Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias

Caso de antiterroristas cubanos: una verdad incómoda

In Actualidad, Represión on 9 junio, 2011 at 0:01

Deisy Francis Mexidor


Gerardo Hernández cumplió 46 años este 4 de junio. Los últimos 13 de su vida los ha pasado en cárceles estadounidenses por delitos que nunca cometió.

Hernández es uno de los cinco antiterroristas cubanos sentenciado junto a sus compatriotas Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, en diciembre de 2001 después de un manipulado proceso que duró más de siete meses, celebrado en una corte federal de Miami.

Doble cadena perpetua más 15 años fue la pena que le impusieron por el cargo dos: conspirar para cometer espionaje, y el tres, conspirar para cometer asesinato, este último relacionado con el derribo en aguas cubanas de dos avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996.

Lo curioso es que hace una década, el 25 de mayo de ese mismo 2001, la Casa Blanca “en lo que según refirieron constituía una acción sin precedentes”, admitió que no tenía evidencias para sustentar el cargo tres contra Gerardo y pidió retirarlo.

La conclusión quedó plasmada en un documento oficial del gobierno titulado “Solicitud de Urgencia de un Auto Inhibitorio ó a la Corte de Apelaciones”.

A la luz de las pruebas presentadas en el juicio, esto constituye un obstáculo insuperable para Estados Unidos en este caso y probablemente resultará en el fracaso de la acusación en este cargo“, alegó el texto.

Su contenido fue ignorado entonces “como lo es en la actualidad”, pues se trataba de una verdad incómoda para un tribunal acusado de estar parcializado con el sector más reaccionario del exilio cubanoamericano en aquella ciudad y que de aceptarlo desmontaba de golpe toda la farsa.

La Corte rechazó esa solicitud de urgencia y sin preguntar ni titubear, el jurado en pleno declaró a Gerardo culpable, en primer grado, del supuesto crimen.

Ahora otra gota colma la copa en este rosario de injusticias. El 25 de abril, la fiscal Caroline Heck Miller, en nombre de la administración de Barack Obama, instó al tribunal de Miami que rechace el recurso de habeas corpus (o apelación colateral) interpuesto a favor de Gerardo Hernández.

El trámite legal, último que le queda, se sustenta, entre otros aspectos técnicos de su defensa, en dos cuestiones que afloran como una nueva evidencia: el ocultamiento de la verdad por el gobierno y la cruzada mediática para condenar de antemano a los Cinco, como se les conoce a nivel internacional.

De acuerdo con el habeas corpus, Estados Unidos tiene que mostrar las imágenes de sus satélites, en las cuales debe constar que las avionetas de Hermanos al Rescate derribadas invadieron el espacio aéreo cubano el 24 de febrero de 1996. Los radares cubanos así lo confirman.

Realmente se trató de un acto de respuesta en el que nada tuvo que ver Gerardo, después de múltiples advertencias de La Habana a las autoridades de Washington, donde se plasmó que Cuba no permitiría una violación más de su soberanía.

En su apelación colateral, Hernández exhorta a que Estados Unidos muestre los registros satelitales sobre el hecho, pero Washington se niega a enseñar las pruebas que lo exculparían.

Desde el año 2006 distintas organizaciones estadounidenses han denunciado que más de un cuarto de millón de dólares fueron adjudicados por el gobierno estadounidense a periodistas locales con fondos de Radio y TV Martí, con el objetivo de velar la realidad y perjudicar a los Cinco. Cerca de 800 páginas en Internet reflejan esos pagos.

La fiscalía pidió también a la Corte desestimar la solicitud de habeas corpus de Antonio Guerrero, como hizo respecto a Gerardo, y el mismo día requirió que impugnara una moción presentada por René González.

Son tres acciones casi concurrentes que revelan la naturaleza absurda e injusta del proceso contra cinco hombres dedicados a prevenir a su país de actos criminales planificados y ejecutados con impunidad en territorio norteamericano desde hace más de medio siglo.

Sin embargo, de ello nada se publica en los grandes medios de prensa de Estados Unidos, un hecho que contradice los pilares de una supuesta libertad de expresión.

Cuando en diciembre de 2009 concluyó el proceso de aplicación de nuevas sentencias a Ramón, Antonio y Fernando, estos emitieron una declaración pública.

Tres de nosotros” expresaron “fuimos trasladados a Miami para ser resentenciados cumpliéndose una orden del Onceno Circuito de la Corte de Apelaciones de Atlanta, que determinó que nuestras sentencias habían sido erróneamente impuestas“.

A continuación subrayaron: “nuestro hermano Gerardo Hernández ha sido arbitrariamente excluido de este proceso de resentencia. Su situación continúa siendo la principal injusticia en nuestro caso. El Gobierno de Estados Unidos conoce la falsedad de las acusaciones contra él y lo injusto de su condena“.

No solo Gerardo, sino Ramón, Antonio, Fernando y René tenían que ser sancionados para perjudicar la imagen de la isla antillana, aunque esto representase un número indeterminado de contravenciones de la Constitución de ese país y de sus leyes.

Es que esta causa sigue desde el principio un guión escrito en Washington. Arrestados el 12 de septiembre de 1998 bajo una administración demócrata, una republicana los condenó y otra demócrata los mantiene en prisión.

Un hecho que demuestra esta apreciación es que la secretaria de Estado durante la época de George W. Bush, Condoleezza Rice, confesó en una carta al congresista demócrata de Florida David Rivera que la detención de los Cinco constituía un ó logro ó de la política de Estados Unidos hacia Cuba.

La arbitrariedad persiste, porque eso, hasta hoy, no ha cambiado.


[Fuente: Prensa Latina]






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