La legislación laboral en Rumania está en proceso de virar radicalmente hacia la derecha, a petición del FMI y bajo la presión de las compañías multinacionales. El tiempo de trabajo podría alargarse a 10 o 12 horas al día y los despidos serán más fáciles, si la modificación del Código del Trabajo propuesta por el gobierno termina por aprobarse.
El ministerio de Trabajo está evaluando desde hace unas semanas diversas propuestas de modificación del Código del Trabajo llegadas desde dos frentes: la patronal y el gobierno. Las sugerencias tienden descaradamente a favorecer aun mas al empleador, y a flexibilizar el mercado de trabajo, tal y como aconsejan, con la excusa de la crisis económica, los organismos internacionales.
Las modificaciones más importantes, y que más perjudicarán a los trabajadores rumanos, son las que se refieren al despido, tanto al colectivo como al individual. Los empresarios piden, cómo no, la simplificación del procedimiento, porque consideran que el actual hace casi imposible el despido y dura demasiado.
Se trata de las mismas consignas repetidas en todos los países bajo el régimen capitalista, es decir, plutocráticos: la necesidad de facilitar el despido y la flexibilización del mercado (lo que llaman eufemísticamente «flexiseguridad», que en realidad significa más poder para el contratador y menos derechos para el trabajador).
La dificultad de los despidos daña a la economía, dicen tanto los empresarios como los técnicos del ministerio de Trabajo, por lo que el estado tiene que ponerse de parte (como si no lo hubiera estado durante estos últimos 20 años) de los que ponen el dinero, los inversores.
Parece que los patronos rumanos lloran ante la imposibilidad de demostrar en la justicia la necesidad de los despidos. Aproximadamente el 90% de estos son declarados nulos o improcedentes, y los empresarios quieren cambiar las normas para que sea más fácil echar legalmente a los trabajadores de los que viven.
En los documentos de trabajo del Ministerio existe la variante de aprobar el «despido sin explicación», así como suena. Más o menos lo que ha hecho Zapatero en España, pero sin tomarse la molestia de buscar una estúpida excusa, como la de la necesidad objetiva del despido en vista de pérdidas de la empresa o de entrar en bancarrota.
Según el Ministerio de Trabajo, la aprobación de este despido, que podríamos llamar sin eufemismos, «despido por cojones», restablecería un supuesto equilibrio entre contratador y contratado (como si los beneficiados de la explotación laboral sufrida durante 20 años de saqueo capitalista hubieran sido los trabajadores, y no los empresarios los que se lucrarán a costa de los salarios de miseria y las pésimas condiciones de trabajo de los empleados rumanos).
Ante esta muestra de cinismo de la patronal y el gobierno rumano, similar al que se extiende por Europa de la mano de la ola fasciocapitalista que sufrimos, los sindicatos rumanos, no caracterizados especialmente por su lucha en defensa de los derechos de los trabajadores, parecen sentirse lógicamente incómodos. Pero es que no hay por dónde encontrar una salida para poder justificar esta vez las decisiones del gobierno.
La normativa no supone nada más que la legalización del derecho a echar fuera a los trabajadores incómodos, sin motivo alguno, y crear una clase de trabajadores esclavos que no se atrevan a quejarse, por si acaso (es decir, lo que se viene buscando desde la caída de la Unión Soviética, tras la desaparición del motivo que provocó que la clase dominante tuviera que hacer partícipe de algunos derechos laborales que hoy consideran excesivos a los que siempre consideraron poco más que esclavos).
Una de las principales propuestas venidas desde la Cámara de Comercio Rumano-norteamericana (AMCHAM Rumania) es el cambio de las horas de trabajo. Hasta ahora la jornada de trabajo legal es de 40 horas por semana, con la posibilidad de suplementarla con un máximo de 8 horas (y, en este caso, con un máximo de tres meses). La nueva propuesta pide «individualizar el tiempo de trabajo», es decir, que el trabajador y el empresario negocien directamente el tiempo de la jornada.
