La orden católica de los Jesuitas aceptó pagar más de 166 millones de dólares a las más de 500 víctimas que sufrieron abusos sexuales cuando eran niños en las escuelas católicas de cinco estados del noroeste de Estados Unidos. La mayoría de los afectados son indígenas que sufrieron abusos a manos de los sacerdotes de la denominada Provincia de Oregón, que abarca los estados de Oregon, Washington, Alaska, Idaho y Montana.
Los abusos se cometieron entre 1940 y 1990 en escuelas de poblaciones remotas o reservas, donde, según denunciaron, la orden enviaba a los sacerdotes que consideraban problemáticos.
Clarita Vargas, miembro de la tribu Colvill, es una de las víctimas y compareció ante la prensa junto con el fiscal local Blaine Tamaki para celebrar que «se ha hecho justicia«.
“Es un día de justicia y para saldar cuentas”, señaló Clarita Vargas, quien en la actualidad tiene ya 51 años, pero que sufrió abusos, junto con sus dos hermanas, a finales de la década de 1960 y comienzos de 1970, cuando las tres tenían tan sólo 6 y 7 años.
Las niñas se vieron especialmente indefensas debido a que las habían separado de sus familias y comunidades de origen y las habían llevado de manera forzosa a la escuela-hogar de la Misión de Santa María en la reserva indígena de Colville que dirigían los jesuitas. “Mi espíritu fue herido —dijo la señora Vargas—, y esto [el fallo judicial] hace que se sienta mejor”.
El fiscal indicó que se trata del mayor pago económico realizado por una orden católica. La Compañía de Jesús de la Provincia de Oregon se declaró en bancarrota en 2009 después de llegar a un acuerdo con otro centenar de víctimas, por lo que es más que probable que no paguen la totalidad del dinero.
Tamaki consideró que con este acuerdo, los jesuitas «reconocen que traicionaron la confianza de cientos de niños que estaban a su cuidado y cometieron terribles atrocidades con ellos«. Añadió que «en vez de enseñar a esos niños nativos americanos el amor de Dios, esos curas pederastas estuvieron abusando de esos niños«.
Clarita Vargas consideró que estos ataques contra ella y otros niños nativos han sido «un trauma generacional» para todos ellos.
“No fue un único accidente. Las pruebas demostraron que lo hicieron con alevosía y eso fue la violencia”, manifestó al respecto un fiscal de California, John Manly. Él y varios colegas suyos de los estados vecinos defendieron la parte agraviada en un proceso en el estado de Washington que duró varios meses y se saldó con la tercera suma más grande que las compañías y las diócesis territoriales de la Iglesia católica hayan tenido que pagar por las prácticas de abusos sexuales.
Anteriormente la diócesis de Los Ángeles había sido condenada a pagar 660 millones de dólares a 508 víctimas demostradas y la de San Diego aceptó un total de 198 millones que se repartirían entre las 144 víctimas. Los 166 millones de dólares serán pagados en parte por los jesuitas y en parte por las aseguradoras.
El fiscal Tamaki, destacó que el sacerdote que había acosado a las hermanas Vargas y también a un centenar de niños y adolescentes más fue identificado y todavía vive, pero la legislación impide que se le imputen cargos que ya están atribuidos a la Compañía de Jesús. Por ese motivo el grupo de fiscales participó en la elaboración de un proyecto de ley estatal que levante las restricciones a los procesamientos personales en casos semejantes.
Una de las causas de las repeticiones múltiples de los abusos en colegios de poblaciones remotas o reservas, como el de Colville, reveladas durante las audiencias fue la práctica general de enviar a tales sitios a sacerdotes a los que la orden consideraba problemáticos.
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