Damien Millet y Eric Toussaint
Uno de los avatares de la crisis del sector financiero que comenzó en 2007 en Estados Unidos, y que se extendió como reguero de pólvora en Europa, es la energía que desplegaron los bancos del oeste europeo (sobre todo alemanes y franceses, [1] pero también belgas, neerlandeses, británicos, italianos, luxemburgueses, irlandeses…) para utilizar los fondos prestados o donados masivamente por la Reserva federal y el BCE. Con ellos lograron aumentar, entre 2007 y 2009, sus préstamos a varios países de la zona euro (Grecia, Irlanda, Portugal y España), de los que obtuvieron espléndidos beneficios producidos por unos altos tipos de interés.
Como ejemplo: entre junio de 2007 (comienzo de la crisis de las subprime) y septiembre de 2008 (quiebra de Lehman Brothers), los préstamos bancarios privados de Europa occidental a Grecia habían aumentado en un 33 % , pasando de 120.000 millones a 160.000 millones de euros. Los banqueros de Europa occidental se dieron codazos para otorgar préstamos a la Periferia de la Unión Europea, que deseaba endeudarse. No contentos de arriesgarse en forma extravagante al otro lado del Atlántico en el mercado de las subprime con el dinero confiado por los ahorradores, repitieron la misma operación en Grecia, en Portugal, en España… Efectivamente, la pertenencia a la zona euro de algunos países de la Periferia convenció a los banqueros de los países del Oeste europeo de que los gobiernos, el BCE y la Comisión Europea los ayudarían en caso de problemas. Y no se equivocaron.
Cuando la zona euro fue sacudida por fuertes turbulencias, a partir de la primavera de 2010, el BCE prestaba con un interés ventajoso del 1 % a los bancos privados, que a su vez exigían a países como Grecia un interés netamente superior, entre el 4 y 5 % para préstamos a tres meses, y alrededor del 12 % para los títulos a 10 años. Los bancos y los otros inversores institucionales justificaron tales exigencias por el riesgo de cesación de pagos que pesaba sobre los llamados países de riesgo. Una amenaza tan fuerte que los tipos de interés aumentaron considerablemente: el préstamo concedido por el FMI y la Unión Europea a Irlanda en noviembre de 2010 alcanzaba el 6,7 %, contra el 5,2 % concedido a Grecia seis meses antes. En mayo de 2011, el tipo de interés para Grecia, para préstamos a 10 años, sobrepasaba el 16,5 %, lo que obligó a este país a tomar préstamos a tres o seis meses, o dirigirse al FMI o a otros países europeos. Desde entonces, el BCE debe garantizar las acreencias tenidas por los bancos privados comprándoles los títulos de los Estados… a los que, en principio tiene prohibido prestar directamente.
Para tratar de disminuir los riesgos, los bancos franceses disminuyeron en 2010 su exposición en Grecia, que se redujo en un 44 %, pasando de 27.000 millones a 15.000 millones de dólares. Los bancos alemanes efectuaron un movimiento similar: su exposición directa bajó un 60 % entre mayo de 2010 y febrero de 2011, pasando de 16.000 millones a 10.000 millones de dólares. Fueron el FMI, el BCE y los gobiernos europeos los que reemplazaron progresivamente a los bancos y otras entidades financieras privadas. El BCE posee en forma directa 66.000 millones de euros de títulos griegos (o sea, el 20 % de la deuda pública griega) que adquirió en el mercado secundario a los bancos. Aunque, hasta mayo de 2011, el FMI y algunos gobiernos europeos ya habían prestado 33.000 millones de euros, sus préstamos continuaron aumentando. Sin embargo esto no se detiene allí, el BCE aceptó de los bancos griegos 120.000 millones de euros en títulos de la deuda griega como garantías (colaterales) de préstamos que había otorgado con un tipo de interés del 1,25 %. El mismo procedimiento se reprodujo con Irlanda y Portugal. Nos encontramos, por lo tanto, con todos los ingredientes de la gestión de la crisis de la deuda del Sur, mediante el Plan Brady.[2]
A comienzos de la crisis que estalló en 1982, el FMI y los gobiernos de las grandes potencias, Estados Unidos y Gran Bretaña a la cabeza, fueron al rescate de los bancos privados del Norte que se habían arriesgado enormemente prestando, en forma compulsiva, a los países del Sur, sobre todo en América Latina. Cuando países como México se encontraron al borde de la cesación de pagos como resultado del efecto combinado del aumento de los tipos de interés y del descenso en los ingresos por exportaciones, el FMI y los países miembros del Club de París les concedieron préstamos con la condición de que continuaran reembolsando sus deudas y que aplicaran planes de austeridad (los famosos planes de ajuste estructural).
