmente en aquellos ámbitos en que puede ser una mina de oro para las corporaciones sanitarias privadas.