Aunque la directiva de la UE limita el tiempo máximo semanal a 48 horas, Gran Bretaña «disfruta» (especialmente los empresarios) de una derogación que le permite que una persona trabaje hasta 60 horas por semana, pero no más de seis meses.
Es decir lo que se pretende es que el empresario imponga el tiempo de la jornada al trabajador que, entre otros muchos que vengan buscando trabajo en una situación habitual de alto nivel de paro, acepte sus pretensiones, como hemos dicho antes, «por cojones», porque de lo contrario se queda sin comer. El ejército de reserva del que hablaba Marx utilizado, como se viene haciendo hasta ahora en la historia del capitalismo, para rebajar los derechos y las condiciones de trabajo del productor, para que el parásito capitalista viva aun mejor a su costa.
La patronal sostiene con cínico altruismo que los cambios ayudaran a sus «queridos» obreros a vivir mejor. En realidad se trata de dar una vuelta de tuerca más a la explotación laboral.
Por supuesto que la prensa capitalista, es decir toda, no escatima en recursos para justificar tan jugosos cambios. Por ejemplo, no deja de repetir una y otra vez que Rumanía tiene una legislación de trabajo de las más favorables al trabajador, algo que no se sostiene, ya que empezando por los salarios recibidos y las condiciones de trabajo, habría que decir más bien que los empleados rumanos son los más desprotegidos. Igualmente, no es extraño que muchas multinacionales instaladas en Rumanía utilicen una ligera mejora del salario con respecto a otros trabajadores para obligar a sus empleados a que no se sindiquen.
Tampoco faltan las alabanzas a las propuestas de liberalizar y flexibilizar el mercado de trabajo, y acusar a los derechos de los trabajadores (los pocos que les quedan de antes de 1989) de ser una de las principales causas de la crisis económica del país, o de la poca inversión extranjera (cuando en realidad los salarios miserables son utilizados para que las multinacionales de afuera vengan a producir sus productos con un coste mucho más bajo y los vendan en el mercado casi igual, es decir, para que aumenten sus cuentas a costa del trabajador rumano).
Parece que la causa de todo el jaleo en torno a los cambios necesarios en el Código del Trabajo es la carta escrita por Jeffrey Franks, el delegado del FMI en Rumania, donde afirmaba que los cambios en la legislación laboral se imponen, «porque es importante para Rumanía tener una fuerza de trabajo flexible, que genere una mayor productividad. Esta es la clave del crecimiento económico futuro«.
Parece mentira que, después de tantas muestras ofrecidas por el FMI de que sus recomendaciones suelen hundir un país, todavía muchos sigan considerando estas como palabra divina. Así, el gobierno rumano, que como ha sucedido en estos últimos 20 años se somete a los dictados de otros, tanto de Estados Unidos como de los organismos internacionales que están al servicio de sus intereses económicos, ha hecho suyas las recetas del FMI, sin tener en cuenta que estas llevaron a la rica Rumanía de 1989 a convertirse en una empobrecida colonia sin apenas producción propia en diez años.
El actual primer ministro, Emil Boc, ha declarado en repetidas ocasiones que junto al Código del Trabajo se van a modificar también otras leyes, como la de sindicatos y la de contratos colectivos de trabajo. Entre otras cosas, el gobierno quiere que los convenios no sean válidos a partir de principios de año, sino solo a partir de que se firmen, o que los líderes de los sindicatos puedan ser despedidos en tiempo de su mandato.
Es decir, nuevas agresiones contra los derechos conquistados por los trabajadores en la lucha de clases, y que hoy están siendo recortados por la connivencia y complicidad de los grandes sindicatos con los intereses de la clase capitalista.
