Decenas de miles de marroquíes se manifiestan por la democracia en las principales ciudades del país

Decenas de miles de personas han salido este domingo de nuevo a las calles de las principales ciudades de Marruecos convocados por el Movimiento 20 de Febrero para reclamar reformas políticas y denunciar la corrupción del régimen. Las protestas han sido especialmente multitudinarias en Casablanca, Rabat, Tánger o Agadir.

Fuentes oficiales han reconocido que había al menos un número igual a los que salieron a la calle el pasado 20 de febrero, cuando comenzaron las movilizaciones. Entonces el Gobierno informó de que 37.000 personas habían salido a la calle en todo el país.

En esta jornada los manifestantes han mostrado su descontento con la batería de reformas anunciada el pasado 9 de marzo por el monarca, Mohamed VI, para ceder más competencias al Parlamento. «El rey no ha cumplido con las demandas de la primera protesta nacional y por eso estamos aquí de nuevo. Nos han prometido reformas en la Constitución y todos sabemos adónde nos han llevado esas promesa, ha señalado Musaif.

«El pueblo marroquí quiere algo que va más allá del discurso del rey», ha explicado un miembro de la prestigiosa Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), Abdelhamid Amine. «Quiere que la sociedad deje de ser una sociedad de súbditos y se convierta en una sociedad de ciudadanía», decía. Otro manifestante, Added Moncef Hadari, de 82 años, aseguraba que continuarán con las manifestaciones «hasta que consigamos una nueva constitución votada por el pueblo».

En la capital, Rabat, a las 9.30 de la mañana empezaba a llenarse la Plaza de Bab El Had, punto de encuentro de los jóvenes y sus seguidores (les apoyan más de 100 organizaciones políticas, sindicales, de derechos humanos o islamistas). En un ambiente festivo y pacífico, han avanzado hasta el Parlamento marroquí, en la Avenida Mohamed V, arteria principal de la ciudad.

En las manifestaciones han participado también numerosas mujeres cubiertas con el hiyab que portaban retratos de sus familiares, encarcelados en virtud de la legislación antiterrorista y los procesos abiertos tras los atentados suicidas del 16 de mayo de 2003 contra varios objetivos, incluida la Casa de España, en los que murieron un total de 45 personas.

La protesta esta vez ha contado con el apoyo del la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), que se sumó a la convocatoria a última hora del sábado. Es el primer partido de la actual coalición de gobierno que se apunta a la protesta.

La ‘F’ de Facebook y la ‘T’ de Twitter se han convertido en el nuevo complemento de los manifestantes, que enarbolaban las dos iniciales de las redes sociales a través de las que convocaron las marchas y que les han servido de soporte para discutir sobre sus reivindicaciones.

Al mediodía, la protesta en la capital contaba ya con más de 10.000 manifestantes. Otras marchas menores durante los días posteriores al 20 de febrero y en otras celebradas esta pasada semana sí que intervinieron brutalmente la policía para dispersar a los manifestantes.

Se han visto, como el pasado 20 de febrero, carteles en los que se invita a dejar la política al fundador del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), Fuad Ali Himma, amigo personal de Mohamed VI. De hecho, a su formación se la conoce en la calle como «la del amigo del rey».

Otros paneles repetían el eslogan de ‘Majidi, vete’, en referencia al secretario personal del monarca y encargado de gestionar sus finanzas. O ‘Stop Mawazine, somos pobres’, en alusión al ambicioso festival de música que se organiza en Rabat anualmente y que cuenta con el patrocinio directo de Mohamed VI.

En Casablanca se han congregado entre 30.000 y 50.000 manifestantes; parte nada desdeñable de ellos, simpatizantes de la ilegalizada Justicia y Espiritualidad, movimiento islamista con mucho seguimiento en los barrios populares del país.

Los jóvenes del 20 de Febrero, movimiento en el que participan nuestros camaradas de Vía Democrática, reclaman una nueva Constitución, la separación de poderes, la disolución del actual gobierno y parlamento, una monarquía parlamentaria o la liberación de presos políticos, entre otras reivindicaciones.

