Comunicaciones encriptadas: ahí está la “mano peluda” de la CIA y la NSA

COLABORACIÓN
 

Jean-Guy Allard

Estados Unidos alienta -e incluso subsidia a través de la USAID- la introducción de tecnologías de comunicaciones encriptadas de última generación en países que pretende dominar mientras obliga a sus fabricantes a entregarle las claves de sus sistemas.

Lo demuestra la controversia internacional acerca del Blackberry, dispositivo de comunicación cuyo sistema de encriptación es ahora objeto de discusión en varios países -incluyendo a la India, Líbano, Indonesia, Arabia Saudita, Kuwait y Los Emiratos Arabes Unidos- que analizan la opción de restricciones a su fabricante canadiense, Research In Motion (RIM), invocando razones de seguridad nacional.

Los mensajes emitidos por los Blackberry se encriptan y son accesibles sólo vía servidores de RIM, todos ubicados en Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña.

BlackBerry ofrece una encriptación completa del mensaje y se usa una llave criptográfica para su descodificación lo que garantiza, afirman, “una seguridad casi absoluta del mensaje”.

Textos publicados en la prensa norteamericana y británica confirman como, por ley, el Gobierno de Estados Unidos, obliga a RIM y a cualquier otro dueño de sistema de comunicación encriptada a entregar a las autoridades estadounidenses correspondientes las claves que luego permiten a los servicios de contrainteligencia vigilar a las comunicaciones privadas.

Fuera de Estados Unidos, el sistema de encriptación NO permite a las autoridades encargadas de la seguridad nacional monitorear estos mensajes, abriendo la puerta a la subversión, el terrorismo y el espionaje.

Y a los servicios de inteligencia penetrar las comunicaciones de otras naciones de su interés.

El peligro es tal que en 2007, Francia ha pedido a sus funcionarios no comunicarse por Blackberry. Los franceses desarrollaron luego su solución al crear el Tarem, con un nivel de tecnología que pretende mantener las comunicaciones en secreto

Cuando se formó el actual gobierno alemán, en el 2009, fue noticia de que se les entregó a la canciller, sus ministros y a otras mil personas de importancia teléfonos especiales.

LA USAID FINANCIA LA PENETRACIÓN TECNOLÓGICA

Desde hace ya varios años, la agencia norteamericana para la desestabilización, la USAID, que actúa bajo la cobertura de la ayuda “humanitaria” en decenas de países, intenta introducir en Cuba tecnologías de comunicación de última generación.

Lo confirmó abiertamente en diciembre del 2009 un portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, al precisar que contratistas de la USAID buscaban proveer a los “colaboradores” de la Sección de Intereses norteamericanos en La Habana, equipos tales como GPS y teléfonos satelitales.

En un análisis publicado por The New York Times en su página editorial este 9 de agosto, bajo la firma de Richard A. Falkenrath, se reconoce explícitamente que las tecnologías cuyo uso escapa a las autoridades judiciales benefician a “los terroristas, traficantes de droga e incluso de seres humanos, agentes extranjeros y eventuales asesinos”.

El texto reconoce como en Estados Unidos, los proveedores de telecomunicaciones están requeridos de entregar un mecanismo de acceso a sus señales por el Acta de la Asistencia a las Comunicaciones para las Autoridades Judiciales (Communications Assistance for Law Enforcement Act) de 1994 y otras regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

“Como principio general los proveedores aquí deben ofrecer medios a las agencias federales, generalmente el FBI”, precisa el texto, omitiendo nombrar a agencias más “sensibles” de la llamada comunidad de inteligencia, tales como la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), denunciada en numerosas oportunidades por sus abusos en materia de vigilancia de las comunicaciones privadas.

Se cuenta como, al asumir la presidencia Barack Obama, lo primero que hizo el Servicio Secreto fue quitarle su Blackberry, por razones de seguridad. Mientras RIM asegura que «ni la NSA puede leer» sus mensajes encriptados, la firma confiesa que colaboró con la NSA y el Pentágono para la creación de un “Super-Blackberry” presidencial.

EL iPHONE, ¿APARATO DE ESPIONAJE TELEDIRIGIDO?

Según la prensa alemana, el iPhone se ha convertido en un símbolo del status social por el elevado precio que se debe desembolsar tanto para comprarlo como también para las cuotas mensuales que las compañías telefónicas exigen.

En determinados ámbitos empresariales y de profesiones libres (periodistas, fotógrafos, editores, abogados etc.) hay que poseer un iPhone o un Blackberry para mostrar su riqueza y el hecho de que uno esté con la moda y con la tecnología avanzada.

Sin embargo, la casa Apple ha registrado una nueva patente que podría convertir el iPhone en un aparato de espionaje teledirigido desde la sede de aquella empresa: para evitar el robo, así la excusa, se podría activar el sistema GPS para localizar el aparato; el micrófono podría ser utilizado para identificar a su propietario (en combinación con la cámara) o para detectar si otra persona lo está utilizando.

Por la misma vía Apple quiere grabar el ritmo cardíaco, lo que permite detectar si el usuario se halla en un estado de estrés.

El sistema de espionaje debe ser activado cuando se teclea tres veces seguidas el incorrecto número clave, cuando se cambia la tarjeta SIM por otra; cuando se emplea el aparato en otra red que la permitida, etc.

