Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias

Archive for the ‘Represión’ Category

La lógica del polizonte

In Actualidad, Represión on 23 febrero, 2012 at 0:01

Teodoro Santana

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A Antonio Moreno, jefe de la policía en Valencia, se le escapó que las muchachas y los muchachos que protestaban en la calle eran “el enemigo”. Los desgarros de vestiduras subsiguientes sobre que “la policía está para protegernos a todos”, que “los ciudadanos no somos el enemigo” y lo de la “policía democrática”, no dejan de tener menos contacto con la realidad que la verdad simple expresada por el jefe de la pasma.

¿Para qué si no existen los antidisturbios y la propia policía? No son otra cosa que la primera línea de defensa del Estado capitalista. Detrás de ellos, los jueces, dispuestos siempre a creer las versiones de los apalizadores y no la de las víctimas, por aquello de la mayor credibilidad de los esbirros del Estado. Y si no fuera suficiente, para eso está el ejército, con armas pesadas, tanques, aviones y lo que haga falta.

A medida que la desesperación por los recortes, la bajada de salarios, el paro y la miseria aumente, aumentará la represión contra las protestas populares y se enducerá la respuesta del Estado burgués. Algo tan elemental que han aprendido en sus carnes miles de jóvenes valencianos. Lástima que lo que hasta un polizonte tiene claro, no lo entienda la izquierda adocenada y biempensante, enredada en sus fantasías “constitucionales” y leguleyas sobre el Estado.

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España tras las rejas

In Actualidad, Represión on 2 febrero, 2012 at 0:00

Sergio A. Gómez Gallo

El número de personas encarceladas en España se ha disparado durante la última década hasta superar los 77 000, lo que ubica a la nación ibérica entre los países de la Unión Europea con mayor cantidad de presos respecto a su población. Según el último informe de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), la tasa de hacinamiento medio en las penitenciarías era de un 173 % en el 2010, lo cual quiere decir que, en la práctica, las cárceles funcionan casi al doble de su capacidad. A esto se suma la carencia de personal capacitado para la administración de centros penales, que se ha agravado producto de los recortes del empleo público por parte del Gobierno ante la crisis económica.

Los problemas en la gestión de las autoridades se revierten en una deficiente atención sanitaria de los reclusos y violaciones de sus derechos fundamentales. Así sucede con los presos que padecen enfermedades psiquiátricas, casi uno de cuatro de acuerdo con datos del ACAIP. El vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, Alfredo Calcedo Barba, aseguró en una entrevista al periódico El Mundo que las circunstancias en las que se encuentran los afectados por patologías mentales en las cárceles españolas son lamentables.

El país cuenta únicamente con dos hospitales psiquiátricos penitenciarios (en Alicante y Sevilla), que siguen “un modelo de hace 40 o 50 años y se encuentran absolutamente desbordados”, aseguró Calcedo.

Por su parte, el Centro de Documentación contra la Tortura (CDDT) reportó durante el 2011 el fallecimiento de más de 40 personas encarceladas. Uno de los casos más notorios fue el del marroquí Tohuami Hamdaoui, condenado a 14 años de prisión por un cargo de violación, quien murió luego de cinco meses en huelga de hambre para exigir la revisión de su sentencia.

Resulta alarmante que cerca del 80 % de los decesos reportados por la CDDT en estos centros, supuestamente inexpugnables, se deba a sobredosis. El sitio digital Arborea expone en un artículo: La indignante situación de las cárceles en España es tal que “el 60% de los presos son drogodependientes, y son los propios carceleros quienes introducen los estupefacientes allí. De hecho en la cárcel es mucho más fácil conseguirlos que fuera”.

Mucho más difícil resulta llevar constancia de las vejaciones diarias que sufren los ocupantes de las más de 80 cárceles del país. El boletín TOKATA, editado de forma colaborativa entre los propios reclusos, recoge la historia de Rafael Hidalgo, quien denunció ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Córdoba que sufre palizas dos o tres veces al día y que los funcionarios de la prisión lo despiertan cada hora.

