Raúl Castro ante la Asamblea Nacional del Poder Popular: «Limpiémonos la cabeza de tonterías de todo tipo»

Discurso pronunciado por el camarada General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, el 1º de agosto de 2011, “Año 53 de la Revolución”:

Compañeras y compañeros:

Considerando que en los últimos días hemos desarrollado varias reuniones, entre ellas un Consejo de Ministros muy ampliado, el acto central por el 58 aniversario del 26 de Julio, el segundo Pleno del Comité Central del Partido el pasado sábado, igualmente con muchos invitados, mi intervención ante esta Asamblea será breve, pues no voy a repetir lo planteado en estas actividades.

Además, los diputados en sus respectivas comisiones y en plenaria han analizado la información detallada acerca de la marcha de la economía en el primer semestre y los estimados para el resto del año, así como aprobaron la liquidación del presupuesto del 2010.

También han sido informados sobre la constitución y funcionamiento de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo, creada a partir de los acuerdos del Sexto Congreso del Partido para conducir el proceso de actualización del modelo económico cubano de forma armónica e integral.

Al propio tiempo el Parlamento acordó en el día de hoy respaldar y aprobar en su espíritu y letra los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, lo que se traducirá en una labor legislativa acrecentada para conformar las bases legales e institucionales a favor de las modificaciones funcionales, estructurales y económicas del país.

Con ese mismo propósito la Asamblea Nacional autorizó la realización del experimento en las provincias Artemisa y Mayabeque en interés de la separación de las funciones de las asambleas del Poder Popular y de los consejos de la administración, con el objetivo de estudiar esta experiencia para su ulterior generalización, lo cual requerirá previamente introducir las modificaciones pertinentes en la Constitución de la República.

Ello me libera de entrar en detalles y me permite concentrarme en los aspectos más sustantivos.

En el primer semestre la economía creció en 1.9 por ciento respecto a igual período del año anterior y se estima culminar el año con un crecimiento del 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto, el llamado P.I.B.

Si bien los resultados en general son positivos,  persisten incumplimientos en la Agricultura, las industrias Alimentaria, Sideromecánica, Ligera y de Materiales de la Construcción a causa de errores en la planificación y falta de integralidad en la dirección de estas ramas de la economía.

A pesar de las insuficiencias todavía existentes, puede afirmarse que mejoró la eficiencia energética de la economía nacional, creció la producción de petróleo crudo y aunque disminuyó de forma leve la de gas acompañante, se estima cumplir el plan del año.

Por otra parte, se detuvo el deterioro de la producción de azúcar, se registró un crecimiento significativo en el arribo de turistas, así como se obtuvieron superiores resultados en diversos sectores y se ha logrado preservar un adecuado equilibrio monetario interno, al tiempo que se mantiene una correlación favorable de la productividad y el salario medio.

Las exportaciones se incrementaron y decrecieron las importaciones. Sin embargo perdura una tensa situación en las finanzas externas, aunque aliviada parcialmente por los procesos de reestructuración de deudas con nuestros principales acreedores, lo que ha contribuido a continuar reduciendo las retenciones de transferencias al exterior y nos sitúa en condiciones de ratificar que las mismas serán suprimidas definitivamente antes de concluir el presente año, como anunció el Ministro de Economía y Planificación.

Persistiremos en el camino de recuperar paulatinamente la credibilidad internacional de la economía cubana.

El Consejo de Ministros en su sesión del pasado mes de junio aprobó los lineamientos generales para la elaboración del plan del próximo año, el cual debe superar las incoherencias y la deficiente conciliación, todavía presentes.

En el 2012 la economía nacional continuará sometida a los efectos de la crisis económica global, la escalada de los precios de los alimentos anunciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como se mantendrán elevados los del combustible y otras materias primas, y proseguirán las restricciones para la obtención de nuevos financiamientos, además de las derivadas del bloqueo norteamericano.

Estas realidades nos obligan a acelerar el perfeccionamiento del trabajo de dirección de los organismos y el desempeño de las empresas y otras instituciones y redoblar la recalificación de los dirigentes en todos los niveles para hacer realidad el contenido de los Lineamientos aprobados por el Congreso del Partido, en particular en lo referido a elevar el papel de la contabilidad y el control interno  como instrumentos insustituibles de la gestión empresarial y también del contrato, factor decisivo en las interrelaciones de los diferentes actores de la vida económica de la nación.

Se hace imprescindible reinstaurar la disciplina financiera en la economía y acabar con la superficialidad y negligencia que caracterizan las relaciones de cobros y pagos en el país.

En cuanto a las inversiones, es cierto que se ha avanzado, pero nos queda mucho trecho por recorrer para desterrar la improvisación y las costosas irracionalidades.

Pasando a otro asunto. En cumplimiento de los acuerdos del Sexto Congreso fue creada la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo que  conducirá el proceso de actualización del modelo económico, incluyendo el perfeccionamiento funcional y estructural del gobierno en todos los niveles, la que a la par de proponer la introducción, a corto plazo, de cambios puntuales en diversos ámbitos de la vida económica, elaborará la conceptualización teórica integral de la economía socialista cubana, tarea que, como se comprenderá, requerirá de más tiempo y mucho esfuerzo.

El Consejo de Ministros también aprobó la estructura funcional básica inicial y la composición de esta Comisión, definiendo sus principios de trabajo, entre los que cabe destacar que la misma no sustituye la responsabilidad institucional de los organismos y entidades, al tiempo que se mantiene el precepto de que todas las opiniones deben ser analizadas y cuando no se alcance el consenso, las discrepancias se elevarán a las instancias superiores facultadas para decidir.

Conociendo a los cubanos y por su importancia repito:  todas las opiniones deben ser analizadas y cuando no se alcance el consenso, las discrepancias se elevarán a las instancias superiores facultadas para decidir y además nadie está mandatado para impedirlo.

Al margen de las definiciones organizativas para el trabajo de la Comisión, se han venido adoptando por el Gobierno diferentes decisiones en consonancia con los Lineamientos, entre ellas, la flexibilización adicional del trabajo por cuenta propia y su régimen tributario, la aprobación de la política para simplificar los trámites de la transferencia de la propiedad de la vivienda y vehículos automotores entre los ciudadanos, la política bancaria y de créditos a las personas naturales, incluyendo los trabajadores por cuenta propia, la definición de las bases para la elaboración de la nueva Ley Tributaria, la reducción de los precios de venta de implementos e insumos a los productores agropecuarios y la comercialización de equipos diversos, cuya venta no estaba permitida, y productos en envases de gran formato en respuesta a la demanda de las formas no estatales de gestión.