Con respecto a las promesas de Mohamed VI de ampliar el poder ejecutivo del primer ministro y las atribuciones del Parlamento, así como el compromiso de trabajar por una justicia independiente, las consideran pasos insuficientes y que la comisión creada para estudiar las reformas –que se someterán a referéndum- debería estar formada por una asamblea constituyente y no venir «de arriba».

Piden también la supresión del artículo 19 de la Carta Magna que atribuye todas las prerrogativas al rey al tiempo que le eleva a la categoría de Comendador de los Creyentes, descendiente directo del Profeta y líder espiritual de sus súbditos.

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La OTAN mata a 48 personas y deja más de 150 heridos en los bombardeos sobre Libia

La televisión libia confirmó que unas 48 personas murieron y otras 150 resultaron heridas durante los ataques aéreos de Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra varias ciudades del país norteafricano. El reporte dio cuenta que las acciones militares de los agresores se concentraron en las ciudades de Trípoli, Misrata, Zirte, Zuara y Bengasi.  Las fuerzas imperialistas han lanzado al menos 112 misiles de crucero Tomahawk desde buques y submarinos situados en puntos estratégicos del Mediterráneo, la mayoría sobre población civil.

Libia considera que con esa agresión queda sin efecto la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU que decretó el establecimiento de una zona de exclusión aérea en el país. Las autoridades libias solicitaron una reunión urgente del Consejo de Seguridad.

Rusia y China, que se abstuvieron a la hora de votar la resolución que dio luz verde a la intervención, han lamentado la misma y han pedido que vuelva la estabilidad a la zona.

El Comité de la Unión africana sobre Libia también ha pedido el el cese inmediato de los hostilidades.

 

Sobre la «Alta instancia para la realización de los objetivos de la revolución, de la reforma política y de la transición democrática»

Partido Comunista de Los Obreros de Túnez (PCOT)

El Partido Comunista de los Obreros de Túnez (PCOT) ha conocido, por los medios de comunicación, la lista de los miembros de la «Alta instancia para la realización de los objetivos de la revolución, la reforma política y la transición democrática». La lista se compone de 12 representantes de partidos políticos, 17 de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil y 42 «personalidades nacionales».

El orden del día para la primera reunión, fijada para el 17 de marzo, consta de cuatro puntos, entre ellos el de la presentación y distribución a los miembros del texto relativo a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.

El PCOT quiere precisar:

1. El gobierno ha contactado a nuestro partido para que designemos un representante en la Alta Instancia. Hemos solicitado un plazo para discutir la propuesta en el seno del partido, con nuestros aliados del Frente del 14 de Enero y con los compañeros del «Consejo Nacional de Protección de la Revolución». Hemos hecho saber que no tenemos ninguna postura preconcebida hacia esa Instancia, y que la decisión que tomemos lo será con arreglo a la capacidad de la Alta Instancia para satisfacer las necesidades que impone la revolución, su desarrollo y la realización de sus objetivos.

La lista de los componentes ha sido hecha pública antes que diéramos nuestra respuesta al gobierno.

2. El presidente interino, y el gobierno de transición de Beji Caid Sebssi, utilizan los métodos burocráticos provenientes de la época de Burguiba y de Ben Alí, para imponer su voluntad a las fuerzas políticas y al pueblo con hechos consumados.

Representantes de algunos partidos y asociaciones han sido excluidos de la lista de miembros, así como los representantes de las regiones, de la juventud y sus organizaciones. Las 42 personas designadas bajo el calificativo de «independientes» lo han sido sin acuerdo previo sobre su número ni sobre su identidad, cuando sabemos que algunas de ellas ni han participado en la revolución, ni la han apoyado siquiera.

