Los diez mandamientos de la contrarreforma laboral

1. Despido objetivo preventivo de 20 días a gusto del capitalista. Las empresas podrán despedir a 20 días con máximo de un año de indemnización cuando haya ‘pérdidas existentes o previsión de haberlas o de una futura «reducción de ingresos». Prácticamente cualquier empresa podrá alegar uno de estos motivos, se generalizará como la vía habitual de despido convirtiéndose en el ‘contrato único’ de 20 días que pedía la patronal. Cualquier trabajador actual con cualquier tipo de contrato existente está afectado por esta medida. El mayor ahorro en el despido respecto a la situación actual se produce cuanta mayor antigüedad tenga el empleado, lo que facilitará de forma muy barata sustituciones de plantillas por personal nuevo en peores condiciones.

2. La carga de la prueba en caso de denuncia del despido tendrá que ponerla el trabajador. Aun siendo las causas objetivas extremadamente fáciles de maquillar, hasta ahora era la empresa la que debía probar la legitimidad de su acción si el trabajador denunciaba. Ahora se pasa esa carga de la prueba al trabajador que, sin medios, será prácticamente imposible que lo consiga. No se deja prácticamente ningún camino para que un juez pueda denegar un despido a 20 días, con lo que se burla el derecho constitucional a la tutela judicial.

3. El Estado financiará con fondos públicos los despidos con 8 días por año trabajado. El coste real para la empresa de cualquier despido será 8 días menor, gracias al fomento del despido con fondos públicos. El coste del despido para una empresa de un contrato tanto temporal como indefinido será el mismo: 12 días por año trabajado.

4. Universalización del contrato con indemnización de 33 días por año trabajado. El contrato de 45 días pasa a ser una reliquia al no quedar casi ningún colectivo que no pueda firmar un contrato con indemnización de 33 días (aquellos despidos que no sean mediante la figura del despido objetivo).

5. La empresa podrá pagar por debajo del convenio si considera que el incremento salarial de convenio colectivo perjudica las “perspectivas económicas de la empresa”. Se pretenden eliminar las cantidades mínimas por categoría que establecen los convenios sectoriales, lo que hará que éstos sirvan para nada y se produzca una caída de todos los salarios.

6. Por razones de «mejora empresarial», el empresario podrá incumplir unilateralmente cualquier acuerdo alcanzado con Comités de empresa y Secciones sindicales que no tengan rango de convenio colectivo. Se trata de un nuevo poder añadido al empresario para que, unilateralmente, pueda eliminar derechos y acuerdos alcanzados con los trabajadores.

7. Se podrán negociar condiciones inferiores a las del convenio colectivo, sin que la empresa esté en riesgo de quiebra. Dietas, descansos, y otros derechos que los trabajadores tenemos recogidos en los convenios colectivos y que la empresa no puedía rebajar, ahora podrá hacerlo.

8. Se facilita el despido procedente por “absentismo”, aunque sean bajas médicas justificadas. Se podrá despedir a un trabajador, de forma procedente con más de una baja que superen el 20% de las jornadas de 2 meses (o sea 12 días en total), aunque estén justificadas. Hasta ahora sólo podía pasar si el porcentaje de absentismo de la empresa superaba el 5% durante ese periodo, algo muy difícil.

9. Las empresas podrán modificar unilateralmente las condiciones de trabajo de la plantilla, con sólo notificarlo con 15 días de antelación (jornada, horario, retribución, ciudad de trabajo). Estas modificaciones de tus condiciones de trabajo sin causas objetivas sólo podían hacerse hasta ahora mediante acuerdo expreso entre empresa y sindicatos.

10. Se eliminan las restricciones a donde las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) tenían prohibido actuar (trabajos de alta peligrosidad como la construcción, o Servicios Públicos de Empleo). El modelo de precariedad, temporalidad y riesgo de accidentes laborales, que es el que enriquece a las ETTs y perjudica a los trabajadores, se extiende sin excepción.

Además, el gobierno anuncia la contrarreforma de las pensiones, pasando de 65 a 67 años la edad de jubilación y aumentando el periodo de cálculo a 25 años para dar una pensión inferior.

