Más de 100.000 personas protestan en Wisconsin contra la ley que recorta derechos laborales

Más de 100.000 personas se han manifestado en el Capitolio del estado de Wisconsin para protestar contra la ley que recorta los derechos de los trabajadores públicos, aprobada y firmada el viernes por el gobernador republicano del estado, Scott Walker.

La ley ha sido finalmente aprobada después de que los republicanos hayan podido desbloquear el boicot planteado por el Partido Demócrata.

Las protestas en Wisconsin, que han alcanzado ya su tercera semana, ha desencadenado una lucha nacional por los esfuerzos de varios gobernadores de estados con dificultades presupuestarias para desmantelar la capacidad negociadora de los trabajadores y sus sindicatos.

Los manifestantes han vitoreado a los senadores demócratas a su retorno a Wisconsin, después de que abandonaran el estado rumbo a Illinois hace tres semanas en un intento de bloquear la votación y conseguir que Walker se planteara la medida.

«Es bueno estar de vuelta en casa», ha señalado el senador demócrata Mark Miller. «Nuestra lucha para proteger los derechos de los sindicatos se ha convertido en una lucha para proteger todos nuestros derechos, una lucha por la democracia», ha valorado Miller. «Ustedes han inspirado a la nación con sus apasionadas y pacíficas protestas», ha dicho a los manifestantes.

Las restricciones a los sindicatos públicos han sido también introducidas en otros estados gobernados por republicanos como Indiana, Ohio, Iowa, Michigan y Florida.

 

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La época de lo que parecía impensable

Michael R. Krätke

El Estado federal central estadounidense está exprimido y este año ya no puede contribuir más. Muchos estados federados se encuentran al borde de la quiebra.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las agencias de calificación parecen haberse dado ahora cuenta de que la crisis de deuda es mucho más grave en los Estados Unidos que en la Eurozona: para los presupuestos públicos de 2011-2012 se ha alzado la marca en un nuevo endeudamiento que supone más del doble de la media del de la Unión Europea.

Tanto más vale la pena echar un vistazo a lo que ocurre en ultramar: allí hay tantos frenos a la deuda y prohibiciones de déficit como pueda desear cualquier corazón conservador. Desde 1917 rige un tope legal para la deuda federal, cuantificado en números absolutos. Además, mediante la ley o mediante algún preceptos constitucional del estado federado en cuestión, todos los estados federados (salvo Vermont) están obligados a presentar un presupuesto anual equilibrado. Y sin embargo, los EEUU, como la mayoría de sus estados federados, que se hallan más profundamente enterrados en la deuda que Irlanda o Grecia.

No por casualidad, las agencias de calificación amenazan a los norteamericanos con una drástica depreciación de su solvencia. A nivel interno, se habla de una depreciación de los bonos estadounidenses por debajo del nivel de Japón. Por vez primera se debatirá en el Congreso de los EEUU la posibilidad de la bancarrota de algunos de los estados que forman la Unión, algo que la constitución estadounidense no contempla. Un curso de acción semejante es audaz pero ha de debatirse, en opinión de Patrick McHenry, el nuevo presidente republicano del Comité de control de la Cámara de Representantes. El presidente del Banco central, Bernanke, va más lejos, y dibuja nada menos que una bancarrota del Estado federal central.

VALIDEZ POR 100 AÑOS

El secretario del tesoro Geithner requirió con estridencia al Congreso elevar sin demora el límite de deuda, para poder rebasar el límite de los actuales 14’3 billones de dólares. Pero los republicanos se enrocan. De no llegar a ningún consenso a fines de marzo, la potencia mundial estará, de facto, en bancarrota. Algo apenas concebible: hasta un parlamento dominado por republicano tendrá que acabar cediendo y levantado el tope de endeudamiento; evidentemente, sólo a cambio de ulteriores y drásticos recortes del gasto.

La deuda federal para el próximo presupuesto anual, que comienza en junio, se estima en un total de 14’8 billones de dólares. Con ello, los Estados Unidos se permite a escala federal un una deuda del 100%, y una tasa de déficit (reendeudamiento) de, de nuevo, el diez por ciento, como ocurrió en el punto culminante de la crisis financiera mundial en el 2009. Con lo que el banco central propio (la Reserva Federal) se conviere en el mayor acreedor, seguido muy de cerca por China, Japón, algunos Estados del Golfo y la Gran Bretaña. Entretanto, el tiempo de vencimiento de los bonos del Estado federal norteamericano ya es, en promedio, de sólo unos 50 meses, lo que significa que en los próximos 12 debería refinanciarse más del 40% de la deuda federal. No sorprenderá, así pues, que se hable ahora de alargar esos plazos de vencimiento, con bonos a 50, 60 o aun 100 años. Por ahora Por ahora, gracias a la política de bajas tasas de interés, la carga de los intereses no pesa demasiado en el presupuesto federal, pero eso podría cambiar.