Se continuará estudiando otro conjunto de medidas para su aplicación en los próximos meses, acerca de las cuales no me extenderé, considerando la información brindada en esta sesión de la Asamblea.

Ahora me referiré a un doloroso incidente causado por errores en la aplicación de la política de cuadros y en la relación hacia la religión que motivaron la sustitución injusta de una compañera del cargo que desempeñaba con buenos resultados. Al abordar esta cuestión públicamente persigo el objetivo de reparar esa injusticia y de paso presentarles un ejemplo elocuente del daño que ocasionan a las personas y a la propia Revolución conceptos obsoletos, por demás contrarios a la legalidad, todavía enraizados en la mentalidad de no pocos dirigentes en todos los niveles.

La citada compañera, de quien me reservo la identidad, el centro de trabajo e incluso la provincia, no en aras del secretismo inútil, sino del respeto a su privacidad, es de origen humilde, casada y madre de dos hijos, los dos y ella misma militantes del Partido, al igual que su esposo ya jubilado; con una destacada trayectoria laboral, y fue víctima de la mentalidad imperante, en distintos niveles del Partido y el Estado, por profesar creencias religiosas y acudir algunos domingos al culto en la iglesia de su localidad.

Se consideró deshonesto que ella, como militante del Partido y cuadro administrativo, no hubiese informado de su religiosidad, algo que por otra parte no estaba obligada a hacer y que constituye una flagrante violación de los derechos ciudadanos refrendados en la Constitución de la República, cuyo artículo 43 sobre este tema expresa:

“El Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana:

– Tienen acceso, según méritos y capacidades, a todos los cargos y empleos del Estado, de la Administración Pública y de la producción y prestación de servicios…” (fin de la cita).

Entonces se enmascaró la decisión de sacarla del cargo con la aplicación de la medida “liberación por renovación”, esgrimiendo el pretexto de que aunque tenía magníficos resultados no se vislumbraban posibilidades de promoción ulterior y por tanto debía ceder su puesto a otro compañero. Para complicar más la situación, dieron indicaciones de no tocar el tema religioso en su centro laboral ni en el núcleo del Partido al valorar su sustitución.

Todo esto sucedió en febrero del presente año, ella comenzó a trabajar en otra entidad, perdiendo el 40 por ciento de su ingreso salarial, siguió militando en el Partido y se resignó en silencio al dolor de la injusticia cometida, hasta que posterior a conocer el Informe Central al Sexto Congreso, un día después de comenzar este, decidió el 17 de abril remitir una queja al Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, tras lo cual se realizó un proceso investigativo que corroboró todos sus planteamientos.

Por supuesto que la compañera, si así lo desea, debe ser repuesta en su anterior cargo, como acordó proponer a la instancia del gobierno correspondiente el Segundo Pleno del Comité Central el pasado sábado 30 de julio, y al margen de su decisión, absolutamente personal, sirvan estas palabras como un acto de reivindicación moral.

Ahora bien, de qué nos sirve esta amarga experiencia y el daño ocasionado a una familia cubana por actitudes basadas en una mentalidad arcaica, alimentada por la simulación y el oportunismo. Más de una vez he expresado que nuestro peor enemigo no es el imperialismo ni mucho menos sus asalariados en suelo patrio, sino nuestros propios errores y que éstos, si son analizados con profundidad y honestidad, se transformarán en lecciones para no volver a incurrir en ellos. En consecuencia, hay que revisar toda esta visión estrecha y excluyente, de manera definitiva, y ajustarla a la realidad que emana de los acuerdos del Cuarto Congreso en 1991 que modificaron la interpretación de los estatutos que limitaba el ingreso a la organización de los revolucionarios creyentes y ahora los del Sexto Congreso del Partido.

Hace muchos años que nuestra Revolución superó el escenario de confrontación con algunas de las instituciones religiosas, etapa en la que por ambas partes se cometieron excesos de mayor o menor envergadura. No ignoramos tampoco las aspiraciones del enemigo de fomentar el enfrentamiento y el recelo entre los creyentes y el proceso revolucionario, cálculos que han resultado equivocados porque desde los primeros momentos la inmensa mayoría de los cubanos humildes con creencias religiosas apoyaron a la Revolución.

A quien albergue dudas sobre ello, le recomendamos dar una lectura al Plan Bush (hijo) para la transición en Cuba, el cual que sepamos no ha sido derogado, y el papel que se pretende adjudicar a todas las organizaciones religiosas en su estrategia subversiva contra nuestro país y que, a pesar del fracaso cosechado, sabemos que no han cejado en sus intentos.

Sobre el particular bastante se ha dicho por el propio Fidel desde hace decenas de años y más recientemente en el Informe Central al Congreso del Partido, en el que se hizo un llamamiento -cito-: “Continuar eliminando cualquier prejuicio que impida hermanar en la virtud y en la defensa de nuestra Revolución a todas y a todos los cubanos, creyentes o no…” (fin de la cita).

Por ello no considero necesario abundar al respecto y sólo destacar que actitudes como las aquí criticadas atentan contra nuestra principal arma para afianzar la independencia y la soberanía nacional, o sea, la Unidad de la Nación.

Ese hecho pone de manifiesto, una vez más, que el mayor obstáculo que enfrentamos en el cumplimiento de los acuerdos del Sexto Congreso es la barrera sicológica formada por la inercia, el inmovilismo, la simulación o doble moral, la indiferencia e insensibilidad y que estamos obligados a rebasar con constancia y firmeza, en primer lugar, los dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno en las diferentes instancias nacionales, provinciales y de los municipios.

Seremos pacientes y a la vez perseverantes ante las resistencias al cambio, sean estas concientes o inconscientes. Advierto que toda resistencia burocrática al estricto cumplimiento de los acuerdos del Congreso, respaldados masivamente por el pueblo, será inútil.