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La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias apoya la Huelga General del 29S

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

La crisis económica que estamos padeciendo ha aumentado las desigualdades sociales que son la causa de mayores desigualdades en salud. La peor consecuencia de esta crisis es el paro que ha generado y el deterioro de las condiciones de trabajo. El porcentaje de trabajadores que declara trabajar en condiciones estresantes en el promedio de la UE-15 ha pasado del 32% de la población empleada a un 54% en 2008. Todo ello con el consiguiente impacto sobre la salud, las enfermedades laborales por estrés han aumentado.

Las desigualdades en salud suponen la peor de las epidemias que vivimos, con altos costes en vidas y en sufrimiento. La injusticia social mata. Existen evidencias científicas que demuestran que una acción política en un sentido de lucha contra esta lacra conseguiría en poco tiempo reducirla de forma evidente y con un coste económico perfectamente asumible.

Con un sistema neoliberal, con un capitalismo salvaje, mandando el mercado, dichas desigualdades sociales y de salud no van sino a seguir aumentando. Los responsables de esta crisis están perfectamente identificados y las víctimas también. Sin embargo, las últimas decisiones políticas recaen en los de siempre, presionan a los más débiles y los culpables salen indemnes y preparados para una nueva ofensiva.

La clase trabajadora y grandes sectores de las clases medias han visto disminuir su capacidad adquisitiva, mientras se daba un enorme incremento de los beneficios empresariales. En el Estado Español, este contraste entre la austeridad impuesta a las clases populares y la bonanza y exuberancia de los beneficios empresariales es incluso más acentuado que en el resto de Europa.

Se inscriben en esa dirección las medidas ya adoptadas por el gobierno español –reducción de los salarios de los empleados públicos, congelación de pensiones- , y la llamada reforma laboral: extraordinarias facilidades para el despido y su radical abaratamiento, incremento notable de los poderes de la patronal en la determinación de las condiciones de trabajo y paralela indefensión de los trabajadores…En aquella línea se enmarcan también los anunciados proyectos de reforma del régimen de pensiones y de las prestaciones por desempleo.

España es el país de la UE-15 con el gasto público social por habitante más bajo, el gasto sanitario español es de los más bajos de la Europa desarrollada. Se está desmantelando el escaso sistema de bienestar social hasta ahora vigente, y en la sanidad el recorte en los servicios sanitarios públicos puede ser muy perjudicial para los niveles de salud de la población, especialmente en Canarias, con una situación de salud muy preocupante y una sanidad pública de las más deficientes del Estado.

En nuestra Comunidad Autónoma se registra uno de los mayores avances del negocio de la sanidad privada. La privatización se ha hecho fundamentalmente a través de los conciertos con el sector privado que descapitalizan considerablemente la sanidad pública y financian descaradamente la sanidad privada.

La Confederación Europea de Sindicatos ha convocado para el próximo 29 de Septiembre movilizaciones a escala del continente con los lemas siguientes:

· Contra los planes de austeridad en Europa.

· Contra el desempleo, la liquidación de derechos laborales y la regresión social.

· Contra el aumento de las desigualdades, la pobreza y la exclusión social…

La realidad social ha sufrido un giro dramático: 25 millones de europeos en paro, las tasas de desempleo entre los jóvenes alcanzan niveles pavorosos nunca antes conocidos, millones de trabajadores ocupados presos de la angustia de la precariedad y con salarios de pobreza…

Es fundamental que exista una protesta masiva el día 29 de septiembre, a nivel europeo, a nivel español, y por supuesto en Canarias, para iniciar un proceso de reversión de las políticas neoliberales, y eso no ocurrirá a no ser que haya una protesta generalizada en contra de dichas políticas. Así ocurrió, por cierto, en las últimas huelgas generales, y así debiera ocurrir ahora.

En época de crisis son otros los gastos a recortar, han de ser otros quiénes deban soportar prioritariamente los recortes. Tenemos que procurar que las desigualdades sociales no sigan aumentando, porque son evitables. Por todo esto, la ADSPC considera fundamental la movilización y anima a participar en la jornada de HUELGA GENERAL del 29 de Septiembre. Es necesario que cada vez sean más los que estén convencidos de que otro modelo económico es posible y de que será con la movilización social y política masiva con la que podremos avanzar hacia el mismo.

13 de septiembre de 2010