Otras modificaciones posibles son las siguientes:
1 – Si hasta ahora en Rumania predominaba el contrato de duración indeterminada, el Ministerio de Trabajo quiere alinear el país con el resto de Europa, es decir, que sean los contratos de duración determinada los más habituales.
2 – El periodo de prueba será más largo, en algunas de las variantes hasta de 120 días. Hasta ahora un contrato de un mes puede ser renovado una vez. Después el empresario tiene que contratar por periodo indeterminado o prescindir del trabajador.
3 – En el caso de restructuración de un puesto, se eliminará la obligación del empresario de encontrar un nuevo puesto en otra firma al trabajador.
4 – Desaparece la comisión disciplinaria cuando el despido es por este motivo. El Ministerio afirma que esta comisión alarga el periodo de despido demasiado tiempo, incluso años. Se modificaran el art. 63 y 64 del Código de Trabajo para que baste con la constatación de la indisciplina por parte del jefe directo del asalariado.
5 – En casos de despidos colectivos, el periodo en que la empresa no puede contratar nuevos trabajadores para ocupar los puestos eliminados se reduce de 9 a 3 meses, porque ese tiempo era «demasiado largo» para la dinámica actual del mercado de trabajo, según el Ministerio.
6 – Se cambiará el modo de comunicación de los despidos, para evitar «los abusos de los asalariados», que habitualmente rehúsan firmar la carta de despido.
7 – Las multas para el trabajo «en negro» serán más bajas, porque se consideran «demasiado altas». Es decir, el trabajo sin contrato se favorece.
Como se ve, el ataque contra los derechos de los trabajadores rumanos, que ya han sufrido una agresión tremenda en forma de recorte salarial, aumento de la edad de jubilación, y descenso brutal del gasto social, será brutal si se aprueban las modificaciones que estudia el Ministerio de Trabajo.
Algo, por otra parte, que no sorprende teniendo en cuenta la ofensiva del capitalismo contra la clase obrera en todo el mundo, aprovechando la crisis económica causada por los capitalistas para recortar derechos y, por lo tanto, aumentar beneficios a costa de los trabajadores.
Ofensiva de la que han sido cómplices los sindicatos, a la vez que muchos de los partidos que se autodenominan de «izquierda», implicados en la eufemística «paz social», que no es más que un abandono de la lucha en pos de un supuesto final de la lucha de clases, es decir, de la continuación de esta solo por uno de los bandos, el de la clase dominante capitalista.
Ahora algunos sindicatos rumanos parecen simular despertar, como si no se hubieran enterado de nada durante estos 20 años de saqueo. Lo mismo que sucede con los grandes sindicatos españoles, a los que costó convocar una jornada de huelga el pasado mes de septiembre a pesar de las agresiones brutales contra los derechos de los trabajadores españoles, y que tras el triunfo de la huelga no saben qué hacer para continuar la lucha sin asumir, a la vez, su complicidad en las causas.
Ovidio Jurca, vicepresidente del Bloque Nacional Sindical (BNS), uno de los principales sindicatos rumanos (hasta ahora aliado y cómplice del capitalismo), ha declarado recientemente que si se aprueban las modificaciones propuestas no existirá ya protección alguna ante los eventuales abusos de los empresarios sobre los trabajadores, y que «la sociedad va a redescubrir la lucha de clases«.
Una frase, esta última, que evidencia con claridad la responsabilidad de los sindicatos del sistema en la situación creada, su fracaso en la dirección y defensa de los trabajadores y su traición a estos. En sus palabras sigue el juego, las consignas, del capitalismo en su esfuerzo de convencer a los trabajadores de que no hay otra opción que el sometimiento, la aceptación, y aceptar las normas de juego. Los sindicatos abandonaron el combate para facilitarlo, pero la lucha de clases que la sociedad «va a redescubrir» en realidad siempre existió, aunque los que deberían haberla dirigido de parte de la clase obrera estuvieran sirviendo, en realidad, a los intereses del capitalismo.
Independencia y Socialismo 