3. El orden del día de la primera reunión de la Instancia demuestra su carácter meramente formal. El proyecto de ley electoral relativo a la Asamblea Nacional Constituyente ha sido ya preparado, y sólo se dará a conocer para su discusión y consulta.

4. Todo esto confirma lo que ya habíamos declarado anteriormente. El fin de esta Instancia es torpedear al «Consejo Nacional de protección de la revolución» y liquidarlo para que el gobierno actúe sin ningún control. Tal ha sido el caso del nombramiento de los prefectos por el anterior gobierno provisional de Ghanuchi antes, y ahora con el de Beji Caid Sebssi en el nombramiento de los jefes de delegaciones, de los responsables de la seguridad y del cuerpo diplomático, en la aprobación de los partidos y en la falta de transparencia que rodea la disolución de la policía política.

5. A la vista de estos elementos, el PCOT:

Afirma su compromiso con el «Consejo Nacional de protección de la revolución» para conducir el período de transición, y controlar a la presidencia interina y al gobierno de transición en sus decisiones y orientaciones.

Rechaza el método adoptado para la formación de la «Alta Instancia para la realización de los objetivos de la revolución, de la reforma política y de la transición democrática», y para definir su papel y su misión.

Llama a las fuerzas revolucionarias y populares a permanecer vigilantes y movilizados, para impedir las tentativas y maniobras para abortar la revolución y sabotearla, y para:

– Retrasar la fecha fijada para la elección de la Asamblea Constituyente, para que las fuerzas políticas, civiles y populares tengan el tiempo necesario para preparar bien el trabajo y concretar sus objetivos.

– Designar nuevos responsables al frente de los gobiernos regionales, de las delegaciones e instituciones económicas, de la administración pública y semipública, del cuerpo diplomático, en base a la capacidad y competencia, y en ruptura total con el anterior régimen y la lógica regionalista y tribal que se ha aplicado para la formación del actual gobierno y el nombramiento de diferentes responsables.

– Aplicar a fondo la disolución de la policía política, juzgar a los miembros implicados en asesinatos, torturas, saqueos, etc. Y dar a conocer sus archivos, y en caso de que hayan sido destruidos, juzgar a los responsables.

– La legalización de todos los partidos y asociaciones, y la derogación de la ley de partidos y del conjunto de leyes represivas decretadas por Ben Alí.

– La disolución de los consejos municipales ligados a Ben Alí y el nombramiento provisional, de forma consensuada, de nuevos cuadros hasta las nuevas elecciones municipales.

Túnez, 15 de marzo de 2011

Aumentos de salarios… ¡al fin!

Li Hong

El Gobierno central de China ha decidido aumentar los sueldos de los trabajadores. Yin Weimin, ministro de Recursos Humanos y Seguridad Social, prometió ante la sesión de la Asamblea Popular Nacional (APN) un incremento del salario mínimo obligatorio de por lo menos 13 por ciento anual durante los cinco años próximos. Ello supondrá un aumento combinado de la paga del 65 por ciento para 2015.

La medida era pedida a gritos desde hace mucho. Saludamos la voluntad política de la dirigencia de mejorar el bienestar del grupo que más duro trabaja en el país, y que, sin embargo, ha tenido menos voz.

Los intereses adquiridos, incluyendo los de las empresas privadas y las compañías multinacionales que han invertido en China y han hecho una fortuna aquí gracias a la mano de obra barata de China, no se sentirán precisamente felices con la decisión del Gobierno, y se espera que traten de evitar los incrementos. Se quejarán del costo de la mano de obra y de la pérdida constante de fuerza de trabajo barata en China, y amenazarán con llevarse sus fábricas a otros países donde la fuerza laboral es aún peor pagada.

Contra viento y marea, Beijing debe mantener su decisisón de plantar cara a estos intereses creados.