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Motivos para la huelga general

Vicenç Navarro

 
 

Es importante que se entienda y se conozca qué ha estado ocurriendo en la Unión Europea durante estos últimos años (y no me refiero sólo a lo que ha pasado desde el inicio de la crisis en 2007). La participación de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional en el promedio de los países de la UE-15 ha ido descendiendo desde principios del establecimiento de la Unión hasta hoy, bajando del 69% al 56%. Este descenso ha sido mucho más acentuado en la zona euro, y todavía mayor en España. Ello ha ido acompañado de un aumento del desempleo en el promedio de la UE-15 (interrumpido provisionalmente en España por la burbuja inmobiliaria hasta que estalló) y de un deterioro de las condiciones de trabajo. El porcentaje de trabajadores que declara trabajar en condiciones estresantes en el promedio de la UE-15 ha pasado del 32% de la población empleada a un 54% en 2008. En España ha sido incluso mayor. Una consecuencia de ello es que las enfermedades laborales por estrés han aumentado.

Por si esto no fuera suficiente, la protección social se ha ido deteriorando. La tasa de crecimiento del gasto público social (que cubre los gastos públicos en las transferencias y servicios del Estado del bienestar) ha ido descendiendo en el promedio de la UE-15 desde principios de la década de los noventa (habiéndose interrumpido este descenso entre 2004 y 2008 en España durante la alianza –informal– del PSOE con IU-ICV, ERC y BNG). Ha vuelto a descender a partir de entonces, y España ha permanecido en la cola de la Europa social, siendo el país de la UE-15 con el gasto público social por habitante más bajo. Además de este descenso hemos visto una disminución de los derechos laborales en la mayoría de los países de la UE-15.

Mientras la clase trabajadora y grandes sectores de las clases medias veían disminuir su capacidad adquisitiva (la mayor causa del enorme endeudamiento de las familias), hemos visto un enorme incremento de los beneficios empresariales. Estos aumentaron un 38% en la media de la UE-15 y un 42,3% en la zona euro durante el periodo 1999-2008, mientras que los costes laborales aumentaron sólo un 17%. En España, este contraste entre la austeridad impuesta a las clases populares y la bonanza y exuberancia de los beneficios empresariales fue incluso más acentuado. Durante el mismo periodo, las mayores empresas españolas vieron aumentar sus beneficios netos un 73% (casi el doble de la media de la UE-15), mientras que los costes laborales aumentaron durante el mismo periodo un 3,7% (casi cinco veces menos que en la UE-15). Dentro de estas empresas, las que alcanzaron elevadísimos niveles de beneficios fueron las financieras, que basaron su riqueza en el enorme endeudamiento de las familias europeas y españolas y en actividades altamente especulativas, incluyendo las inversiones inmobiliarias, que se convirtieron en el motor del crecimiento económico en varios países, incluyendo España. La banca española, bajo la pésima supervisión del Banco de España, tiene una enorme responsabilidad en el desarrollo del complejo bancario-inmobiliario-constructor y su burbuja, que al explotar ha creado el enorme problema económico, además de dificultar enormemente la accesibilidad al crédito por parte de la ciudadanía y de la mediana y pequeña empresa. Es una enorme incoherencia (para ponerlo de una manera amable) que el gobernador del Banco de España, Francisco Fernández Ordóñez, que junto con anteriores gobernadores es el responsable de una de las mayores causas de la crisis en España, esté ahora liderando el movimiento neoliberal, y responsabilice a los sindicatos por el elevado desempleo causado, según él, por una supuesta rigidez de los mercados laborales.

A nivel europeo, los hechos presentados en los párrafos anteriores se deben, no a los mercados financieros, sino al desarrollo de las políticas neoliberales, promovidas por las mayores instituciones de la UE, y muy en especial por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, controlado este último por las derechas (cristiano-demócratas y liberales). Estas instituciones han estado imbuidas del pensamiento neoliberal, al cual se han adaptado gran parte de los partidos socialdemócratas gobernantes que han abandonado elementos claves de la tradición socialdemócrata para convertirse en partidos socioliberales. Estas políticas han consistido en la desregulación de los mercados laborales, la reducción de la protección social, la reducción de los impuestos, el aumento de su regresividad (responsable, en parte, de que las desigualdades sociales en la UE-15 hayan alcanzado el mayor nivel conocido en los últimos 20 años), las privatizaciones de los servicios del Estado del bienestar, y la reducción de los beneficios laborales y sociales. La reducción de impuestos, por cierto, determinó el crecimiento de la deuda pública en todos estos países.

Todas estas políticas han respondido al enorme poder de clase, es decir, del capital (mundo empresarial y financiero y rentas superiores), que está aprovechando ahora la crisis creada por ellos para conseguir lo que ha estado deseando todos los años: debilitar todavía más al mundo del trabajo al cual pertenecen las clases populares. De ahí que sea fundamental que exista una protesta masiva el día 29 de septiembre, a nivel europeo y a nivel español, para iniciar un proceso de reversión de tales políticas, no tanto por un cambio político en el que ganen las derechas (PP en España y CiU en Catalunya) que empeoraría todavía más la situación, sino por un cambio muy sustancial en las izquierdas, y muy en especial de las gobernantes, que no ocurrirá a no ser que haya una protesta generalizada en contra de aquellas políticas. Así ocurrió, por cierto, en las últimas huelgas generales, y así debiera ocurrir ahora.

(*) Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.