Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias

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Sobre el dilema que están planteando el gobierno de coalición y la plutocracia al pueblo: Nuevos sacrificios o quiebra y regreso al dracma

In Actualidad, Comunicado on 4 enero, 2012 at 10:53

Sección de Relaciones Internacionales del Comité Central del
Partido Comunista de Grecia (KKE)

Los partidos del gobierno de coalición y la plutocracia están tratando de convertir sus callejones sin salida en dilemas de chantajear al pueblo. Mientras el regreso del pueblo a la década de 1950 constituye una opción estratégica para ellos para que los trabajadores y los autónomos paguen no sólo por la crisis sino también por la rentabilidad futura de los monopolios, tienen el descaro de exigir que el pueblo acepte su condena a fin de cancelar la quiebra ya iniciada que es inevitable.

Le están pidiendo al pueblo a suicidarse y atraparse en el dilema “euro o dracma” aunque saben que el euro está siendo sacudido por la crisis y por las contradicciones que afligen la alianza depredadora de la UE, que la quiebra total de Grecia depende del pueblo. Además, de este modo están tratando de encubrir que la salida para el pueblo es la retirada de la UE con el poder popular que cancelará unilateralmente la deuda.

No hay tiempo que perder. Lo que se requiere es la emancipación de los trabajadores y de los autónomos de los partidos de la plutocracia y de la UE, la alianza con el KKE, para que se pueda formar inmediatamente la gran alianza popular con el objetivo de socializar los monopolios y retirarse de las organizaciones imperialistas. Este es el camino para la prosperidad del pueblo.


Atenas, 2 de enero de 2012

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Corea: La hora de ponderar variantes

In Actualidad on 4 enero, 2012 at 0:01

Shen Dingli

Kim Jong-il, máximo líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), murió en la mañana del 17 de diciembre, a la edad de 69 años, dejando a su país un legado de profundas implicaciones estratégicas.

Después de sufrir un derrame cerebral en 2008, según informaciones emitidas entonces, Kim intensificó la preparación de su tercer hijo, Kim Jong-un, como su sucesor designado, nombrándolo para los puestos de mayor nivel. Sin embargo, la inesperada muerte del padre han dejado poco tiempo para completar la preparación del vástago para su papel previsto como líder supremo de la RPDC.

Tras la muerte de Kim Jong-il, Kim Jong-un seguirá escalando posiciones en el partido de gobierno, en cuyas instancias supremas se espera que lo coloquen los altos dirigentes del Partido.

De hecho, la RPDC ya ha pedido a todos los miembros del Partido, el personal de servicio, y a la población en general, seguir fielmente la dirección del camarada Kim Jong-un. Y esto a pesar de que él podría optar por mantener un bajo perfil, mientras sigue el ejemplo de su padre y administra el Estado en el período de tres años de luto.

Teniendo en cuenta al arraigado sentido de la piedad filial y el autoritarismo político que predominan en la RPDC, la transición en el liderazgo debe ser estable y ordenada. Además, las personas capaces de influir en la situación política son todos beneficiarios del sistema actual. Por lo tanto, hay pocas probabilidades de que surja cualquier iniciativa política inesperada, o actividades que puedan poner en peligro el ascenso al poder de Kim Jong-un.

Sin embargo, la forma de equilibrar y cuidar de los intereses de todas las partes, a la vez que organiza la próxima generación de liderazgo, será una prueba de talento político para Kim Jong-un. Se cree que el heredero pasará esta prueba, ya que está bien versado en el arte de gobernar, como le legaron su padre y abuelo.

Lo más probable es que las posibles movidas militares de la República de Corea (RC) y de Estados Unidos se constituyan en las principales causas de polémica en la península Coreana. Tradicionalmente, la RPDC y la alianza Estados Unidos-República de Corea se han visto involucrados en un mismo juego de disuasión, demostrando poderío y voluntad para utilizarlo, y Pyongyang ha dejado en claro su capacidad de recorrer la cuerda floja entre la confrontación y las concesiones.

Pero en este momento, ambas partes deberían abstenerse de seguir con este juego. En preciso tener en cuenta los intereses generales de la región y mostrar el debido respeto a los difuntos, de acuerdo con la cultura tradicional imperante en el este de Asia.