La publicación menciona también el escándalo de la prisión Madrid I (Meco), donde están recluidas más de 650 mujeres. El Ministerio del Interior destituyó en el 2010 a toda la cúpula directiva, cuando se conoció que algunos carcelarios abusaron de su poder para mantener relaciones sexuales con las reclusas.

Asimismo, TOKATA hizo pública la historia de Carlos Emilio Prado Rodríguez, preso en el Centro Penitenciario Madrid IV, quien luego de someterse a una operación en el menisco de la rodilla izquierda, fue obligado a caminar con muletas y no recibió la rehabilitación correspondiente.

La crítica situación del sistema penitenciario de España es aún más difícil para los extranjeros, casi el 35 % del total de reclusos. Los datos oficiales del sindicato de prisiones evidencian que el “sueño español” de muchos latinoamericanos y africanos ha terminado en una celda. Seis de cada diez personas encarceladas entre el año 2000 y el 2010 fueron inmigrantes.

A ellos se suman otros miles de personas retenidas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), instalaciones reservadas para los inmigrantes indocumentados que funcionan en un limbo legal.

La muerte del joven de 21 años Idrissa Diallo, el pasado 6 de enero, en el CIE de Barcelona, destapó un escándalo nacional que llegó a las altas esferas políticas. Un informe del partido Izquierda Unida filtrado a la prensa reconoció que en algunos CIE se retienen hasta 280 personas en celdas para entre seis y ocho detenidos, las cuales carecen en muchos casos de aseos sanitarios, y allí pueden permanecer hasta un máximo de dos meses.

Quizás lo más grave de esta historia es cómo las cárceles se han convertido en un negocio lucrativo para algunas empresas. El Estado ha destinado cerca de 3 000 millones del dinero de los contribuyentes para el sistema penitenciario. Según explica César Manzano, de la asociación de apoyo a las personas presas Salhaketa, la mayor parte del dinero ha ido a parar a la edificación de megacárceles, es decir, a empresas privadas que lucran con su construcción.

Además, España podría incluirse pronto en la lista de países que cuentan con prisiones privadas, si prospera un acuerdo con la empresa Ferrovial. Los críticos de esta política consideran que el interés privado por sacar beneficios de las cárceles compromete su seguridad.

Resulta muy difícil creer que la “mano invisible del mercado” que ha llevado al país a una de las mayores crisis de su historia, será la solución de los problemas ocultos tras las rejas españolas.

Organizaciones civiles y de derechos humanos denuncian las deplorables condiciones del sistema penitenciario y exigen soluciones para esta otra España, que no es reflejada en los medios de comunicación.


[Fuente: Granma]







Solidaridad con los compañeros de AMEC ante la persecución en las aulas de la Universidad de La Laguna

In Actualidad, Comunicado, Educación, Represión on 26 enero, 2012 at 11:16

Comité Insular de Tenerife del
Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC)

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Alumnos del movimiento estudiantil sancionados por el rector a través de un reglamento franquista de los años 50,que busca acabar con los que defienden los derechos de los alumnos y la universidad pública.NO AL FASCISMO EN LAS AULAS.

El Comité Insular de Tenerife del PCPC condena rotundamente el acoso y persecución a la que se está viendo sometido la Asamblea por el Movimiento Estudiantil Canario (AMEC) por parte del rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Eduardo Doménech Martínez.

Declaramos que la apertura de más de 20 expedientes disciplinarios a los miembros de AMEC, aplicando un antiguo reglamento franquista, aún vigente en la actualidad, es un ataque frontal a las libertades sindicales de los estudiantes y a la reivindicación de sus derechos.

Denunciamos que este ataque persigue desarticular y acabar con el movimiento estudiantil combativo y reivindicativo de nuestra universidad, y nos muestra el carácter autoritario y fascista del actual rector de la ULL, que desató esta caza de brujas, tras la solicitud de la organización estudiantil para que los numerosos estudiantes pudiesen recibir las becas del actual curso, que aún no han sido entregadas.

