Este miércoles el gobierno socialdemócrata español ha aprobado lo que es el mayor ataque a los derechos laborales de la clase obrera del Estado desde la época de la dictadura fascista. La llamada “reforma” laboral pone a las trabajadoras y a los trabajadores a los pies de los caballos y los catapulta al paro. Lo malo es que éste no es sino un primer paso. Lo peor aún está por llegar.
De momento, tras la disminución de los salarios a los empleados públicos y la congelación de las pensiones, se abarata el despido –que además se estimula, financiándo todos los despidos con dinero público–, generalizando el contrato de 33 días de indemnización a prácticamente todos los colectivos, y se desvinculan los llamados “despidos objetivos” (por razones económicas) de la viabilidad de la empresa y de la garantía de la viabilidad del empleo. Además, se da poder absoluto y arbitrario a los patronos para que modifiquen la ubicación, el horario y los salarios de los trabajadores.
La contrarreforma permitirá a las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) contratar con las administraciones públicas, en las que el nivel de temporalidad es incluso mayor que en el sector privado, precarizando aún más el trabajo.
Por si fuera poco, los convenios colectivos desaparecen en la práctica, al poderse descolgar de ellos cualquier empresa con la simple intervención de un mediador designado por la administración. Se acaba así con la negociación colectiva y se “desjudicializan” las relaciones laborales, uno de los objetivos principales de la patronal, dejando inermes a los trabajadores ante la modificación unilateral de las condiciones de trabajo y los abusos de los capitalistas.
De hecho, estas medidas reducen el papel de los sindicatos al de meras gestorías y los aboca a su desaparición tal y como los conocemos. Y aún hay que esperar el endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación y la disminución de las cuantías de las pensiones futuras, el retraso de la edad de jubilación y más recortes salariales y laborales.
Lo peor es que, hasta desde el punto de vista de la pervivencia del capitalismo, esta agresión es contraproducente, ya que va a reducir salarios, disminuir el consumo y, por lo tanto, agravar la crisis agónica del sistema.
Que esta brutal agresión contra la clase obrera la perpetre la socialdemocracia no debería sorprendernos. El gobierno de Felipe Gonzáles rebajó en tres ocasiones las cuantías de las pensiones cambiando la forma de cálculo y el mínimo de años cotizados, procedió a una reconversión salvaje del tejido industrial del Estado español y generalizó la privatización de todas las empresas públicas y los contratos temporales, hasta por horas, llevando la temporalidad a los extremos actuales.
De hecho, llegó a implantar el famoso “contrato basura”, que suponía no cobrar ni cotizar cuando se caía enfermo. El PP apenas tuvo que hacer nada: el trabajo sucio ya lo había realizado el PSOE ¡en nombre de la izquierda! De hecho, fue el gobierno de Aznar el que eliminó los obscenos “contratos basura”.
Ese es el papel de la socialdemocracia: ejecutar las políticas más duras adormeciendo a la clase obrera y tratando de embellecer el capitalismo. “La reforma no toca los derechos laborales de los trabajadores”, dice la vicepresidenta española Fernández de la Vega. “La reforma beneficia al empleo y a los trabajadores”, dice Zapatero. “Es un buen punto de partida”, dice ERC –tan mitificada otrora en Canarias–.
¡Para que no gane la derecha, y en nombre de los intereses de los trabajadores, legislemos para que los capitalistas puedan hasta beberse su sangre! Bien haría el progresismo timorato, que sueña con ser la pata “izquierda” –o la mano tonta– del PSOE, en romper definitivamente con la socialdemocracia y reforzar la unidad de comunistas y socialistas revolucionarios.
Lo demás es trabajar para el enemigo.
Independencia y Socialismo 