Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias

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Cuestión de Justicia

In Actualidad, Opinión on 22 julio, 2010 at 0:01

Teodoro Santana

 
 

El cambio de forma de la dictadura burguesa en el Estado español, de la fascista a la democrática, obligó a cierto número de reformas en los aparatos de poder, desde el ejército a las leyes. En todos ellos hubo que adaptarse a las nuevas apariencias exigidas por la “transición”.

El único aparato que permaneció incólume, inasequible a las reformas democráticas, fue la administración de Justicia del fascismo. En lo esencial, sigue siendo una casta burocrática endogámica, omnímoda y por encima de cualquier control popular.

Y no es un aparato de poder cualquiera, sino una eficacísima palanca de la oligarquía imperialista española que impuso la continuidad de la inamovilidad de los jueces, la libre arbitrariedad para interpretar las leyes y su blindaje frente a la voluntad popular.

Los jueces tienen en sus manos la vida y hacienda de los ciudadanos. ¡Pobre de quién atraiga su antipatía, animadversión o desprecio! Son verdaderos tiranos en sus juzgados, ganan grandes sueldos sin control efectivo sobre su productividad y se relacionan con la crème de la crème de la sociedad, donde establecen sus amistades y réditos sociales.

Frente a los intereses y los caprichos de los grandes capitalistas, difícil lo tiene un asalariado para reclamar justicia. No sólo puede el ricachón pagarse los mejores abogados, cuando la mayoría de las veces el asalariado no tiene ni para pagar uno barato, sino que el burgués puede hundirlo en la quiebra absoluta y la más negra miseria a base de ponerle denuncia tras denuncia (lo que al capitalista sólo le supone un poco de su calderilla).

Añadamos a esto la figura feudal del “procurador”, alguien a quién hay que pagar para “mover papeles”. Es decir, por “agilizar” trámites, como si la “dignidad” de jueces, fiscales y abogados estuvieran por encima de tales tareas.

Además de la corrupción pecuniaria (que, en todo caso, toca juzgar ¡a otros jueces!), de la que no se habla –y sí de la de los políticos–, estamos frente a una administración de justicia corrompida desde sus cimientos, al no ser democrática y estar viciada por las relaciones de clase social, lo que se manifiesta en descarados posicionamientos ideológicos –de derecha o extrema derecha, claro– que quedan una y otra vez impunes.

Baste recordar los crímenes contra la humanidad y de genocidio cometidos en Canarias y en España, que se mantienen como judicialmente inabordables, mientras que la mayoría de los jueces se niegan a abrir los procedimientos para poder sacar a las víctimas de las fosas comunes y enterrarlas dignamente.

Por no hablar de la aplicación entusiasta de la Ley de Partidos, la llamada “doctrina Parot” (una forma retorcida de aplicar una cadena perpetua no prevista en la ley) o el supuesto de que “todo es ETA”, que ha mandado a la cárcel a decenas de personas por delitos de opinión.

¡Pero si todavía hay jueces del fascismo hasta en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo españoles! ¡No sólo no han ido a la cárcel por su complicidad con un régimen que practicaba el asesinato en masa, sino que fijan las reglas de la “democracia”!

Reducida la figura del jurado popular a mera anécdota, siempre minimizada, el aparato de Justicia es una de las piedras angulares de la tiranía capitalista sobre las trabajadoras y trabajadores. Pero también del dominio de los grandes monopolios sobre las pequeñas empresas, que la tienen siempre perdida en los actuales tribunales frente a aquellos.

¿Pero cómo se puede hablar de “justicia” si los juzgados son meros ejecutores de los desahucios ordenados por los bancos contra las familias obreras? ¿No estaría por encima de cualquier interpretación leguleya y mezquina el estado de necesidad de las víctimas?

Avanzar en una democracia verdadera, sostenida en la voluntad y la participación popular, exige la demolición de la administración de justicia actual y su sustitución por tribunales populares y jueces elegibles y revocables, sujetos al escrutinio y el control públicos, y orientados a hacer de verdad justicia y defender los intereses de la inmensa mayoría.

Y, desde luego, que establezcan el justo castigo a los jueces que hacen de su capa un sayo y reinan tiránicamente impartiendo la injusticia y haciendo prevalecer los intereses de la oligarquía. Porque Justicia no es olvido, sino todo lo contrario.