Nunca he sido partidario del apresuramiento ni de los cambios bruscos, prefiero mil veces razonar, convencer, educar y sumar que sancionar, pero ante las violaciones de la Constitución y de la legalidad establecida no queda otra alternativa que recurrir a la Fiscalía y los Tribunales, como ya empezamos a hacer, para exigir responsabilidad a los infractores, sean quienes sean, porque todos los cubanos, sin excepción, somos iguales ante la ley.

Sin cambiar la mentalidad no seremos capaces de acometer los cambios necesarios para garantizar la sostenibilidad, o lo que es lo mismo, la irrevocabilidad del carácter socialista y del sistema político y social consagrados en la Constitución de la República.

Limpiémonos la cabeza de tonterías de todo tipo, no olviden que ya concluyó la primera década del siglo XXI, y es hora.

En las palabras finales de antes de ayer a los miembros del Comité Central y demás invitados, al tocar este tema y plantearles la sugerencia de que estas palabras fueran dichas aquí, en la forma que se ha hecho, recordaba que esa compañera nació -según los datos- en el mes de enero de 1953.  Recordé seguidamente que ese fue el año del ataque al Moncada y les dije a los miembros del Comité Central:  “Yo no fui al Moncada para eso” (Aplausos).

De la misma forma, recordábamos que el 30 de julio, día de la reunión mencionada, se cumplían 54 años del asesinato de Frank País y de su fiel acompañante Raúl Pujol.  Yo conocí a Frank en México, lo volví a ver en la Sierra, no recuerdo haber conocido un alma tan pura como esa, tan valiente, tan revolucionaria, tan noble y modesta, y dirigiéndome a uno de los responsables de esa injusticia que cometieron, le dije:  Frank creía en Dios y practicaba su religión, que yo sepa nunca dejó de hacerlo ¿Qué hubieran hecho ustedes con Frank País?

A continuación trataré otro punto de nuestra actualidad. Como parte de las medidas que se valoran en la senda de reducir prohibiciones y regulaciones emitidas en otros momentos del proceso revolucionario en legítima defensa ante las agresiones a que hemos sido sometidos por más de 50 años y también modificar diferentes decisiones que jugaron su papel en determinadas circunstancias y después perduraron innecesariamente, aprovecho la oportunidad para informar a los diputados y a los ciudadanos que nos encontramos trabajando para instrumentar la actualización de la política migratoria vigente, en función de lo cual se ha venido avanzando en la reformulación y elaboración de un conjunto de normativas reguladoras en esta esfera, ajustándolas a las condiciones del presente y el futuro previsible.

Damos este paso como una contribución al incremento de los vínculos de la nación con la comunidad de emigrantes, cuya composición ha variado radicalmente con relación a las décadas iniciales de la Revolución, en que el gobierno de Estados Unidos amparó a los criminales de la dictadura batistiana, a terroristas y traidores de todo tipo y estimuló la fuga de profesionales para desangrar al país. Recordemos, por sólo mencionar un ejemplo, que de seis mil médicos con que contábamos al comienzo de la Revolución, en 1959, la mitad -3 000- partió al extranjero.

Hoy los emigrados cubanos en su aplastante mayoría lo son por razones económicas, si bien algunos pocos todavía alegan ser víctimas de persecución política para granjearse adeptos y ayuda de sus patrocinadores en el exterior o justificar el abandono de una misión o contrato. Lo cierto es que casi todos preservan su amor por la familia y la patria que los vio nacer y manifiestan de diferentes formas solidaridad hacia sus compatriotas.

Precisamente las aspiraciones de mejorar el nivel de vida constituyen la principal motivación para los movimientos migratorios, no solo en Cuba, sino a escala global, alentados además por el descarado robo de cerebros que practican los países poderosos en detrimento del desarrollo del Tercer Mundo.

En nuestro caso, no podemos olvidar que somos el único país del planeta a cuyos ciudadanos se les permite asentarse y trabajar en el territorio de Estados Unidos sin visa alguna, con independencia de la legalidad del modo empleado para lograrlo, en virtud de la criminal Ley de Ajuste Cubano de 1966, hace 45 años, y la política llamada de “pies secos y pies mojados” que favorece el tráfico de personas y ha provocado numerosas muertes de inocentes.

Este sensible asunto ha sido objeto de manipulación política y mediática durante largos años en el propósito de denigrar a la Revolución y enemistarla con los cubanos que viven en el extranjero.

Nadie en la gran prensa internacional habla de la citada Ley de Ajuste, es como si no existiera. Los emigrados cubanos son, a resultas de la mentira repetida miles de veces, denominados “exiliados políticos” que escapan del comunismo. Es decir, para ellos de Cuba los ciudadanos “se escapan”, mientras que del resto del mundo emigran.

¿Qué pasaría si en Estados Unidos o la Unión Europea se pusiera en vigor una ley de ajuste latinoamericano, asiático o africano? La respuesta es obvia. Ahí está el gigantesco muro construido en la frontera norte de México y las miles de muertes que, año tras año, se producen en desiertos y mares aledaños a los centros del poder mundial.

Como es lógico, la flexibilización de la política migratoria tendrá en cuenta el derecho del Estado revolucionario de defenderse de los planes injerencistas y subversivos del gobierno norteamericano y sus aliados y al propio tiempo, se incluirán contramedidas razonables para preservar el capital humano creado por la Revolución frente al robo de talentos que aplican los poderosos.

Hasta aquí el tema de la emigración.

Por otro lado, la ocasión es propicia para, en nombre de los diputados de la Asamblea Nacional y de todo el pueblo cubano, hacer llegar al Presidente de la Venezuela bolivariana compañero Hugo Chávez Frías nuestra felicitación por su reciente cumpleaños (Aplausos) y trasmitirle la admiración por su ejemplar espíritu de lucha frente a la adversidad, como hacen los verdaderos revolucionarios, y la absoluta confianza de que vencerá en esta nueva prueba que le ha impuesto la vida.

Finalmente, esta sesión de la Asamblea Nacional se inició con la adopción, por aclamación de los diputados, de un acuerdo demandando del gobierno de los Estados Unidos poner fin de inmediato al trato injusto e ilegal contra Gerardo Hernández Nordelo y llamando a incrementar la solidaridad de los parlamentarios y personas honestas de todo el planeta hasta conseguir la liberación de nuestros Cinco Héroes y su regreso incondicional a la Patria. Precisamente con este asunto deseo concluir mis palabras, trasmitiéndoles un fuerte abrazo y la indeclinable determinación de todo nuestro pueblo de jamás cejar en la lucha por la libertad de ustedes.

