Tras la oleada de recortes del gobierno del PSOE, el gobierno del PP ha decidido cargar con nuevos bríos contra los asalariados, a los que sube el IRPF, congela el salario mínimo y reduce prestaciones sociales. Y «es sólo el inicio del inicio«, ha advertido la ministra portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría. La segunda oleada se espera pasadas las elecciones autonómicas andaluzas en marzo.
El gobierno español ha dado este primer tijeretazo esgrimiendo el argumento de que el déficit público, que se esperaba fuera del 6% al cerrar el año, ascenderá al menos al 8%. Esto «obliga», según Saénz, a recortar 36.500 millones de euros en vez de los 16.500 millones que ya avanzó durante el debate de investidura.
Rebajar el déficit público es una estrategia central de la derecha europea para poder seguir subvencianando a los bancos («recapitalizarlos»), a la vez que se detren recursos que afectan a la calidad de vida de los asalariados, deteriorando los servicios públicos esenciales.
De esta manera se sube el impuesto sobre la renta (IRPF), pagado en su inmensa mayoría por los asalariados y, en mucha menor medida por los autónomos, con un incremento de entre un 0,75% y un 7%, en función de los tramos. Será un «recargo complementario de solidaridad», según ha definido eufemísticamente la ministra portavoz del Gobierno.
Por ejemplo, quien cobre entre 12.000 y 16.000 euros deberá pagar 53 euros más. Aquellos que ganen entre 16.000 y 22.000 euros se toparán con una subida del entorno de 80 euros. Sólo con las rentas del trabajo el Ejecutivo contempla recaudar 6.200 millones de euros. había prometido en su debate electoral con Rubalcaba que no subiría los impuestos.
Por supuesto, no se toca la fiscalidad de las (Sociedades de Inversión de Capital Variable), implantadas por el gobierno de Felipe González (PSOE), y que permite a los grandes capitalistas eludir el IRPF y tributar al 1%.
También subirá el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la conocida «contribución», medida que afectará a la mitad de las viviendas y con la que el gobierno espera recaudar 918 millones de euros.
Además se congela la aplicación de la Ley de Dependencia, suspendiendo la incorporación de nuevas categorías de beneficiarios de la Ley de Dependencia. Asimismo, el PP ha decidido limitar la ayuda al alquiler de 210 euros durante cuatro años para jóvenes de entre 22 y 30 años denominada Renta Básica de Emancipación, no permitiendo la incorporación de nuevos beneficiarios.
Como ya se había anunciado, se congela el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 641,4 euros al mes.
Además se amplia la jornada laboral de los trabajadores de todas las administraciones públicas a 37,5 horas. También se congela la plantilla de todas las administraciones: la tasa de reposición (la cobertura de vacantes) se sitúa para 2012 en el 0%, salvo para docentes, personal de hospitales y centros de salud del sistema nacional, fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado e inspectores tributarios y laborales, que, en todos estos casos, es del 10%.
Tal y como se había adelantado, para 2012 se mantiene la congelación salarial de los empleados públicos. Es la cuarta que se produce desde el comienzo de la democracia. Antes del Ejecutivo de Mariano Rajoy también optaron por la misma medida los gobiernos de Felipe González (en 1994), José María Aznar (1997) -con Rajoy como ministro de Administraciones Públicas- y José Luis Rodríguez Zapatero (2011).
La tercera congelación se produjo este año después de que en mayo de 2010 el gobierno de Zapatero rebajara un 5 % el salario de los empleados públicos, la primera reducción aprobada por un gobierno español para este colectivo.
Por otro lado, el gobierno del PP ha dado finalmente luz verde a la represiva ley Sinde del PSOE, tras anunciar que creará la Comisión de Propiedad Intelectual para proteger los derechos de los creadores frente al, en su opinión, «expolio» de las páginas de descarga en internet. Además que se suprimirá el canon digital, que se sustituirá por un «sistema de compensación de copia privada».
Entre el amplio abánico de recortes, está el del 20% de las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales, lo que supone casi 85 millones de euros: para patronales y sindicatos 55 millones de euros menos y para los partidos políticos 29,68 millones menos. En cambio, los más de 10.000 millones de euros que el Estado regala a la Iglesia Católica no sufrirán merma alguna.
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Independencia y Socialismo 