Pero, como el endeudamiento del Sur aumentaba por el efecto de bola de nieve (como está pasando en este momento en Grecia, Irlanda, Portugal, y en otros países de la UE), pusieron en marcha el Plan Brady (llamado así por el secretario del Tesoro estadounidense de esa época) que implicó una reestructuración de la deuda de los principales países endeudados mediante un intercambio de títulos. El volumen de la deuda se redujo en un 30 % en ciertos casos y los nuevos títulos (los títulos Brady) garantizaron un tipo fijo de interés de cerca del 6 %, lo que fue muy favorable para los banqueros. Eso también aseguró la prosecución de las políticas de austeridad bajo el control del FMI y del Banco Mundial.
Sin embargo, a largo plazo, el monto total de la deuda aumentó y las sumas a reembolsar fueron enormes. Si se tiene en cuenta sólo el saldo neto entre las sumas prestadas y las reembolsadas desde la implantación del Plan Brady, los países en desarrollo transfirieron a los acreedores el equivalente a más de seis planes Marshall, es decir cerca de 600.000 millones de dólares. ¿No se tendría que evitar que suceda algo similar? ¿Por qué se debe aceptar que los derechos económicos y sociales de los pueblos sean una vez más sacrificados en el altar de los banqueros y de otros actores de los mercados financieros?
Según los bancos de inversiones Morgan Stanley y J.P. Morgan, en mayo de 2011, los mercados consideraban que había un 70 % de probabilidad de que Grecia entrara en cesación de pagos, contra un 50 % de dos meses antes. El 7 de julio de 2011, Moody’s colocó a Portugal en la categoría de deudas de alto riesgo. Unos días después, los especuladores atacaban a Italia. Por lo tanto, tenemos una razón suplementaria para pedir la anulación: es necesario auditar las deudas, con participación ciudadana, con el fin de anular la parte ilegítima. Si no se toma esta opción, las víctimas de la crisis sufrirán a perpetuidad una doble condena en beneficio de los culpables, los banqueros. Se ve perfectamente en Grecia: las curas de austeridad se suceden sin que mejore la situación de las cuentas públicas. Pasará lo mismo con Portugal, Irlanda, España,… Una gran parte de la deuda es ilegítima puesto que proviene de una política que ha favorecido a una ínfima minoría de la población en detrimento de una aplastante mayoría de ciudadanos y ciudadanas.
En los países que firmaron acuerdos con la Troica, las nuevas deudas no son sólo ilegítimas sino también odiosas, y esto se debe a tres razones:
1) Los préstamos están plagados de condiciones que violan los derechos económicos y sociales de una gran parte de la población.
2) Los prestamistas hacen chantaje a esos países (no hay una verdadera autonomía de voluntad del que necesita el préstamo).
3) Los prestamistas se enriquecen en forma abusiva imponiendo tipos de interés prohibitivos (por ejemplo, Francia y Alemania toman préstamos al 2 % en los mercados financieros y prestan a más del 5 % a Grecia y a Irlanda; los bancos privados obtienen préstamos al 1,25 % del BCE, y prestan a Grecia, Irlanda, Portugal a más del 4 % a 3 meses). Estos países o los de Europa del Este (y fuera de la UE, países como Islandia), es decir aquellos que son sometidos al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros organismos, como la Comisión Europea, conviene que recurran a una moratoria unilateral del reembolso de la deuda pública. Es un medio inevitable para conseguir crear una relación de fuerza favorable. Esta propuesta es cada vez más popular en los países más afectados por la crisis.
También, se debería efectuar, bajo control ciudadano, una auditoría de la deuda pública. El objetivo de la auditoría es conseguir una anulación /repudio de la parte ilegítima u odiosa de la deuda pública y reducir fuertemente lo que reste de deuda.
La reducción radical de la deuda pública es una condición necesaria pero no suficiente para que los países de la UE salgan de la crisis. Es necesario completarla con toda una serie de medidas de gran amplitud en los diferentes ámbitos (fiscalidad, transferencia de las finanzas al dominio público, resocialización de otros sectores claves de la economía, reducción del tiempo de trabajo con el mantenimiento de los salarios y contratación compensatoria, etc.).[3]
La flagrante injusticia que domina las políticas regresivas actualmente implantadas en Europa alimenta la poderosa movilización de indignados en España, en Grecia o en otros lados. Gracias a estos movimientos, que se inspiraron en los levantamientos populares de África del Norte y del Próximo Oriente, estamos viviendo una aceleración de la historia. La cuestión de la deuda pública debe ser afrontada de manera radical.
NOTAS
[1] A fines de 2009, los banqueros alemanes y franceses poseían el 48 % de los títulos de la deuda externa española (los bancos franceses el 24 %), 48 % de títulos de la deuda portuguesa (los bancos franceses el 30 %) y el 41 % de los títulos de la deuda griega (los franceses a la cabeza con el 26 %).
[2] Eric Toussaint, Banco Mundial. El golpe de Estado permanente, El Viejo Topo, Mataró, 2007, capítulo 15.
(*) Damien Millet es portavoz del CADTM Francia (www.cadtm.org), y Eric Toussaint es presidente del CADTM Bélgica. Conjuntamente dirigieron la obra La deuda o la vida que será próximamente publicado por Icaria Editorial, Barcelona, en octubre de 2011.
[Fuente: América Latina en movimiento. Traducido por Griselda Pinero]
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