Eso es todo.

Muchas gracias (Aplausos).

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La crisis como coartada y la emboscada de Obama a los derechos sociales

Michael Hudson

Ya saben ustedes que el cara a cara a cuenta de la deuda está tan melodramáticamente escenificado como una exhibición de la Federación mundial de lucha libre cuando Obama blande la manifiestamente huera amenaza de que si el Congreso «no aborda los duros desafíos de los derechos sociales y la reforma fiscal«, no habrá dinero para pagar los cheques de la Seguridad Social del próximo mes. En su discurso sobre la deuda del pasado 25 de julio, Obama amenazó: «si suspendemos pagos, no tendremos suficiente dinero para pagar todas nuestras facturas, incluidos los cheques de la Seguridad Social, las ayudas a los veteranos y los contratos del Estado con miles de empresas privadas.«

Eso no es, ni por asomo, cierto. Pero se ha convertido en tema de amedrentamiento durante una semana, precisamente desde que el Presidente pronunció palabras casi idénticas en su entrevista con el conductor del programa Evening News de la CBS, Scott Pelley.

Huelga decir que el gobierno dispondrá de suficiente dinero para pagar los cheques mensuales de la Seguridad Social. La administración de la Seguridad Social tiene sus propios ahorros (en bonos del Tesoro). Ya sé que los juristas –como Obama y prácticamente todos los presidentes norteamericanos— raramente entienden los problemas de la teoría económica. Pero este es un asunto jurídico. Obama no puede ignorar que la Seguridad Social es solvente, con garantías líquidas para pagar durante muchas décadas. Sin embargo, Obama ha puesto a la Seguridad Social en un destacadísimo lugar de su lista de blancos.

La explicación más razonable de esta amenaza vacía es que Obama, generando pánico entre las personas mayores, busca generarles la esperanza de que, de uno u otro modo, el acuerdo presupuestario que trata de forjar para ganar su mano pueda salvarlas a ellas también. La verdad, ni que decir tiene, es que están siendo conducidas al matadero económico. (Y ni una palabra correctiva –para recordar al Presidente la realidad financiera— por parte del Secretario del Tesoro, Geithner –ese sectario de la rubineconomía [1]—, ni del neoliberal presidente de la Fed, Bernanke, ni de nadie de la administración demócrata de Wallstreet.)

Es un timo. Obama ha venido para enterrar la Seguridad Social, Medicare y Medicaid, no para salvarlas, sino para matarlas. Eso estuvo claro desde el comienzo mismo de su administración, cuando nombró su Comisión para la Reducción del Déficit, encabezada por el enemigo confeso de la Seguridad Social que es el Senador republicano Alan Simpson (Wyoming) y el jefe de personal de la rubineconomía bajo Clinton, Erskine Bowles. Los últimos nombramientos de Obama, republicanos y demócratas conservadores delegados por el Congreso para reformular el código fiscal de manera bipartidista –para evitar su rechazo—, no es sino un ardid para aprobar una «reforma» fiscal imposible de aprobar por unos representantes democráticamente elegidos.

El demonio anda siempre entre los detalles. Y los cabilderos de Wall Street siempre han sabido poner esos detalles en manos de sus congresistas favoritos y de sus senadores de cámara. Y en esta caso, cuentan además con el Presidente, que les pidió consejo a la hora de formar su gabinete sobre los mejores nombres para actuar de factótums del secuestro del gobierno por los intereses de Wall Street y crear un «socialismo para los ricos».

No existe tal cosa, huelga decirlo. Cuando los gobiernos son dirigidos por los ricos, eso se llama oligarquía. Los diálogos de Platón ilustran: en vez de ver a las sociedades como democracias u oligarquías, lo mejor era verlas en movimiento. Las democracias tendían a la polarización económica (singularmente, entre acreedores y deudores), degenerando en oligarquías. Éstas, a su vez, tendían a convertirse en aristocracias hereditarias. Con el tiempo, las familias de viso terminarían luchando entre sí, y un grupo –como el de Clístenes en la Atenas del 507 antes de nuestra Era— «reclutaría al pueblo para su partido» y crearía la democracia. Y así proseguiría el eterno triángulo.

Eso es lo que está pasando en nuestro días. En vez de disfrutar de lo que la Era Progresista anticipaba –una evolución hacia el socialismo, con un Estado capaz de suministrar las infraestructuras básicas y de satisfacer otras necesidades mediante subsidios—, a lo que estamos asistiendo en nuestro tiempo es a una recaída en un neofeudalismo. La diferencia, evidentemente, es que esta vez la sociedad no está controlada por militares terratenientes. Las finanzas cumplen hoy el papel que antaño cumplió la fuerza militar. En vez de estar atadas a la tierra como en el feudalismo, las familias de nuestros días pueden donde les da la gana, siempre que contraigan una deuda de por vida para pagar la hipoteca de cualquier vivienda que compren.

Nuestra sociedad no paga una renta de la tierra ni tributa a los conquistadores; nosotros pagamos a los banqueros. Así como el acceso a la tierra era la condición necesaria para que las familias pudieran comer bajo el feudalismo, ahora se necesita acceso al crédito, al agua, a la asistencia médica, a las pensiones o a la seguridad Social y otras necesidades básicas, y hay que pagar intereses, peajes y rentas monopólicas a una oligarquía neofeudal que se desplaza con desparpajo de los EEUU a Irlanda y Grecia.

El gobierno de los EEUU ha gastado 13 billones de dólares en rescates financieros desde la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008. Pero Obama alerta de que, de aquí a treinta años, la financiación de la Seguridad Social puede llegar a tener 1 billón de dólares de déficit. Hay que evitar que urja ahora a desmantelar los planes para esos pagos.

Diríase que los 13 billones usados es todo el dinero que realmente tiene el gobierno. Las empresas de Wall Street cogieron el dinero y echaron a correr. No hay bastante para pagar la Seguridad Social, Medicare y otros gastos sociales que los Demócratas conservadores y los Republicanos planean ahora cortar.

No inmediatamente. El plan consiste en «empapelar» la actual crisis delegando los planes a una segunda Comisión de Reducción del Déficit formada por miembros del Congreso.

Aquí tenemos, finalmente, el «Cambio en que poder creer». Después de todo, los cambios reales resultan siempre sorprendentes.