Si EEUU y Corea del Sur pueden atenerse a la etiqueta que exige la muerte de Kim, estarán coadyuvando a fomentar un ambiente de respeto mutuo con el nuevo liderazgo de Pyongyang, sentando así una base favorable para llevar a cabo un diálogo significativo con el Gobierno de Kim Jong-un.

Mientras la RPDC mantiene luto por su líder supremo, China dará continuidad a la amistad que ha forjado con la RPDC en los últimos años, una amistad que constituye un valioso recurso estratégico para ambos países.

En estos tiempos de cambio, China y la RPDC concuerdan en algunos temas y mantienen desacuerdos en otros. Sin embargo, su vecindad determina que cuando los dos países se unen, es más fácil para ellos promover sus intereses comunes y mejorar la estabilidad en la península y en el noreste de Asia. Esto no cambiará con la muerte de Kim Jong-il.

Promover activamente el desarrollo y cooperación con la RPDC ayudará sin dudas a estabilizar la situación regional. La tarea más urgente y difícil que enfrenta la nueva dirección es equilibrar la seguridad y el desarrollo.

Con el nuevo liderazgo, Pyongyang debe recibir más oportunidades de ejercer la cooperación. Se necesita de un tratamiento más racional y de mayor cooperación de seguridad progresiva por parte del mundo exterior, en lugar de sanciones permanentes.

En cuanto a la cuestión del desarme nuclear, Occidente debe estar consciente de que no es realista exigir que Pyongyang abandone sus ambiciones nucleares antes de haber recibido garantías de seguridad genuinas y convincentes.

A fin de que Pyongyang participe en la comunidad internacional de una manera integral, ésta debe tratar de cooperar con Corea del Norte, por lo que se impone establecer la confianza mutua, de modo que se logre que el país congele y restrinja sus programas nucleares existentes.


(*) Shen Dingli es profesor y director del Centro de Estudios sobre EEUU de la Universidad de Fudan en Shanghai.


[Fuente: Diario del Pueblo]







La Tortura. El agujero negro de la permisividad.

In Actualidad, Represión on 4 enero, 2012 at 0:00

Javier Couso

Un asunto que me preocupa desde siempre es la violencia ilegítima de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, el empleo de violencia sin el amparo o justificación de una ley que la respalde. Podemos debatir sobre la cesión del uso de la fuerza que otorgan las sociedades a sus cuerpos armados, pero lo que queda fuera de toda discusión es que cualquier actuación violenta ejercida por un funcionario público (en algunos casos también privado por mor de la cesión de funciones públicas a causa de la privatización de la seguridad) realizada fuera de los parámetros que marcan las leyes, es un acto que debe ser perseguido y castigado.

La permisividad con estas actuaciones implica legitimar un concepto de sociedad donde la gestión de la violencia queda en manos de señores de la guerra, entidades mafiosas o pandillas de macarras. Es el triunfo (o la vuelta) de la ley del más fuerte.

El tema del que hablo no es baladí y por lo tanto no puedo emplear la misma neolengua que critico, y si hablo de violencia en abstracto, hurto la verdadera definición de esas acciones en una nebulosa eufemística. Lo claro es hablar de torturas, de tratos vejatorios, de palizas, de abuso de autoridad, de insultos, de retenciones y/o detenciones ilegales, de identificaciones por criterios étnicos y/o religiosos, en definitiva, de macarrismo de uniforme.

Esta violencia ejercida de manera excesiva e ilegal es más grave que cualquier otra, pues se escuda en una legitimidad otorgada por la sociedad que la blinda bajo el concepto de autoridad. No es solo una cuestión de superioridad moral, sino un andamiaje judicial e institucional que cuando se emplea criminalmente lleva a la impunidad, es decir, a lo peor: la perversión de que quien debe cuidar la ley se valga de ella para delinquir.

En este país es un debate hurtado y pervertido. Escondido siempre bajo el camuflaje de la lucha contra el terrorismo y la criminalización de opiniones diferentes por el uso de una especie de macartismo que obliga a elegir un bando y deja cualquier cuestión en manos del conmigo o contra mí. Además de que la propia lógica del conflicto ha conducido a la extensión del problema, con la asunción de leyes de excepción en el trato y custodia de detenidos, como la Ley Antiterrorista, que instalan lugares de espacio y tiempo, que quedan fuera de las garantías de defensa judicial. La unión de leyes excepcionales que favorecen el amparo de conductas delictivas, con una opinión pública proclive a comprender cualquier «exceso», han creado una estructura que favorece la impunidad moral y legal en la que se han instalado no pocos funcionarios policiales.

Dejo fuera de este texto, por razones de espacio, un análisis más profundo de la policía heredada del franquismo, que por obra y gracia de la llamada Transición dejó intactas estructuras, sin depurar mandos policiales o jueces implicados directamente en la represión franquista. Tengo claro que muchas de las anomalías que nos toca padecer en relación a la Justicia y su inacción ante determinados delitos cometidos desde el ejercicio del poder, tienen mucho que ver con la larga sombra del franquismo.

Mi preocupación no es un asunto que parta de mi condición de persona de izquierdas, ni siquiera es un asunto individual, pues, por mucho que se trate de esconder, es algo que ha llegado a interesar a diferentes organizaciones por la cantidad de denuncias interpuestas en los tribunales nacionales y/o internacionales.

La investigación del relator de las Naciones Unidas contra la tortura, Theo van Boven, que señalaba la existencia de torturas de manera no esporádica, el informe «Sal en la herida» de Amnistía Internacional sobre impunidad policial en casos de tortura y malos tratos, las dos condenas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra España por no investigar casos de tortura, o las alarmantes cifras de denuncias que recogen diversos observatorios sobre la tortura, son una pequeña muestra de que nos encontramos ante un problema grave que no se resuelve, al contrario, se esconde y en algunos casos se ampara.

En este momento de efervescencia debido a los recortes sociales y al despertar de la movilización que supuso el 15-M, hemos visto de nuevo sobre la mesa informativa los llamados excesos policiales. Todos recordamos, sin hacer un gran ejercicio de memoria, el brutal desalojo de la Plaza de Catalunya, la agresión y detención de periodistas como Gorka Ramos, Daniel Nuevo o Edu León, las bofetadas a la menor participante en una marcha laica, la negativa a identificarse o llevar visible la identificación de los funcionarios policiales, las denuncias de trato vejatorio y agresiones por los detenidos en la Puerta del Sol, etc… estos casos son una pequeña muestra de un comportamiento que lejos de ser anecdótico, es sistemático y que, en vez de ser perseguido con rigor por mandos y jueces, es dejado en el limbo de la impunidad a pesar de haber sido agresiones visibilizadas por el uso de las nuevas tecnologías digitales.

Otro motivo de preocupación añadido es la contaminación de muchos agentes antidisturbios, de las llamadas Unidades de Intervención Policial, con ideología racista, ultraderechista e incluso nazi, expresada por medio del uso de argot neonazi en los insultos a manifestantes: guarros, o el lucimiento de simbología del odio en cargadores de pistola o llaveros (Cruz de San Andrés, Águila de San Juan, Bandera Confederada,..) distintivos que tan bien identifica el Informe Raxen contra el Racismo y los Crímenes de Odio. Datos que hacen pensar no solo en la simpatía sino en la militancia de alguno de estos funcionarios en organizaciones del espectro de la ultraderecha política.

Es muy grave constatar que, siendo las últimas movilizaciones ciudadanas totalmente pacíficas, debido al carácter eminentemente no violento del 15-M, la respuesta por parte de una parte significativa de las fuerzas policiales es de un odio ideológico y una brutalidad fuera de lugar que evidencia un problema sistémico profundo entroncado directamente con la permisividad ante la denuncia de una práctica no «esporádica o incidental» [1] de la tortura y los malos tratos.

Ante un futuro negro para los derechos sociales y económicos, que de seguro llevará a protestas sociales importantes y a un crecimiento significativo de la xenofobia política, desde la calle y las instituciones es nuestro deber la denuncia activa y sistemática de esta especie de agujero negro que atenta contra la sociedad en su conjunto.

Un sistema donde se permite la tortura es un sistema enfermo de fascismo.



[Fuente: Hablando República]