Desde los años 80, la mano de obra barata de China ha sido el motor que ha movido la mayor fábrica del mundo -y la maquinaria exportadora más expansiva también– siempre a costa de los derechos legítimos de los trabajadores. El país se enriquece cada día más gracias a las mayores reservas de moneda extranjera del mundo, que alcanzaron los 2,85 billones de dólares a finales de 2010, mientras brotaban como hongos las grandes avenidas urbanas, transitadas por millones de automóviles relucientes, por un lado, y por el otro decenas de millones de obreros, genuinos productores de la abundancia, quedaban al margen de cualquier beneficio.

Las entidades reguladoras del Gobierno han sido escandalosamnete lentas para elevar los salarios mínimos de los trabajadores emigrantes en el pasado, mientras nos golpeaban las constantes críticas de los gobiernos y prensa occidentales en el sentido de que los trabajadores chinos son poco menos que “esclavos”.

Es definitivamente peligroso para un país tan grande como China permitir que la riqueza se concentre cada vez más en manos de algunos centenares de miembros de la élite, mientras que 750 millones de campesinos siguen viviendo en la pobreza.

Esperamos por tanto que al Gobierno no le tiemble la mano al materializar su promesa y que sea además capaz de neutralizar cualquier cabildeo para evitar la puesta en práctica de estas medidas.

Solamente cuando la mayoría de esas 750 millones de personas se vean asistidas de la esperanza de mejorar sus vidas con el trabajo, y les sea dada la oportunidad de cambiar de domicilio yéndose a las ciudades y sumarse a la clase media, podrá China afirmar que ya es un país moderno y desarrollado.

 

El gobierno retrasa a más de dos años los trámites para ayudas por dependencia, en vez de los seis meses estipulados

El Comité de Empresa de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda de la provincia de Santa Cruz de Tenerife denuncia, una vez más, la ineficacia del Gobierno canario al afrontar la Ley de Dependencia, vulnerando la legalidad vigente, ya que emplea una media de 25 meses en la tramitación del diagnóstico y las ayudas, cuando el plazo establecido es de seis meses como máximo.

Los trabajadores recuerdan que los sucesivos informes del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del Imserso, como el que contiene los datos hasta el presente mes de marzo, precisa que son 36.236 las solicitudes presentadas, pero solo cuentan con dictamen 29.672, de las que 24.945 tendrán derecho a prestación, y únicamente 11.189 se benefician actualmente de ellas.

De los expedientes aprobados, 14.307 corresponden al grado III y 8.265 al grado II. Estos datos suponen que a un 60% de las personas que tienen reconocida su situación de dependientes (grado y nivel) en Canarias aún no les ha sido aprobado el servicio o la prestación a la que tienen derecho.

Por si fuera poco, la Comunidad Autónoma Canaria (CAC) no presta teleasistencia en ningún caso, ni tampoco ayuda a domicilio, mientras que otras comunidades, como Andalucía, registra más de 55.000 personas con teleasistencia y casi 48.000 con ayuda a domicilio.

El total de las personas que han presentado solicitudes en el Estado español se eleva a 1.539.043 y las que tienen derecho a alguna prestación son 1.058.072.

Otras de las denuncias del Comité de Empresa de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario se refieren a que no se han aumentando los medios para solventar los retrasos, siendo necesarios más recursos personales, en concreto, más administrativos para agilizar los trámites.

Los trabajadores denuncian además que el personal fue contratado fraudulentamente mediante un contrato de obras y servicios, sin que hasta la fecha se haya corregido esta anomalía, y añaden que la plantilla, que es insuficiente, está incompleta, porque falta por cubrir en Tenerife la plaza de jefatura de Servicio y la de jefatura de Sección de Valoradoras.

El Comité de Empresa señala también que desde noviembre de 2010 se han retirado los vehículos de alquiler, del que se había dotado a las valoradoras, por lo que se las presiona para que usen su vehículo particular, pero el retraso en el pago del kilometraje ha llegado a ser de hasta tres meses. De esta forma, el gobierno de la CAC vulnera gravemente los derechos de personas con graves problemas de salud y las de sus familias, además de incumplir la legalidad vigente.