LA CRISIS FALSIFICADA

Normalmente, se necesita una crisis para crear un vacío en el que inyectar esos detalles tóxicos. A Wall Street no le gustan las crisis reales, claro está, salvo para lograr ganancias especulativas instantáneamente operadas por computadora en la cotidiana fibrilación de los actuales mercados zigzaguenates. Pero cuando se trata de dinero en serio, se prefiere la ilusión de una crisis melodramáticamente escenificada para proporcionar el máximo de emoción a la audiencia, un poco al estilo de un buen montador de películas al montar una secuencia. ¿Atropellará el veloz tren a la chica atrapada en los raíles? ¿Escapará a tiempo?

El tren es la deuda; la chica, supuestamente, la economía norteamericana. Pero resulta que, en realidad, es Wall Street disfrazado. Y la cosa es una comedia nada divina. Obama ofrece un plan que parece muy Republicano. Pero los Republicanos  dicen que nanay. Se genera la ilusión de una batalla real. Dicen que Obama es socialista.

Los Demócratas manifiestan su desconcierto ante la amenaza de tamaño obsequio. «¿Dónde está el Obama real?», se preguntan. Pero parece que el Obama real ha resultado ser un impostor Republicano de Wall Street disfrazado de Demócrata. Eso es lo que es el Comité de Dirección Demócrata: una panda de Demócratas de Wall Street.

Los Demócratas clintonianos constituyen el partido natural para deshacer lo construido por Roosevelt y los antiguos Demócratas. Un Senado genuinamente Demócrata jamás toleraría tamaños obsequios a Wall Street, ni tamaña traición a su electorado urbano, si lo propusiera un presidente Republicano. Obama les está vacilando.

Esto es lo que el próximo presidente Republicano podrá tranquilamente decir: «Ya sabéis que Obama apoyará cualquier cosa que queramos los Republicanos. Si no queréis una política Republicana, tenéis que votar por mí como presidente. Porque un Congreso dominado por los Demócratas se opondrá a una política Republicana, si la proponemos nosotros. Pero si la propone Obama, el Congreso estará desarmado y no se podrá resistir.»

Lo mismo ocurre en Gran Bretaña, en donde se llamó al Partido Laborista para culminar la obra que habían empezado los Conservadores, para lo que se necesitaba un Nuevo Laborismo capaz de torcer la oposición popular a la privatización de los ferrocarriles y al obsequio financiero que significó la Asociación Puúblico/Privado en la construcción de líneas subterráneas de metro. Y es la misma historia con Francia, en donde un gobierno socialista apoyó el programa de privatizaciones dictado por el Banco Central Europeo.

UN VISTAZO A LAS FALACIAS MÁS COMUNES

Dondequiera y cuandoquiera que se encuentre a autoridades públicas y a periodistas repitiendo de consuno como un mantra algo que es un craso error económico, uno puede estar totalmente seguro de que hay intereses creados de por medio. El sector financiero, singularmente, busca inducir a los votantes a la errónea creencia de que la economía entrará en crisis si Wall Street no tiene vía libre: normalmente, vía libre de impuestos y regulaciones.

La primera falacia de Obama consiste en equiparar el presupuesto público y el presupuesto familiar. Pero las familias no pueden firmar pagarés y exigir al resto del mundo que considere esos pagarés como moneda propia. Sólo los Estados pueden hacer eso. Es un privilegio que los bancos están ahora deseosos de conseguir: la capacidad de crear crédito de la nada en sus pantallas de computador y cargar los correspondientes intereses por lo que les resulta prácticamente gratis y lo que los Estados pueden, en efecto, crear gratuitamente de la nada.

«Bueno, cualquier familia sabe que se puede manejar una pequeña tarjeta de crédito. Pero si seguimos por el camino actual, nuestra deuda creciente nos costará puestos de trabajo y dañará gravemente a nuestra economía«. Sólo que las economías necesitan dinero público para crecer, y ese dinero sólo se consigue incurriendo en déficits presupuestarios federales. Esa ha sido la esencia del gasto público anticíclico keynesiano durante más de medio siglo. Hasta ahora, había sido política oficial del Partido Demócrata.

Es verdad que el Presidente Clinton consiguió un superávit presupuestario. La economía sobrevivió porque el sistema bancario comercial proporcionó (cobrando intereses) el crédito necesario para crecer. Para forzar de nuevo a la economía a apoyarse en Wall Street, y no en el Estado, el gobierno necesita dejar de incurrir en déficits presupuestarios. La economía se enfrenta entonces a un dilema: o bien se contrae virulentamente, o bien deriva prácticamente todo su excedente a los bancos en concepto de renta económica dimanante del privilegio de poder crear crédito.

Obama pretende también que las agencias de calificación crediticia sean capaces de actuar como mascotas de sus clientes, las grandes entidades financieras, haciendo que toda la economía en su conjunto pague tasas de interés aún más elevadas a sus entidades emisoras de tarjetas de crédito y a sus bancos. «Por vez primera en le historia«, teatralizó Obama, «la calificación de triple A de que goza nuestro país podría degradarse, dejando a los inversores de todo el mundo en la duda de si los EEUU siguen siendo una buena apuesta. Las tasas de interés se dispararían, lo que tendría consecuencias en las tarjetas de crédito, en las hipotecas y en los créditos para los automóviles, lo que se traduciría en un enorme incremento de la carga impositiva soportada por los norteamericanos«.

La realidad es la contraria: tener superávit fiscal es lo que incrementaría los tipos de interés, arrojando a la economía al cautiverio del sistema bancario. La administración Obama está ahora plenamente inmersa en la fase de retórica orwelliana.

Durante el discurso de Obama, no pude evitar la sensación de que ya había oído todo eso antes. Y entonces, me acordé. Fue en 2008, cuando el entonces Secretario del Tesoro Henry Paulson trataba de replicar al argumento de Sheila Bair de que todos los depositantes asegurados en la FDIC [Corporación Federal de Seguros de Depósitos, por sus siglas en inglés] podrían esquivar la crisis de septiembre, con sólo que los especuladores sin escrúpulos perdieran las ganancias que habían esperado sacar creando crédito de la nada. «Si se permitiera el colapso del sistema financiero«, advirtió Paulson en su discurso en la Biblioteca Ronald Reagan, «sería el pueblo norteamericano quien terminaría pagando el precio. Esto nunca ha tenido nada que ver con los bancos; siempre ha tenido que ver con la continuación de la prosperidad y las oportunidades para todos los norteamericanos«.

