Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias

El blindaje de la democracia burguesa española

In Actualidad, Represión on 9 agosto, 2011 at 0:01

En enero de este año, la democracia burguesa española dió una nueva vuelta de tuerca para bloquear el sistema político. A la zorruda, incluyeron un párrafo en la nueva legislación electoral para boicotear el acceso al Congreso de los Diputados a los nuevos partidos y a los que no tienen representación parlamentaria violando el principio de la libre competencia electoral y pluralismo político, y consolidando el bipartidismo. A medida que se agudiza la crisis y arrecian las protestas, la dictadura capitalista no quiere la menor posibilidad de que se les cuele el comunismo en sus salones.

La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), aprobada con los votos de PSOE y PP, y con el respaldo de CiU, PNV y CC, incluye una modificación del artículo 169 que ha pasado prácticamente inadvertida. En su nuevo apartado 3, afirma: “Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1% de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección“. Y añade que “ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura“.

Eso significa que 88 de los 98 partidos o coaliciones que presentaron listas en las elecciones generales de 2008, y los nuevos partidos, no podrán concurrir a los comicios del próximo 20 de noviembre a menos que antes recojan las firmas del 0,1% de los electores de cada circunscripción, ya que ninguna de esas 88 formaciones obtuvo entonces representación parlamentaria. Los únicos partidos que no tendrán que superar ese escollo en la inminente cita con las urnas son los que lograron al menos un escaño en 2008 (PSOE, PP, CiU, PNV, ERC, IU, BNG, CC, UPyD y Nafarroa Bai).

En el caso de las agrupaciones de electores, se les exige el 1% del censo electoral.

Pero las trabas van mucho más allá. Las formaciones que estén dispuestas a recoger las firmas que impone la nueva legislación -y que dispongan de los medios económicos y materiales para hacer frente a esa campaña antes de la campaña- sólo tendrán 20 días para lograr su objetivo. Ese plazo empezará a contar el próximo 27 de septiembre, coincidiendo con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del decreto de convocatoria de las elecciones.

Peor aún: una vez recogidas las firmas en cada una de las circunscripciones en las que presenten candidaturas, los partidos deberán llevarlas a un notario para que éste avale su autenticidad. Finalmente, las firmas serán registradas en la Junta Electoral Central. Un partido que quiera presentar candidaturas en todo el territorio del Estado necesitará reunir más de 35.000 firmas e invertir unos 300.000 euros en la campaña de recogida, una cantidad prohibitiva para quienes no cuentan con la financiación de los bancos. Si se trata de una agrupación de electores, estas cifras hay que multiplicarlas por 10.

En Canarias, los partidos que quieran presentarse en las dos circunscripciones provinciales deben reunir 1.547 firmas (15.470 si se trata de una agrupación de electores), de las que 746 han de recogerse en las islas occidentales y 801 en las orientales.






Anuncios
A %d blogueros les gusta esto: