Jerry White
El número de personas en los EE.UU. que se declaró en quiebra aumentó un 9% el año pasado, y llegó a 1’53 millones, a medida que más familias de trabajadores fueron víctimas de la pérdida de empleos, de la caída del valor de sus casas y de acreedores que no perdonan.
La cifra fue la más alta desde 2005, cuando los cambios en las leyes de bancarrota hicieron más difícil y costosa la declaratoria, lo que llevó a un fuerte descenso en el número de estadounidenses que solicitaron protección judicial. El reciente repunte en los casos –a pesar de los costos adicionales y los obstáculos legales– es indicativo de la desesperación de amplios sectores de la población estadounidense a pesar de las afirmaciones oficiales de una recuperación económica.
En los últimos tres años, a medida que la recesión económica y el crash de 2008 se confirmaba, 4 millones de consumidores se declararon en quiebra, y las cifras del año pasado alcanzaron los niveles récord alcanzados antes de 2005. Aunque la mayoría de los contribuyentes gana menos de $ 30.000 anuales y carece de título universitario, un porcentaje cada vez mayor de familias con ingresos superiores a $ 60.000 y títulos universitarios se ven obligadas a declararse en bancarrota.
Mientras a decenas de millones de personas les resulta imposible pagar sus cuentas, las corporaciones y los bancos están obteniendo beneficios récord, los altos ejecutivos se están embolsando grandes pagos, y el 2% más rico de la población está celebrando el recorte de impuestos con que les obsequió Obama y el Congreso republicano.
Ahora, el debate en Washington está dominado por un impulso para forjar un consenso bipartidario para recortar el gasto social, reducir los impuestos y la regulación de las grandes empresas, y menguar los salarios y prestaciones de los trabajadores, a fin de que las empresas estadounidenses sean más competitivas y rentables. Esto sólo hace más evidente el abismo de clases entre la élite empresarial y política y las masas de los trabajadores, que se enfrentan a una catástrofe social.
El crecimiento de la insolvencia personal, el año pasado, se dio en casi todo el país, según el Instituto Estadounidense de Bancarrota. El mayor incremento fue en el suroeste y sureste, con Nevada registrando 15.000 solicitudes por millón, más del doble de los 6.600 por millón registrados en todo el país. Este Estado tiene la mayor tasa de desempleo nacional y la más alta morosidad en tarjetas de crédito e hipotecas, y uno de cada 99 viviendas está en ejecución hipotecaria, según www.realtytrac.com.
Después de Nevada, Georgia y Tennessee presentaron las mayores tasas de declaratoria, los tres con más de 10.000 solicitudes por millón, según el informe. Los estados con el mayor aumento, año a año, son Hawaii (22%), California (19%), Utah (19%) y Arizona (18%).
Las familias están siendo conducidas a la quiebra después de que uno de los cónyuges pierde el trabajo o le recortan las horas de trabajo, o si quiebra una pequeña empresa, según informes de la prensa local. De la noche a la mañana, los pagos de la hipoteca y otras deudas se hicieron muy difíciles de controlar, y algunas familias están recibiendo de 15 a 18 llamadas al día de sus acreedores, antes de solicitar la protección legal.
Tracy Compo, de Tucson, Arizona, le dijo al Las Vegas Review-Journal que sus problemas empezaron hace tres años, cuando su marido dejó de trabajar tiempo extra. No consiguieron que el banco modifique su préstamo y se vieron obligados a ejecutar la hipoteca de su casa. Ellos trataron de aumentar sus ingresos vendiendo sus posesiones –joyas, ropa y cualquier otra cosa con tal de pagar las cuentas–, pero la deuda de la tarjeta de crédito continuó aumentando y, en diciembre, se declararon en quiebra, pensando en empezar de nuevo.
“Es muy deprimente”, le dijo Compo, de 32 años de edad y madre de tres, al Review-Journal. “Es degradante, la forma en que perdimos todo sentido de control. Lo odio. Me da vergüenza”.
En Nevada, los abogados de bancarrota dicen que el negocio no daba señales de desaceleración, y un abogado decía que tuvo que contratar a un tercio más de empleados en respuesta a la demanda. “Estoy tan ocupado hoy como el año pasado, y voy a estar aún más ocupado”, dijo Anthony DeLuca a la prensa de Las Vegas.
En el sur de la Florida, solicitudes personales de bancarrota aumentaron en un asombroso 40%, según el Sun-Sentinel, con el número de casos en Palm Beach, Broward y Dade, pasando de 24.681 en 2009 a 34.579 en 2010. Los informes locales atribuyen el fuerte aumento al ritmo de ejecuciones hipotecarias, al nivel de desempleo en el estado, donde la tasa de desempleo es 12%, y a una ola de cierres de empresas.