Este hecho es de una gravedad intolerable y desproporcionada, pues podría conllevar la expulsión de la universidad y la imposibilidad de matricularse en ninguna otra universidad en todo el estado, negándole así a los estudiantes la posibilidad de acceder a unos estudios superiores, y además consiguiendo desarticular la organización estudiantil en la universidad.

Por ello desde el PCPC exigimos la dimisión del rector Dómenech, responsable directo de esta agresión fascista a los estudiantes, la retirada de los expedientes disciplinarios a los compañeros de AMEC, y la plena libertad a los estudiantes para ejercer sus derechos, entre ellos el de organizarse y participar en las instituciones representando al estudiantado, y la lucha por la universidad pública, gratuita y de calidad de todos.

Es imprescindible la unidad y la acción estudiantil en la solidaridad con los compañeros de AMEC. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos.

¡No a la persecución de las organizaciones estudiantiles!

¡Solidaridad con los compañeros encausados!

¡¡Estudiantes, profesores y trabajadores uníos!!

MAS INFORMACIÓN SOBRE EL CASO: http://libertadenlaull.wordpress.com/

BLOG SOLIDARIDAD: http://libertadenlaull.wordpress.com/








El FBI cierra Megaupload y se hace con los datos de 150 millones de usuarios

In Actualidad, Represión on 20 enero, 2012 at 10:15

Las autoridades de Estados Unidos se han hecho con el poder de los datos de más de 150.000.000 de usuarios de Megaupload al ejecutar una operación contra la web de  alojamiento de archivos que se ha saldado con el cierre de la página y órdenes de arresto contra siete personas que habían sido imputadas por actividades de piratería,  a las que podrían condenar incluso a  50 años de cárcel.

Un gran jurado de Virginia acusó el pasado 5 de enero de delitos relacionados con la propiedad intelectual y el blanqueo de capitales a siete responsables de la web, cargos por los que podrían ser condenados a décadas de cárcel. Sólo los cargos de conspiración para blanquear dinero y conspiración mafiosa contemplan penas de hasta 20 años de prisión.

De los imputados, cuatro han sido detenidos este jueves en la localidad neozelandesa de Auckland. Entre ellos figura el principal responsable de ‘Megaupload’, Kim Dotcom, de 37 años y conocido también como Kim Schmitz y Kim Tim Jim Vestor, así como los alemanes Finn Batato y Mathias Ortmann y el holandés Bram van der Kolk. Otras tres personas –el eslovaco Julius Bencko, el alemán Sven Echternach y en estonio Andrus Nomm– permanecen en paradero desconocido.

La web, que fue lanzada en 2004, tenía su sede social en Hong Kong y su tráfico diario se calcula en torno a los 50 millones de visitas, lo que la convertiría en el 13º sitio más visitado del mundo, con el 4% de todo el tráfico. Se desconoce si existirá un sistema de compensaciones para los damnificados por el cierre. En un limbo jurídico quedan también los contenidos legales que los usuarios compartían y que, por el momento, no pueden ser recuperados.

El cierre se produce, precisamente, solo un día después de que los pesos pesados de internet, como Google, Wikipedia o la propia Megaupload, protestasen públicamente contra SOPA (Stop Online Piracy Act).







Israel asesina a 19 niños palestinos e hiere a 403 durante el año 2011

In Actualidad, Represión on 15 enero, 2012 at 0:00

En el Documento elaborado por el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, se afirma que durante 2011 Israel asesinó a 19 niños palestinos e hirió a 403. El informe compara los datos de 2011 con los del año 2010, durante el cual 9 niños palestinos fueron asesinados y 308 fueron heridos por Israel.

Israel retiene en sus cárceles hasta la actualidad a 164 menores palestinos. En 20 casos ha sido probado el uso de métodos de tortura psico-física: los niños arrestados son maniatados, vendados sus ojos, obligados a desnudarse y son golpeados.