Huelga decir que todo ha tenido y sigue teniendo que ver con los bancos. Wall Street sabe que, para conseguir suficientes votos en el Congreso a fin de deshacer el New Deal, la Seguridad Social, Medicare y Medicaid, hay que contar con un presidente Demócrata en el ejercicio del cargo. Un Congreso Demócrata bloquearía cualquier iniciativa que pudiera tomar un presidente Republicano para proceder al tipo de recortes que Obama está patrocinando. Pero la oposición de los congresistas Demócratas queda paralizada cuando es el propio Presidente Obama –el presidente liberal-progresista por excelencia, el Tony Blair americano— quien oficia como maestro de ceremonias del recorte de derechos sociales y la yugulación del gasto público.

Así como la City londinense apoyó al Partido Laborista británico, a sabiendas de que el Partido Conservador no podría dar pasos tan radicales como la privatización de los ferrocarriles y del sistema de metro subterráneo de Londres; así como los socialdemócratas islandeses hundieron la economía en una servidumbre deudora respecto de Gran Bretaña y Holanda; así como el Partido Socialista griego encabeza ahora la lucha por las privatizaciones y los rescates bancarios; así, en EEUU, el Partido Demócrata entrega a sus bases electorales –trabajadores urbanos, señaladamente las minorías raciales y los pobres, los más perjudicados por el plan de austeridad del Presidente Obama— a Wall Street.

De modo, pues, que Obama está haciendo lo que todo demagogo: entregar a su electorado a quienes le financian las campañas electorales, es decir, a Wall Street. Yves Smith ha dicho acertadamente que Obama «revierte el momento chino de Nixon«.

Los Republicanos ayudan absteniéndose de presentar un candidato presidencial propio creíble. Lo que da a Obama un margen para moverse hacia la derecha del espectro político. Tan a la derecha, que son sus propios Demócratas quienes constituyen ahora la avanzadilla hostil a la Seguridad Social, no los Republicanos.

Todo lo cual resulta harto más hacedero bajo la oportuna presión propiciada por un clima de pánico. Ya les funcionó, después de todo, en septiembre de 2008 para el plan de rescates bancarios (TARP). El melodrama del rescate de Wall Street de entonces puede entenderse como un ensayo preparatorio del actual teatro con el tope de la deuda en el marco incomparable de la coartada de la crisis.

NOTA T.:

[1] Un neologismo corriente hoy en EEUU, derivado del todopoderoso Rubin, Secretario del Tesoro bajo la administración Clinton, antiguo alto ejecutivo del banco Goldman Sachs y hombre clave en el impulso de las contrarreformas neoliberales en los EEUU de los años 90.

(*) Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.

[Traducción para SinPermiso: Mínima Estrella]

La propiedad en la economía cubana

Armando Nova González

Para cualquier modo de producción económico el tema de la propiedad resulta de vital importancia, porque constituye base económica sobre la cual se erige la superestructura de la sociedad y determina las formas de distribución de los resultados y de los ingresos entre los productores y población en general.

En los últimos cincuenta años, la economía cubana alcanzó un alto grado de concentración de la propiedad bajo las formas de propiedad estatal, posiblemente el de mayor o entre los de mayor grado de estatización alcanzado, en comparación con los países socialistas europeos. A la vez, se estableció una identidad entre propiedad social y estatal, y se redujo a una mínima expresión otras formas de propiedad social, o se las identificó como de menor grado de socialización —como las cooperativas, por lo general, las existentes en el sector agropecuario.

La propiedad no es un concepto abstracto, etéreo; sino que tiene un referente real, material, tangible. Con bastante frecuencia es utilizada la expresión «la propiedad social es de todos». Esta encierra, por lo general, un grado de concentración e indefinición, que puede derivar en indiferencia, irracionalidad e irrespeto hacia el uso, utilización y conservación de los medios de producción, recursos naturales, y conducir a indisciplinas, que a la vez afecten el orden económico y social.

Bajo esa forma elevada de concentración de la propiedad, el Estado se abruma de tareas intrascendentes que no le corresponden, y distrae su atención de las actividades fundamentales, lo cual conduce a una confusión y mezcla entre las tareas propias, que le deben corresponder al Estado, y las que deben ser atribuidas a la gestión empresarial.

La elevada concentración de la propiedad en manos del Estado propicia la centralización excesiva, el desarrollo de la burocracia, limita la iniciativa individual y la capacidad de decisión de los productores.

Los propios fundadores del marxismo —Marx y Engels—, en modo alguno se pronunciaron en contra de las formas de propiedad individual, sino a favor de su restauración basada en la cooperación y en la propiedad colectiva de la tierra (1). Lo que hace deducible, «que la clásica e impersonal propiedad estatal, que en su época los fundadores observaron como un capitalista colectivo, no podía ser el peldaño de desarrollo que relevaría a la propiedad privada capitalista» (2).

Es menester señalar la reconocida necesidad de un periodo de tránsito (del modo de producción capitalista hacia el socialista), en correspondencia con la ley del cambio gradual de las diversas formaciones económico-sociales, donde pueden coexistir y de hecho coexisten diversas formas de propiedad.

Engels ya había alertado de forma anticipada y con claridad que: «La propiedad del Estado sobre las fuerzas productivas no es la solución del conflicto, pero alberga ya en su seno, el medio formal, el resorte, para llegar a la solución» (3), en busca de las formas productivas asociadas.

A finales de 1960, la economía cubana ya había registrado un rápido proceso de nacionalización de medios de producción y actividades que dieron lugar al surgimiento de un amplio sector estatal (4), como parte de una fuerte lucha de clases. Este proceso se aceleró por la oposición de la burguesía nacional y las sanciones económicas procedentes del gobierno de los Estados Unidos. Después de 1968 (5), a raíz de la llamada Ofensiva Revolucionaria, pasaron a manos del Estado todas las micro, pequeñas, medianas empresas y actividades de comercio y servicios privadas de todo tipo.