David Langley, un abogado de quiebras en Plantation, le dijo al Sun-Sentinel que muchos de sus casos eran clientes que estaban en la construcción, en bienes raíces o en negocios y profesiones relacionados. “Hay un efecto dominó: el pequeño restaurante que estaba cerca de la obra de construcción o cerca de alguna empresa de bienes raíces” terminó teniendo que declararse en quiebra. A menudo, dijo, el propietario presenta tanto la quiebra personal como la del negocio.
Los gastos médicos son una de las mayores causas de la quiebra personal, según un estudio de la Universidad de Harvard realizado antes de la crisis económica y que atribuía el 62% de todas las solicitudes a deudas por atenciones de salud. El estudio constató que el 78% de los declarantes tenía seguro médico.
Según el Instituto de Política Económica, las primas de seguros de salud familiar se han más que duplicado entre 1999 y 2009, superando ampliamente los ingresos de los trabajadores y la inflación general, en tanto que los empleadores achacaban los costos de la atención médica a sus trabajadores.
El fuerte aumento en el desempleo a largo plazo –el más grave desde la Gran Depresión– ha agravado la situación. Cada vez más familias se ven obligadas a depender de las tarjetas de crédito para pagar alimentos, servicios públicos y otras necesidades básicas, además de cargar el costo de su seguro de salud.
Cada vez más, quienes aún tienen sus empleos se enfrentan a recortes salariales y a tener que trabajar a tiempo parcial y en empleos temporales. En el pasado, los préstamos hipotecarios se basaban en el valor creciente de las casas, y ayudaban a compensar la disminución de los ingresos. Esto ya no es una opción, ya que los propietarios deben mucho más que el valor decreciente de sus hogares. El endurecimiento del crédito al consumo también ha llevado a muchos a la desesperación, después de haber pedido prestado en un último esfuerzo por evitar la bancarrota.
La crisis está afectando a todos los grupos demográficos. Un estudio de 2010 de la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan, “El aumento de la declaratoria de quiebra entre adultos mayores”, encontró que las personas mayores de 65 años son el segmento de más rápido crecimiento de la población de los EE.UU. que busca protección por bancarrota, por deudas que, en promedio, ascienden a $ 22.562 en tarjetas de crédito. “Los resultados son sorprendentes y siniestros”, dice John Pottow, autor del estudio. “Si bien muchos factores contribuyen a la angustia financiera de los ancianos, como problemas de salud y deudas médicas, el factor principal parece ser las cargas abrumadoras relacionadas con tarjetas de crédito”.
Mientras que el gobierno de [l Presidente] Obama ha entrega a los banqueros de Wall Street cientos de miles de millones y un enorme recorte de impuestos a los ricos, no ha hecho nada para socorrer a los que pierden sus hogares, sus ingresos y sus ahorros de toda la vida. El mes pasado, un informe del Comité de Supervisión del Congreso señaló que los resultados del Programa del Departamento del Tesoro para la Vivienda Asequible son deleznables. Sólo medio millón de titulares de hipotecas solicitaron ayuda para salvar sus casas, al menos temporalmente, desde que el programa comenzó en marzo de 2009. Durante ese período, casi 4 millones de familias recibieron avisos de ejecución hipotecaria y el [Banco de la] Reserva Federal espera otros 4’25 millones en los próximos dos años.
El establishment político –dominado, como está, por los representantes de la élite empresarial y financiera– es ajeno a la catástrofe social que enfrentan los trabajadores. El Vice-Presidente de Obama, Joe Biden, que recibió fuertes donaciones de la industria de las tarjetas de crédito, fue uno de los promotores demócratas más fervientes de la legislación reaccionaria aprobada en 2005, que hizo más difícil para la clase trabajadora y las familias de clase media escapar de la carga de sus deudas, mientras que otorgaba hasta mil millones de dólares al año a los acreedores, sobre todo, bancos y emisoras de tarjetas de crédito.
Con la aprobación del proyecto de ley bipartidario, un par de años antes de que ambos partidos le dieran a Wall Street la mayor ‘limosna’ de la historia, el presidente Bush declaró: “Estados Unidos es una nación de responsabilidad personal, donde se espera que la gente cumpla con sus obligaciones. Si alguien no paga sus deudas, el resto de la sociedad termina pagando”.
Este jueves se celebraron sendas manifestaciones en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife en contra de la reforma laboral, de la reforma de las pensiones, del desempleo en las Islas, de los recortes presupuestarios que afectan a servicios esenciales y por un cambio en la política social, convocada por CGT, CNT, Cobas, EA Canarias, Intersindical Canaria (IC), USO, FSOC y CSC. En Santa Cruz de Tenerife la marcha partió desde el campo de fútbol del barrio de Las Delicias para desembocar en el parque de La Granja. En Las Palmas de Gran Canaria el recorrido partió desde el Auditorio Alfredo Kraus hasta la Plaza del Pilar en Guanarteme.
Independencia y Socialismo 