No sólo el Estado central, sino también la mayor parte de los estados federados anuncian grandes agujeros en sus presupuestos: 125 mil millones de dólares para los presupuestos de 2011-2012, mientras en el presupuesto del año en curso superan los 130 mil millones de dólares. Si se aprueban y despliegan estos presupuestos, la tasa de déficit en Nevada para el 2010-2011 alcanzará un 45’2%; en Illinois, un 44’9%; en la pequeña Nueva Jersey, un 37’4%; en la gran Texas, un 31’5%; y en California, un 29’3%. Todos los estados federados juntos registran, de media, un déficit del 20%. A medida que arrecie la crisis inmobiliaria y laboral a escala regional, mayor será el déficit. La crisis económica más dura desde la década de los treinta se ha abierto paso hasta alcanzar dramáticamente los ingresos fiscales, que actualmente se encuentran entre un 12% y un 15% por debajo del nivel anterior a la crisis. Sin la ayuda financiera de la Unión –unos buenos 140 mil millones de dólares desde comienzos de 2009–, que ha cubierto entre un 30% y un 40% del déficit, muchos estados se encontrarían desde hace ya tiempo en la bancarrota. Sin un nuevo endeudamiento federal, sin un flujo monetario desde Washington, el déficit de los estados federados nunca podría haber sido financiado.

SITUACIÓN DE EMERGENCIA FINANCIERA EN CALIFORNIA

Pero ahora se ha cerrado la espita monetaria, de modo que ha estallado el puro pánico financiero, y todos los gobernadores de los estados federados se van dejando llevar por la deseperación. Jerry Brown proclamó en enero, en su toma posesión del cargo, la situación de emergencia financiera en California. Así que los reclusos son liberados antes de tiempo; las vacaciones escolares, prolongadas; escuelas y universidades, bibliotecas y museos, cerrados (o privatizados); los salarios, espectacularmente recortados; la oferta de plazas públicas, paralizada; y cientos de miles de funcionarios, enviados a unas vacaciones forzadas o prejubilados. Así se amañaron las cuentas tanto como se pudo y dejaron de pagarse facturas multimillonarias acumuladas durante años, con previsibles consecuencias desastrosas para las economías regionales, que fiadas a la demanda pública del estado. Impuestos y gravámenes se han visto drásticamente incrementados en 30 estados federados. Y habrá que subvenir a ulteriores obligaciones.

Las ciudades, municipios y estados federados norteamericanos están por ahora endeudados por un monto rayano en los tres billones de dólares. Como ya quedó dicho, funcionarán durante algún tiempo todavía gracias a la ayuda financiera federal. En 2011 expiró el programa Build America Bonds, con el cual la Unión asumió un tercio de los intereses. El mercado irrumpirá inmediatamente, porque, a diferencia de Europa, tanto las ciudades como los estados federados están descapitalizados y atraviesan por grandes dificultades a la hora de tratar de colocar nuevas emisiones de bonos (Nueva Jersey acaba de fracasar en la operación). Los intereses, igual que los costes de las permutas de incumplimiento crediticio (credit default swaps) para los bonos municipales, se disparan al alza. Las cosas se pondrán verdaderamente feas, cuando los ciclópeos déficits de los fondos de pensiones entren en el campo visual. Las pérdidas milmillonarias que experimentaron en la crisis financiera estos depósitos de profesores y funcionarios no pueden ser cubiertas por los estados federados, como tanpoco pueden éstos echarse a laas espaldas los costes de la retardada reforma sanitaria. La verdad es que no se adivina en el horizonte de los EEUU el fin de la crisis financiera.

(*) Michael R. Krätke, miembro del Consejo Editorial de SinPermiso, es profesor de política económica y derecho fiscal en la Universidad de Ámsterdam, investigador asociado al Instituto Internacional de Historia Social de esa misma ciudad y catedrático de economía política y director del Instituto de Estudios Superiores de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido.

