Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias

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El Caballo de Troya colombiano

In Actualidad on 4 octubre, 2010 at 0:01

Ivan Pinheiro
Secretario General del Partido Comunista Brasileiro (PCB)


La bomba que explotó en Bogotá, exactamente después de la investidura del nuevo presidente colombiano, obviamente no fue de autoría de las FARC, como insinuó la media burguesa internacional. En toda su historia, las FARC jamás recurrieron al terrorismo; nunca explotaron una bomba que pudiera dañar inocentes.

El expediente más ordinario de la CIA, en el mundo todo, es exactamente promover atentados y explosión de bombas, con víctimas, bajo falsa bandera, o sea, acusando de su autoría a alguna organización contraria a los intereses imperialistas. Para la guerrilla colombiana, sería un tiro en el pie, en el momento en que desenvuelve una campaña por un diálogo de paz intermediado por la Unasur.

La bomba fue obra de los órganos de informaciones y represión de Colombia, asesorados por la CIA y por el Mossad.

La bomba fue contra las FARC, para aislarlos de gobiernos y sectores progresistas y reformistas e intentar sepultar cualquier posibilidad de negociaciones de paz entre el estado Colombiano y la insurgencia. La bomba fue para clasificar la guerrilla como “terrorista”, de modo a no ser reconocida como parte legítima de una negociación de paz, que no interesa al imperialismo ni a la burguesía colombiana. Al primero, para ampliar su presencia militar en Colombia y hacer de ella lo que Israel representa para el Oriente Medio. A la segunda, para seguir hartándose de la ayuda financiera de los Estados Unidos y atribuyendo a las FARC el narcotráfico que, en verdad, es comandado por la mafia dirigida por Uribe y Santos, que controla la producción y la distribución de cocaína, incluso para los Estados Unidos.

Los verdaderos terroristas eligieron el mejor momento para explotar la bomba: el inicio del nuevo gobierno colombiano y las vísperas de elecciones importantes en Brasil. Los reformistas, en sus cálculos electorales, precisan mostrarse contrarios a las FARC para ganar votos, ya que la insurgencia está satanizada por la media.

Fue exactamente para aprovecharse de la recta final de la elección brasileña que Santos, el nuevo Presidente de Colombia, vino recientemente a nuestro país. Cínicamente, al mismo tiempo en que se lo pide a Brasil para no entrometerse en el conflicto interno colombiano, escogió candidatos a Presidente para audiencias públicas, con el objetivo de comprometerles con la clasificación de las FARC como organización “narcoterrorista”.

Ver a José Serra (PSDB) comprometerse públicamente en ese sentido no fue ninguna sorpresa. En su campaña ha hecho críticas, por la derecha, con relación a la pragmática política externa del gobierno Lula, que es progresista en las relaciones entre Estados y gobiernos e imperialista en las relaciones comerciales.

La sorpresa fue Dilma Roussef (PT) haber adherido a la democratización de la insurgencia, ¡justo ella!, que la izquierda reformista clasifica como socialista, con el único argumento de que participó, como guerrillera, de la lucha armada contra la dictadura en nuestro país. Santos consiguió una gran victoria, arrancando compromisos públicos de los candidatos que la media transformó en favoritos.

Brasil no fue elegido aleatoriamente para ser el primer país visitado por el nuevo Presidente colombiano. Él precisa evitar que nuestro país lidere, en los marcos de la UNASUR, una gran movilización en favor de un proceso de negociaciones para una paz democrática en Colombia, que tiene como requisito la clasificación de la guerrilla como organización política beligerante y no como “terrorista” o “narcotraficante”.

Este es más un indicio de que un previsible gobierno Dilma/Michel Temer podrá colocarse a la derecha del gobierno Lula. Este, por lo menos, se quedó “titubeante” acerca del tema. Con el objetivo principal de incrementar negocios de empresas brasileñas en Colombia, Lula concilió con la instalación de más de siete bases militares norteamericanas en Colombia y celebró innúmeros acuerdos militares y comerciales con ese país (incluso más once en la semana pasada), pero jamás clasificó las FARC como “terrorista” o “narcotraficante”. Por otra parte, el compromiso que Dilma asumió con Santos desmintió el propio asesor internacional de Lula (Marco Aurelio Garcia) que, en la víspera, había dicho que “el gobierno brasileño no es una agencia de clasificación y, por eso, no clasifica la guerrilla como organización terrorista”.