Esta alta concentración de la propiedad en el sector estatal sucedió también en otras economías que iniciaron el proceso socialista. Lo anterior trajo consigo dificultades en la plena realización de la propiedad, a lo cual se refiere Luis Marcelo: «que la más extendida forma de castigo a los burgueses insubordinados se haya convertido a la larga en un bumerang para los procesos revolucionarios radicales, por la inadecuada realización de la nueva propiedad que debía establecerse» (6).

Otro aspecto sobre el que abogaron y enfatizaron los fundadores del marxismo fue lo referido al arriendo de los medios de producción incluyendo la tierra, que implicaba «el mantenimiento de la relación de alquiler» (7), lo que ayuda a delimitar la propiedad jurídica como propiedad legal del Estado sobre los medios arrendados y la propiedad económica del productor, el derecho de propiedad que corresponde a este último, a decidir sobre el proceso productivo y destino de sus resultados. Este importante aspecto recién comienza a tomar cuerpo en la economía cubana y particularmente en el sector agropecuario, a partir de la emisión del Decreto Ley 259 (Distribución de tierras ociosas), y su Reglamento Decreto Ley 282 —aunque estos todavía requieren ser modificados y mejorados.

El tema de la propiedad también formó parte del amplio y profundo pensamiento martiano. En 1890, Martí recomendaba que «la industria, los bienes perennes y comunes de la naturaleza no estén concentrados en manos de monopolios privados para el beneficio de los monopolios, sino en manos de la nación para el beneficio nacional» (8), expresando un pensamiento más avanzado sobre la participación de la propiedad del Estado. A esto añadió: «Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios» (9), siempre preocupado por la libertad del individuo, y por supuesto del productor, en su relación con la comunidad.

Acerca del espacio o extensión de la propiedad del Estado, en cierta medida expone sus ideas en un articulo de 1884, sobre el texto de Hebert Spencer (10), «La futura esclavitud», donde comparte y discrepa puntos de vistas del filosofo inglés, sobre los efectos que tendría la extensión de la propiedad del Estado a todas las esferas de un país. Las preocupaciones del Apóstol se concentran, sobre todo, en el desinterés hacia el trabajo de aquellos que se acostumbren a recibirlo todo del Estado (lo que hoy llamamos paternalismo), que llevaría implícito una mayor carga sobre los hombros de los más productivos y, finalmente, crearía factores de desestímulo; el exceso de empleados públicos y funcionarios; como señalara el Apóstol: «¡Mal va un pueblo de gente oficinista!» (11). Como gran parte de las necesidades vendría a ser satisfecha por el Estado, expresa Martí: «adquirirían los funcionarios entonces la influencia enorme que naturalmente viene a los que distribuyen algún derecho o beneficio» (12). Y continuaba en su análisis: “De ser esclavo de los capitalistas, como se llama ahora, iría a ser esclavo de los funcionarios» (13).

Al final de ese texto, con su acostumbrada elocuencia, profundidad y sentido de justicia social, impugna la solución liberal de Spencer, de excluir la participación del Estado: «pero no señala con igual energía, al echar en cara a los páuperos su abandono e ignominia, a los modos naturales de equilibrar la riqueza pública dividida con tal inhumanidad en Inglaterra, que ha de mantener naturalmente en ira, desconsuelo y desesperación a seres humanos que se roen los puños de hambre en las mismas calles por donde pasean hoscos y erguidos otros seres humanos que con las rentas de un año de sus propiedades pueden cubrir a toda Inglaterra de guineas».

Finalmente, Martí termina su articulo expresando: «Nosotros diríamos a la política: ¡Yerra, pero consuela! Que el que consuela nunca yerra» (14).

En cierta forma, la preocupación del Apóstol pudiera sintetizarse en lo que puede implicar la absolutización de la propiedad estatal si esta llegara a consumarse y los derechos del individuo en relación con la comunidad, a la vez que las relaciones de propiedad se expresen sobre una base suficientemente social de equidad y dignidad para el hombre y mujer, por lo cual requiere ser regulada.

El tema de la propiedad en la economía cubana es un problema aún pendiente de solución. Se requiere encauzar las medidas o formas que posibiliten la plena realización de la propiedad, a través del ciclo producción-distribución-cambio y consumo. Los Lineamientos de la política económica y social, recientemente aprobados, consideran aspectos encaminados a la búsqueda de las soluciones que requiere tan importante problema para la economía cubana.

NOTAS EDITORIALES

(1) C. Marx C., El capital, t. I, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1983, p. 700.

(2) L. Marcelo, Repensando la economía socialista: El quinto tipo de propiedad, Editorial de Ciencias Sociales, 2010, p. 20.

(3) F. Engels, «Del socialismo utópico al socialismos científico», Obras escogidas, t. I, Editorial Progreso Moscú, 1973, p. 444.

(4) El 100% de la Banca, comercio exterior y comercio mayorista; 50% del comercio minorista, 92% del transporte, 80% de la construcción, 85% de la industria, 37% de la agricultura pasaron a manos del Estado

(5) La totalidad del comercio minorista, transporte, construcción, industria y el 70% de la tierra agrícola, formaron parte del sector estatal. A principios de los años 90, el Estado llegó a poseer 82% de la tierra del país.

(6) L. Marcelo, ob. cit., p. 34.

(7) F. Engels, «Contribución al problema de la vivienda», en C. Marx y F. Engels, Obras escogidas, t. 2, Editorial Progreso, Moscú, 1973, p. 391.

(8) J. Martí, Obras completas, t. 12, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, p. 377.

(9) R. Almanza, En torno al pensamiento económico de José Martí, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, p. 274.

(10) Spencer Hebert, filosofo inglés, autor de El hombre contra el Estado (cuatro ensayos). El segundo de ellos, «La futura esclavitud», fue analizado por Martí en 1884, en un articulo periodístico aparecido en La América, Nueva York, abril de 1884.

(11) J. Martí, Obras completas, t. XV, ob. cit., p. 391.

(12) Ídem.

(13) Ídem.

(14) Idem.

(*) Armando Nova González es profesor e investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana.

[Fuente: Revista Temas]

EEUU: un pueblo sofocado, una nacion al borde de la quiebra gobernada por una junta de millonarios

Deisy Francis Mexidor

Mientras millones de familias estadounidenses intentan salir a flote en medio de la actual crisis económica, la riqueza personal de los líderes del Congreso de ese país se expande año tras año. Así lo confirma el sitio digital Open Secrets, al publicar fotos, estadísticas y evaluaciones de los “más ricos del Congreso”, una selecta lista que encabeza el republicano Darell Issa, de California, cuyo patrimonio neto se estima en más de 251 millones de dólares.