La privatización de los Aeropuertos canarios: una agresión a nuestra tierra

Corriente para la Unidad de la Izquierda Sindical de Canarias (CUIS Canarias)

Ha sido convocada tarde, y por consiguiente ha sido convocada mal. A las movilizaciones de trabajadores, a veces, les pasa como el arroz. Si se demoran en su ejecución, terminan por «pasarse», es decir, pierden entereza, pierden vigor y personalidad propia, se rompen internamente, corriendo el riesgo de convertirse en una especie de «polenta» insípida, que ni es chicha, ni limoná…

A las medrosas organizaciones sindicales que tienen representación en el Comité Intercentros de Madrid de «Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea» (CCOO, UGT y USO) parece haberles costado muchísimo parir una convocatoria que, en buena ley, debió realizarse hace meses; justo en el momento en que el Gobierno anunció su intención inequívoca y firme de privatizar un servicio público esencial como es el aeroportuario (previa ejecución de multimillonarias inversiones en el último quinquenio -en muchos casos suntuarias e innecesarias- , que han dejado exahustas las cuentas de resultados del Ente -otrora boyantes-). El Gobierno, con dineros de todas y todos los ciudadanos, ha dejado los Aeropuertos del Estado español remozados hasta el punto de que «no los reconoce ni la madre que los parió» para mejor loor, gloria, oficio y beneficio de los ávidos especuladores que le tienen echado el ojo al Ente desde hace muchos años.

Muy bonitos, eso sí, pero desahuciados. Por utilizar un símil: como cochinos (con perdón) bien cebados para la matanza.

Y el particular San Martín del sector público aeroportuario se ha venido acercando sin que, aparentemente, la representación sindical mayoritaria entendiera preciso «llamar a rebato»… hasta ahora, justo cuando se percatan que la división de los Aeropuertos del Estado en múltiples partes (tantas como centros), cada una con su propia personalidad jurídico-privada, traerá acarreadas consecuencias nefastas no sólo para el común de las y los empleados, sino también (aunque sólo sea «de rebote») para ellos mismos, en su calidad de Instituciones Sindicales «apesebradas»: con el nuevo régimen jurídico que se pretende implantar va a devenir legalmente obsoleto el Comité Intercentros asentado en la Capital de la Metrópoli. Y junto con él, las regalías y privilegios de que venían disfrutando desde tiempos inmemoriales las tres entidades sindicales que tenían controlado aquél «cotarro»: se acabaron lo buenos tiempos en que se disfrutaba de «liberados extras» a tutti pleni; estancias, dietas, viajes todopago… («¡Esto es Hollywood!»); en los que se hacía deshacía a antojo con las Convocatorias y procesos selectivos, pasándose «por el forro» los criterios de los Comités de Centro afectados; en los que se firmaban Convenios y acuerdos de eficacia general sin escuchar siquiera el eco de lo que pudieran decir las y los trabajadores afectados en sus Asambleas (nada se escucha tras los cristales blindados de los despachos de las Secciones Sindicales de USO, UGT y CCOO de Aena-Madrid).

Y eso, al parecer, ha sido la verdadera casus belli, el auténtico motivo que ha impelido a estos burócratas sindicales a saltar de los sillones a los que parecían estar atornillados durante todos estos años pasados.

Pues bueno, bien está lo que bien sucede. No es cosa de estar permanentemente con la vista fija en «el retrovisor», si lo que queremos es avanzar. Ahora bien, señores de CCOO, UGT y USO: sepan que les tenemos «cogido el tranquillo», y un número cada vez mayor de trabajadoras y trabajadores de AENA no van a estar dispuestos a que sigan manipulando las movilizaciones para llevar las aguas a su molino. Ni de coña.

POR UN MARCO ESPECÍFICO CANARIO DE GESTIÓN PÚBLICA Y RELACIONES LABORALES EN AENA

Si privatizar un servicio público esencial como es el aeroportuario resulta una cafrada intolerable a nivel del Estado español, en Canarias es, sencillamente, una gravísima agresión a los intereses nacionales, cuya perpetración nuestro pueblo no se puede permitir. Ello por una razón muy sencilla: Canarias es una colonia africana, consistente en un Archipiélago situado físicamente a más de mil kilómetros del Continente europeo, cuyas comunicaciones y medios de transporte externos e inter-islas sólo se pueden realizar a través de dos medios: nuestros Puertos y nuestros Aeropuertos. Se trata, pues, de infraestructuras básicas de carácter estratégico para nuestro sistema socioeconómico. Y como todo el mundo sabe, «con las cosas de comer no se juega» (y más aún si se trata de cosas imprescindibles, vitales y básicas). Poner estas infraestructuras al albur de las «leyes del mercado» (es decir:, ponerlas en manos de la Ley de la Selva) es sencillamente suicida.

No lo vamos a permitir. No ya solo por lo que la privatización de AENA conlleva en relación con la pérdida de derechos y el riesgo para la estabilidad de las y los trabajadores de nuestros Aeropuertos canarios, sino también porque en esta batalla están en juego cosas incluso más trascendentes, como son, nada más y nada menos que el futuro y la viabilidad socioeconómica de nuestra tierra.

Y esto, sí que sí, son palabras mayores, frente a las que habrán de ceder otras consideraciones tales como viajes aplazados por el legítimo ejercicio de las y los trabajadores de su derecho de Huelga, etc., etc…