Este compromiso público de Dilma crea condiciones para que el Poder Ejecutivo o el Congreso Nacional, en un gobierno en que el PMDB tendrá más fuerza -con un vicepresidente fuerte, más gobernadores (apoyados por el PT), más ministros, las mayores bancadas y Presidencias en la Cámara y en el Senado- transforme en ley la clasificación de las FARC como “narcoterrorista”, como en algunos países de Europa, de forma a criminalizar cualquier solidaridad o relación con la insurgencia.

Ahora queda comprensible la reciente entrevista del secretario de relaciones internacionales del PT, en el periódico Brasil de Fato. Él afirma que las FARC deben “declarar un cese al fuego unilateral” como requisito para negociaciones y propone que “el conflicto en Colombia deje de ser militar y pase a ser político electoral”, como si elección fuera el único espacio para la izquierda hacer política. Este es exactamente el discurso de Santos para “resolver” el conflicto, con la rendición de la guerrilla.

Para reforzar su argumentación, el dirigente petista, considerado como la izquierda en su partido, recuerda que, en El Salvador, el actual presidente fue electo por la leyenda de una antigua organización guerrillera, la FMLN. Es verdad. Faltó decir que lo mismo ocurre en Nicaragua, cuyo gobierno actual es de la FSLN.

No es necesario apelar a las FARC para aceptar una negociación, como si la organización fuera contra. Basta leer los comunicados de las FARC y ver el mensaje de su comandante, Alfonso Cano, proponiendo negociaciones, con la mediación de la UNASUR. Si es por falta de fuente, se puede recurrir a la página del PCB (www.pcb.org.br). Si queremos la solución del conflicto, ¡tenemos que apelar a los que no quieren la negociación, no a los que la quieren!

En los años 80 y 90, hubo en América Latina un proceso pactado de desmilitarización de grupos guerrilleros. Todos esos entendimientos resultaron en la transformación de las guerrillas en organizaciones políticas legales. En Colombia, sin embargo, este proceso terminó con el cruel asesinato de más de 5.000 miembros de la Unión Patriótica, partido político en aquel entonces legal, que incorporaba parte de los militantes de las FARC que bajaron de las montañas, del Partido Comunista Colombiano y de otras organizaciones de izquierda. Entre los asesinados a sangre fría por las milicias de derecha, estaban el candidato a la Presidencia de la República y los parlamentarios electos por la UP, intelectuales, sindicalistas y líderes de masa.

El estado terrorista colombiano no cumplió el acuerdo, firmado en presencia de la prensa mundial y de personalidades internacionales.

Por tanto, las FARC no pueden promover una rendición unilateral, incondicional, una paz de cementerios, botando un patrimonio de décadas de lucha y sometiendo a sus militantes a un genocidio. Lo que pretenden es un diálogo que haga posible una paz democrática, que ponga fin no solamente al conflicto, sino también al terrorismo de Estado, a la expulsión de campesinos de sus tierras, a las milicias paramilitares, al asesinato y a la prisión de miles de militantes y que asegure libertades democráticas y cambios económicos y sociales.

¿Cómo una fuerza beligerante que está en las montañas puede promover un “Cese al fuego” unilateral, dejándose matar por las fuerzas de represión?

¡Imaginen si Ho-Chi-Min fuera para las negociaciones de Paris con sus tropas habiendo cesado fuego! ¿Cuál sería el resultado de la guerra de Vietnam?

No da para tergiversar. Esta es una propuesta dictada por el oportunismo “político electoral” y para favorecer a la política externa brasileña, que tiene como fundamento hacer de Brasil una gran potencia capitalista mundial. Y, principalmente, para desarmar cualquier resistencia de los pueblos a la opresión y limitar la lucha a su aspecto “político-electoral”.

En vez de pedir el suicidio colectivo de revolucionarios “no electorales”, tenemos que iniciar inmediatamente una campaña para obligar al estado colombiano a negociar. Y Brasil tiene todas las condiciones para liderar y hacer acontecer ese movimiento.

Desmontar el “Caballo de Troya” montado por el imperialismo en Colombia no importa apenas para evitar una guerra con Venezuela o el derrumbe de su gobierno. Como dijo Fidel Castro, las bases militares yanquis en Colombia son puñales en el corazón de toda América Latina, incluso, no nos hacemos ilusiones, sobre Brasil, cuyas extraordinarias riquezas naturales -la biodiversidad de la Amazonia, las inmensas reservas de agua dulce y el presal- son los principales objetos de la codicia de los Estados Unidos en nuestro continente.

De ahí la importancia de movilizar personalidades y fuerzas progresistas en nuestro país para sumarnos a la iniciativa adoptada por la Senadora colombiana Piedad Córdoba y diversos intelectuales de nuestro continente que crearon recientemente, en Buenos Aires, el movimiento “Latinoamericanos por la Paz en Colombia“.