Israel, con los más pequeños, pone en práctica técnicas de reclutamiento de colaboradores. A menudo, les ofrecen a cambio pequeñas sumas de dinero.

La organización UNICEF afirma, en su documento, que 27 niños enfermos de la Franja de Gaza no han obtenido nunca el permiso de salida, para recibir tratamiento médico fuera de Gaza.

Señala que en los meses de septiembre y octubre, las autoridades israelíes demolieron 85 edificios de propietarios palestinos en Cisjordania. 31 eran viviendas con 132 residentes, 78 de los cuales son niños. Hoy se encuentran todos dispersos. Mil 334 palestinos, entre ellos 630 niños, han sido obligados a refugiarse en otros lugares como consecuencia de la demolición de sus hogares.

El informe de UNICEF, llama la atención sobre el riesgo de expulsión de los beduinos que viven alrededor de Al-Quds (Jerusalén), en las cercanías de Abu Dis.

También expresa la preocupación sobre las manifiestas intenciones israelíes dirigidas a expandir el asentamiento de Maaleh Adumim durante el mes próximo, enero 2012.

Otros datos demuestra la agresiva política israelí contra los civiles en los territorios palestinos ocupados:

En 2011 Fueron registraron 34 ataques de las fuerzas de ocupación y de los colonos israelíes contra estudiantes palestinos. 21 casos en Cisjordania y 13 en Gaza. 68.587 estudiantes han vivido una situación de este tipo.

Las autoridades israelíes han enviado ya órdenes de demolición de escuelas y edificios destinados a la instrucción en Cisjordania y Jerusalén Este y 220 estudiantes fueron directamente amenazados.

[Fuente: Frente Democrático para la Liberación de Palestina]

La Tortura. El agujero negro de la permisividad.

In Actualidad, Represión on 4 enero, 2012 at 0:00

Javier Couso

Un asunto que me preocupa desde siempre es la violencia ilegítima de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, el empleo de violencia sin el amparo o justificación de una ley que la respalde. Podemos debatir sobre la cesión del uso de la fuerza que otorgan las sociedades a sus cuerpos armados, pero lo que queda fuera de toda discusión es que cualquier actuación violenta ejercida por un funcionario público (en algunos casos también privado por mor de la cesión de funciones públicas a causa de la privatización de la seguridad) realizada fuera de los parámetros que marcan las leyes, es un acto que debe ser perseguido y castigado.

La permisividad con estas actuaciones implica legitimar un concepto de sociedad donde la gestión de la violencia queda en manos de señores de la guerra, entidades mafiosas o pandillas de macarras. Es el triunfo (o la vuelta) de la ley del más fuerte.

El tema del que hablo no es baladí y por lo tanto no puedo emplear la misma neolengua que critico, y si hablo de violencia en abstracto, hurto la verdadera definición de esas acciones en una nebulosa eufemística. Lo claro es hablar de torturas, de tratos vejatorios, de palizas, de abuso de autoridad, de insultos, de retenciones y/o detenciones ilegales, de identificaciones por criterios étnicos y/o religiosos, en definitiva, de macarrismo de uniforme.

Esta violencia ejercida de manera excesiva e ilegal es más grave que cualquier otra, pues se escuda en una legitimidad otorgada por la sociedad que la blinda bajo el concepto de autoridad. No es solo una cuestión de superioridad moral, sino un andamiaje judicial e institucional que cuando se emplea criminalmente lleva a la impunidad, es decir, a lo peor: la perversión de que quien debe cuidar la ley se valga de ella para delinquir.

En este país es un debate hurtado y pervertido. Escondido siempre bajo el camuflaje de la lucha contra el terrorismo y la criminalización de opiniones diferentes por el uso de una especie de macartismo que obliga a elegir un bando y deja cualquier cuestión en manos del conmigo o contra mí. Además de que la propia lógica del conflicto ha conducido a la extensión del problema, con la asunción de leyes de excepción en el trato y custodia de detenidos, como la Ley Antiterrorista, que instalan lugares de espacio y tiempo, que quedan fuera de las garantías de defensa judicial. La unión de leyes excepcionales que favorecen el amparo de conductas delictivas, con una opinión pública proclive a comprender cualquier «exceso», han creado una estructura que favorece la impunidad moral y legal en la que se han instalado no pocos funcionarios policiales.

