José Alejandro Rodríguez
Salvo alguna que otra salpicadura al paso, los poderosos medios internacionales de información han silenciado un reciente acuerdo del Parlamento cubano, que podría profundizar la democracia en la Isla. Obvio: no hay trigo que cotizar en el mercado global de la noticia. La iniciativa se registra dentro de la institucionalidad socialista y no en el guión de la “transición”, cuya puesta en escena es tan esperada y promovida por ciertos intereses hegemónicos en este mundo.
Se trata de dar luz verde a un experimento en las nuevas provincias de Mayabeque y Artemisa que, de fructificar, se generalizaría en todo el país solo mediante reforma constitucional: la separación de los cargos de presidentes de las asambleas locales del Poder Popular, y los de sus respectivos Consejos de la Administración territoriales, en personas distintas. Tanto en el municipio como en la provincia.
Puede parecer una minucia instrumental, pero trasunta mucho más. De hecho es una reconsideración crítica del artículo 117 que se incorporó a la Carta Magna del país a raíz de la Reforma Constitucional de 1992, el cual unificaba en una sola persona las funciones de presidente de las asambleas locales y las de sus respectivos órganos de administración pública.
El acuerdo es parte de la revisión que hace Cuba hoy de las insuficiencias en sus órganos de Gobierno y su sistema institucional, para sanearlos de muchos lastres, formalismos, unanimismos y rutinas que han menguado el funcionamiento del Poder Popular como guardián de los intereses del pueblo y la nación ante el funcionamiento de la administración estatal. Sí, porque no se puede gobernar a plenitud, siendo juez y parte a consecuencia de la dualidad mencionada.
Un ejemplo ilustrativo está en las asambleas municipales del Poder Popular, nucleadas por los delegados de cada circunscripción, hombres y mujeres de pueblo nominados por los vecinos y elegidos allí en el barrio por voto directo y secreto. No profesionalizados como en otras sociedades, no perciben ni un centavo por su representatividad, que es un voluntariado. Y sí ganan muchos problemas y dolores de cabeza, al tramitar los planteamientos ciudadanos frente a la indolencia y el silencio burocráticos muchas veces.
Allí en la Asamblea Municipal, el presidente de esta es a su vez presidente del Consejo de la Administración (algo así como el alcalde en otras sociedades). Hasta ahora ha sido la misma persona quien encabeza el ágora y debe pedir cuentas en nombre de la ciudadanía, que quien deba rendirlas por la gestión pública y administrativa del territorio. Conflicto de intereses.
Lamentablemente, ese ordenamiento ha afianzado el verticalismo y centralismo gubernamental en Cuba, que hoy, en medio de ingentes transformaciones económicas y sociales, debe ser desplazado hacia una democracia socialista mucho más participativa, descentralizada y horizontal.
En un documento público titulado “Sobre la experiencia a desarrollar en las provincias de Artemisa y Mayabeque” (cualquiera puede consultarlo en Internet), la Asamblea Nacional señala que este paso es fruto de un análisis concienzudo de una Comisión mixta integrada por ella, el Gobierno y el Partido. En el mismo, se reconoce que “se tomaron en cuenta, entre otros aspectos, las deficiencias e insuficiencias presentadas en la actividad de los órganos locales del Poder Popular, en especial en la gestión de los Consejos de la administración y entidades subordinadas, las insuficiencias presentes en la atención que se brinda a los planteamientos de los electores, así como la falta de vínculos de los dirigentes administrativos locales con la base”.
También apunta el documento que “se tuvo en cuenta los problemas en el funcionamiento de los órganos locales del Poder Popular, lo insuficiente de las relaciones de trabajo de las direcciones de las Asambleas Municipales con los delegados, la limitada exigencia a las direcciones administrativas, así como tareas que se encomiendan realizar a los delegados, que no les corresponden”.
Entre las barreras que limitan el ejercicio democrático, la comisión enumeró: “el comprometimiento de los presidentes y vicepresidentes con los resultados de la gestión económica y administrativa, producto de la dualidad de responsabilidades, provocando que, por lo general, estos no mantengan la debida exigencia hacia la administración, y hayan demostrado parcialidad y enfoques administrativos en su actuar”.
Y a la dualidad mencionada de hecho le aplica la extremaunción, al señalar que “dificulta a las asambleas locales ejercer plenamente sus funciones, ya que al Presidente lo absorben los problemas administrativos y de Gobierno del territorio, dada la complejidad de los mismos; y, consecuentemente, no puede dedicar la atención y tiempo exigidos a las asambleas, a las comisiones de trabajo de estas, a los delegados, y en especial a la población, lo que resulta cada día exigido con mayor insistencia”.
Al propio tiempo, Cuba pretende potenciar la municipalidad y salvarla también de los enfoques globales y centralizados esgrimidos durante años, estimulando experimentos sobre desarrollo local en varios territorios del país, los cuales, de generalizarse, serán el futuro de la horizontalidad tan necesaria para las comunidades humanas, diversas y encontradas, que conforman la nación.
Esas experiencias, que ya vienen dando frutos en sitios como Caibarién, Yaguajay, Martí y otros, van a potenciar la autosustentabilidad de los municipios, mediante la potenciación de las iniciativas locales integradas, que se convertirán en fuentes de ingresos desde la comarca y para ella. Ello posibilitará a los gobiernos locales un grado de autonomía financiera y de decisiones para atender los reclamos comunitarios más ingentes, y no esperar siempre por el Presupuesto Estatal con la boca abierta y la ansiedad de la impotencia.
Por supuesto, que ello generará una dinámica de gobernación diferente, ante electores mucho más informados y exigentes en cuanto a la utilización de los recursos locales.
Cuba cambia para mejor y más socialismo, y no solo en lo económico, aunque ciertos analistas con guión prestablecido no lo detecten. Y ni el mismísimo Parlamento, tan de pueblo y variado, pero tan marcado por unanimidades –por “esa perfecta armonía que pone viejos los corazones”– puede desconocer que el desafío mayor es, en torno a un proyecto unipartidista, acoger, fomentar y consensuar lo mejor y más auténtico de nuestra diversidad. A fin de cuentas, la fórmula para Vertientes no tiene que ser la misma que para Marianao; pero ambas deben salvarnos de la inercia.
[Fuente: Progreso Semanal]