Se incluyen, entre otros, los demócratas Jane Harman, también de California (244,7 millones); Herb Kohl, demócrata de Wisconsin, con unos 214,5 millones; Mark Warner, de Virginia (209,7 millones) y John Kerry, senador por Massachussetts (208,8 millones).

Es curioso el dato, porque cuando solo el uno por ciento de todos los residentes de aquella nación pertenece a la clase de los millonarios —según la propia página—, en el Congreso, entre 40 y 50 por ciento de los legisladores cuenta varios “ceros” a la derecha en sus activos.

Una investigación basada en los datos de información financiera federal confirmó, por su parte, que 261 de los que ocupan puestos en el Capitolio (435 en la Cámara de Representantes y 100 en el Senado) son acaudalados.

De acuerdo con el análisis uno de cada cinco de ellos posee bienes de al menos 10 millones de dólares, en tanto la fortuna de ocho asciende a 100 millones de dólares o más.

Por ejemplo, entre 2008 y 2009 —en medio de la recesión—, la riqueza colectiva de los miembros del Legislativo se incrementó en más de 16 por ciento, reveló un estudio publicado por el Centro para una Política Responsable.

Esa riqueza en expansión de los líderes y miembros del Congreso en sentido general, se traduce en que un número significativo tiene intereses en las principales compañías de los sectores de salud y servicios financieros.

Sus acciones se colocan, fundamentalmente, en Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan Chase y Citigroup, Pfizer, Johnson & Johnson y Merck. Los mismos que han recibido dinero del rescate federal tras explotar la burbuja inmobiliaria y desatarse la crisis.

Los ingresos de los miembros del Congreso subieron 19 por ciento durante el año pasado (908 mil 255 dólares), mientras el promedio nacional anual descendió 15 por ciento.

Es un mundo financiero muy distante al de sus electores, opinó entonces Sheila Krumholz, directora ejecutiva del Centro para Políticas Responsables.

La raíz del asunto está en que, en las sociedades capitalistas, todo se mueve y desarrolla para beneficio de los poseedores del capital, según afirma en entrevista con Prensa Latina Manuel E. Yepe, analista de temas internacionales.

“Quien tenga más, puede más —subraya—. La vida es una competencia que se decide por la riqueza personal que cada quien acumule. Todas las leyes, reglamentos y hasta las costumbres van dirigidas a premiar a los más ricos. Los hijos se preparan, desde que nacen, para ser competitivos”.

El sistema electoral estadounidense es particularmente exigente en cuanto a la necesidad de disponer de mucho dinero para participar en las competencias, argumenta.

“Es una apuesta —dice—: Quien reúna más dinero para la campaña, uniendo al capital propio lo que le prestan otros a cambio de beneficios posteriores derivados del ejercicio del cargo a que se aspira, será el candidato electo”.

A escala del Congreso, el apoyo que tienen los candidatos proviene de las grandes corporaciones representadas por los conocidos “lobbies” que participan en el festín electoral, los que respaldan a aquellos que “ofrezcan a sus mandantes suficientes garantías”.

Para Yepe “aunque entre ellos existan quienes actúen, hasta cierto punto, con arreglo a determinados intereses de sus electores, el ‘establishment’ está organizado de manera que el dinero mande, no solo en el mercado sino en las relaciones sociales todas”.

EL MUNDO DE LA BURBUJA

Cada 15 de mayo, el personal clave y los altos cargos en el Poder Ejecutivo presentan los formularios correspondientes al año natural anterior con los detalles de sus finanzas personales.

Por ley, deben declarar sus activos y pasivos, sus ingresos (sin incluir los salarios del gobierno), los regalos que recibieron, entre otras notificaciones y las evidencias muestran a un sector cada vez más alejado de quienes, supuestamente, representan.

No se relacionan sus sueldos, sin embargo la mensualidad anual oficial de los miembros de cada cámara es de 175 mil dólares, aunque también disfrutan de una serie de beneficios como el pago de gastos de viaje.

Los bienes medios de un representante del Congreso alcanzaron los 765 mil dólares en 2009 en comparación con los 645 mil 503 de 2008, mientras que los de un senador llegaron a casi 2,38 millones de dólares frente a los 2,27 millones del año anterior.

Suena hasta irónico en un país donde muchos han perdido sus empleos, sus ahorros se han desvanecido y los valores de sus viviendas se han desplomado.

Algunos analistas opinan que pocos legisladores federales asumen la existencia de males financieros como el desempleo, la pérdida del techo y el esfumamiento de los ahorros que padecen millones de norteamericanos.

Simplemente, porque ellos “están entre los más ricos de los ricos estadounidenses y manejan carteras financieras que son inalcanzables para la mayoría de sus representados”.

Los más recientes datos del Departamento de Trabajo sostienen que el índice nacional de desempleo está en 9,2 por ciento y aún no se han podido recuperar los 8,4 millones de puestos laborales perdidos durante la crisis.

El actual debate en el Legislativo no acaba de poner de acuerdo a demócratas y republicanos en torno a elevar el techo de la deuda pública de la nación.

Estados Unidos tiene un adeudo con sus acreedores externos que subió de 10,701 billones de dólares a finales de junio de 2010, a los 14,29 billones el 18 de abril de 2011.

En mayo el país sobrepasó el límite actual de endeudamiento autorizado pero ha seguido funcionando con ajustes y traspasos de pagos que son normales dentro del Departamento del Tesoro.

Sin embargo, más allá del 2 de agosto, como alertaron el presidente Barack Obama y varios portavoces de su administración y de su partido, el país encara una cesación de pagos que, en palabras del jefe de la Reserva Federal, Ben Bernanke, sería una “catástrofe”.

Las negociaciones con los republicanos —que son en la actualidad mayoría en la Cámara de Representantes—, se atascaron por la oposición tenaz a cualquier incremento del endeudamiento que no esté equiparado por cortes en los gastos del gobierno a programas sociales.

Esos recortes afectarían a los más necesitados y a sectores de menos ingresos; sin embargo, no permiten que se eleven los impuestos a los más ricos. Y adviértase quiénes son esos privilegiados.

[Fuente: Aporrea]