Dejo fuera de este texto, por razones de espacio, un análisis más profundo de la policía heredada del franquismo, que por obra y gracia de la llamada Transición dejó intactas estructuras, sin depurar mandos policiales o jueces implicados directamente en la represión franquista. Tengo claro que muchas de las anomalías que nos toca padecer en relación a la Justicia y su inacción ante determinados delitos cometidos desde el ejercicio del poder, tienen mucho que ver con la larga sombra del franquismo.

Mi preocupación no es un asunto que parta de mi condición de persona de izquierdas, ni siquiera es un asunto individual, pues, por mucho que se trate de esconder, es algo que ha llegado a interesar a diferentes organizaciones por la cantidad de denuncias interpuestas en los tribunales nacionales y/o internacionales.

La investigación del relator de las Naciones Unidas contra la tortura, Theo van Boven, que señalaba la existencia de torturas de manera no esporádica, el informe «Sal en la herida» de Amnistía Internacional sobre impunidad policial en casos de tortura y malos tratos, las dos condenas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra España por no investigar casos de tortura, o las alarmantes cifras de denuncias que recogen diversos observatorios sobre la tortura, son una pequeña muestra de que nos encontramos ante un problema grave que no se resuelve, al contrario, se esconde y en algunos casos se ampara.

En este momento de efervescencia debido a los recortes sociales y al despertar de la movilización que supuso el 15-M, hemos visto de nuevo sobre la mesa informativa los llamados excesos policiales. Todos recordamos, sin hacer un gran ejercicio de memoria, el brutal desalojo de la Plaza de Catalunya, la agresión y detención de periodistas como Gorka Ramos, Daniel Nuevo o Edu León, las bofetadas a la menor participante en una marcha laica, la negativa a identificarse o llevar visible la identificación de los funcionarios policiales, las denuncias de trato vejatorio y agresiones por los detenidos en la Puerta del Sol, etc… estos casos son una pequeña muestra de un comportamiento que lejos de ser anecdótico, es sistemático y que, en vez de ser perseguido con rigor por mandos y jueces, es dejado en el limbo de la impunidad a pesar de haber sido agresiones visibilizadas por el uso de las nuevas tecnologías digitales.

Otro motivo de preocupación añadido es la contaminación de muchos agentes antidisturbios, de las llamadas Unidades de Intervención Policial, con ideología racista, ultraderechista e incluso nazi, expresada por medio del uso de argot neonazi en los insultos a manifestantes: guarros, o el lucimiento de simbología del odio en cargadores de pistola o llaveros (Cruz de San Andrés, Águila de San Juan, Bandera Confederada,..) distintivos que tan bien identifica el Informe Raxen contra el Racismo y los Crímenes de Odio. Datos que hacen pensar no solo en la simpatía sino en la militancia de alguno de estos funcionarios en organizaciones del espectro de la ultraderecha política.

Es muy grave constatar que, siendo las últimas movilizaciones ciudadanas totalmente pacíficas, debido al carácter eminentemente no violento del 15-M, la respuesta por parte de una parte significativa de las fuerzas policiales es de un odio ideológico y una brutalidad fuera de lugar que evidencia un problema sistémico profundo entroncado directamente con la permisividad ante la denuncia de una práctica no «esporádica o incidental» [1] de la tortura y los malos tratos.

Ante un futuro negro para los derechos sociales y económicos, que de seguro llevará a protestas sociales importantes y a un crecimiento significativo de la xenofobia política, desde la calle y las instituciones es nuestro deber la denuncia activa y sistemática de esta especie de agujero negro que atenta contra la sociedad en su conjunto.

Un sistema donde se permite la tortura es un sistema enfermo de fascismo.



[Fuente: Hablando República]